Limasa encarg¨® obras en M¨¢laga a una firma sin capacidad para hacerlas

La empresa mixta que tiene la concesi¨®n del servicio de limpieza viaria en M¨¢laga, Limasa, encomend¨® la instalaci¨®n de bocas de riego en los paseos mar¨ªtimos a una firma que no ten¨ªa capacidad financiera suficiente para realizarla, seg¨²n ha reconocido el representante legal de esta ¨²ltima en una declaraci¨®n judicial. El juzgado de instrucci¨®n n¨²mero 7 investiga posibles delitos de falsedad, malversaci¨®n, apropiaci¨®n indebida y estafa, de los que est¨¢ imputada, entre otros, la concejal del PP Ana Rico.

El Ayuntamiento pag¨® en diciembre de 1999 m¨¢s de 40 millones de pesetas a Limasa que certific¨® que las obras en cuesti¨®n estaban realizadas cuando no era as¨ª. La obra en el paseo mar¨ªtimo de Pedregalejo se hizo en julio y la de Huelin en septiembre. La obra fue encargada por Limasa a Comupi, sociedad cuyo representante legal, Juan Andr¨¦s Mu?oz Pino, ha confesado al juez que "no ten¨ªa fondos para realizar una obra tan grande". Por ello, emiti¨® una factura de 24 millones de pesetas antes de que empezaran los trabajos, de los que cobr¨® algo m¨¢s de siete millones en efectivo y el resto en dos letras de ocho millones cada una. En su declaraci¨®n ante el juez el pasado 16 de octubre, Mu?oz Pino asegur¨® que no ha cobrado m¨¢s que esos 24 millones de pesetas.

Tanto el gerente de Limasa, Javier Fuentes, como el jefe del servicio de limpieza del Ayuntamiento de M¨¢laga, Juli¨¢n Laguna, sostienen que el pago a Comupi se hizo en concepto de provisi¨®n de fondos. Sin embargo, el interventor municipal, Carlos Claros, ha negado que as¨ª sea pues la administraci¨®n "s¨®lo trabaja sobre certificaciones de obra o servicios o suministros prestados". El interventor ha dicho no entender por qu¨¦ Laguna firm¨® la certificaci¨®n en la que se informaba de que las obras estaban ejecutadas y que si no era as¨ª no se debi¨® pagar. De hecho, Claros pidi¨® en junio al jefe del servicio y al director del ¨¢rea de Medio Ambiente, Jorge L¨®pez Mart¨ªnez, que reintegraran el dinero cuando ambos le reconocieron que las obras no estaban realizadas y hab¨ªan comenzado entonces.

Aunque la certificaci¨®n tambi¨¦n est¨¢ firmada por la concejal Ana Rico, ¨¦sta ha asegurado que desconoc¨ªa en el momento de suscribirla que la obra no se hab¨ªa realizado a¨²n. Adem¨¢s de a la concejal popular, el juez mantiene imputados en la causa a Laguna, Fuentes, L¨®pez Mart¨ªnez y Mu?oz Pino.

El representante de Comupi ha admitido que trabaja habitualmente con Limasa desde 1991 y que en otros casos ya recibi¨® de ella entregas a cuenta de los encargos que le realizaba -un aparcamiento o los arquillos para lo contenedores de basura, entre otros-. En 1997 y 1998 Comupi compr¨® dos locales "expresamente" para alquilarlos a Limasa, que los usa como cuartelillos pese a que carecen de licencia de apertura municipal.