El Consell paraliza la pol¨ªtica de personal de la Miguel Hern¨¢ndez y revisa la provisi¨®n de puestos

El Consell paraliz¨® en diciembre de 1999 la pol¨ªtica de personal no docente empleada por el equipo de gobierno de la Universidad Miguel Hern¨¢ndez de Elche desde su creaci¨®n en 1997 y en este momento revisa con lupa el documento de provisi¨®n de 225 puestos de trabajo enviado en junio al Consell (con tres a?os de retraso) para su aprobaci¨®n. Las primera en tomar cartas en el asunto fue la ex directora de Universidades, Carmen Martorell, y el gabinete jur¨ªdico de la Generalitat, que pararalizaron tres concursos oposici¨®n a medida del gerente y de dos personas vinculadas a un vicerrector por "no adecuarse a la Ley de Funci¨®n P¨²blica" e instaron al rectorado a elaborar la relaci¨®n de puestos "de obligado cumplimiento".

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana public¨® el 23 de junio y el 5 de julio de 1999 la convocatoria de un concurso oposici¨®n para el puesto de t¨¦cnico superior de estudios y planificaci¨®n y para dos de t¨¦cnicos superiores de nivel A en la Universidad Miguel Hern¨¢ndez. La resoluci¨®n adoptada en mayo por la comisi¨®n gestora buscaba consolidar el puesto del gerente Rafael Gandia, un ex empleado de banca que lleg¨® a la gerencia sin ser funcionario de carrera recomendado por Uni¨®n Valenciana, en virtud de las cuotas de reparto del pacto que Zaplana asumi¨® con los regionalistas en la pasada legislatura al no tener mayor¨ªa absoluta. Tambi¨¦n persegu¨ªa blindar las otras dos plazas, una de ellas para la ex mujer del vicerrector de Investigaci¨®n, Jes¨²s Pastor. Previo a la publicaci¨®n del concurso, las tres personas "firmaron" su plaza, como consta en el registro general. El proceso, sin embargo, no se culmin¨® debido a la intervenci¨®n de la entonces directora general de Universidades, Carmen Martorell, que par¨® de golpe esta operaci¨®n argumentando que "no se adecua a lo dispuesto en el decreto del 24 de marzo de 1999 del Gobierno Valenciano". Es decir, porque chocaba frontalmente con el texto refundido de la Ley de Funci¨®n P¨²blica de la Generalitat y el reglamento de provisi¨®n de puestos de trabajo de la Administraci¨®n valenciana, como qued¨® recogido en dos escritos firmados por Martorell y dirigidos al presidente de la comisi¨®n gestora, Jes¨²s Rodr¨ªguez Mar¨ªn, en septiembre y octubre de ese mismo a?o. En esos escritos, la directora general adem¨¢s emplazaba a la comisi¨®n gestora a elaborar la Relaci¨®n de Puestos de Trabajo (RPT), argumentando que "s¨®lo la publicaci¨®n de dicha relaci¨®n ofrece la cobertura legal suficiente, tanto para la provisi¨®n de puestos de trabajo a trav¨¦s de convocatorias p¨²blicas como para la aprobaci¨®n de la correspondiente oferta de empleo p¨²blico".

La gestora encarg¨® entonces dos informes jur¨ªdicos (uno interno y otro externo) para justificar la legalidad del procedimiento, ampar¨¢ndose en que se trataba de una instituci¨®n de reciente creaci¨®n, lo cual no es ¨®bice para que no se cumpla la Ley de Funci¨®n P¨²blica, como ratific¨® Fernando Raya, jefe del Gabinete Jur¨ªdico de la Generalitat, en su informe del 22 de diciembre de 1999. El rectorado envi¨® el expediente completo para su revisi¨®n a la Direcci¨®n General el 14 de enero del 2000 para que ¨¦sta lo remitiera al Consejo Jur¨ªdico Consultivo, que deber¨¢ pronunciarse al respecto.

Con todo, la insistencia de Martorell en la confecci¨®n de la RPT -en los escritos remitidos a Rodr¨ªguez que paralizaron las citadas oposiciones- revela que la Administraci¨®n empieza a tener serias dudas acerca de la legalidad de las contrataciones de m¨¢s de un centenar de administrativos, t¨¦cnicos, asesores y jefes de servicio (el 90% son interinos o est¨¢n en comisi¨®n de servicios) hechas en los ¨²ltimos tres a?os por la gestora sin concurso p¨²blico o baremaci¨®n, y teme que se caigan jur¨ªdicamente en cualquier momento, seg¨²n revela el expediente al que ha tenido acceso EL PA?S.

El hecho de que el procedimiento de contrataciones no haya garantizado la igualdad y transparencia en el acceso a la funci¨®n p¨²blica y la discrecionalidad en la contrataci¨®n de 25 administrativos de nivel A (con un salario igual al de un catedr¨¢tico) ha generado un clima de tensi¨®n que tuvo su m¨¢xima expresi¨®n en mayo cuando un grupo de catedr¨¢ticos de reconocido prestigio transmiti¨® por escrito la gravedad del caso, en una universidad donde el 75% de las ¨¢reas de conocimiento carecen de catedr¨¢ticos.

El creciente clima de tensi¨®n en el seno de la Universidad y la presi¨®n del Consell forzaron a la gestora a elaborar en junio pasado la RPT y enviarla al actual director de Universidades, Salvador Forner. Sin embargo, el conocimiento de Forner de otro documento oficioso con los nombres asignados a cada puesto y la provisi¨®n de 15 funcionarios A y B (que figuran en dos plazas, en los denominados puestos colch¨®n, para garantizar su perpetuidad ante un eventual cambio de rectorado, lo que supone un sobrecoste de 100 millones) han hecho que el Consell estudie en este momento con lupa su aprobaci¨®n.