Sobre Endesa & Iberdrola GERM? BEL

La noticia econ¨®mica de los ¨²ltimos tiempos ha sido el anuncio de la fusi¨®n de Endesa e Iberdrola. El asunto continuar¨¢ suscitando inter¨¦s durante semanas, pues es innegable su importancia tanto para la configuraci¨®n empresarial del sector de la energ¨ªa como para la estructuraci¨®n del poder econ¨®mico en Espa?a. Esta operaci¨®n de concentraci¨®n empresarial ofrece un buen ejemplo de los nuevos problemas para la competencia. O quiz¨¢ sea m¨¢s apropiado decir viejos problemas con nuevos rasgos.En los ¨²ltimos a?os se ha instaurado un consenso respecto a la conveniencia de acentuar las reformas orientadas a introducir competencia en los mercados de bienes y servicios. Es una recomendaci¨®n razonable para la pol¨ªtica econ¨®mica, porque la competencia es, muchas veces, capaz de conseguir mejores calidades y precios para los consumidores, adem¨¢s de aumentar sus posibilidades de elecci¨®n. Y el aumento de las opciones de los ciudadanos es un objetivo deseable en una sociedad moderna.

Sin embargo, de ah¨ª no se deduce la necesidad de que desaparezca la intervenci¨®n del Estado sobre los mercados. Una parte consustancial de la liberalizaci¨®n es la acci¨®n p¨²blica orientada a garantizar el funcionamiento competitivo de nuevos mercados liberalizados, porque es la competencia, m¨¢s que el libre mercado, la que puede contribuir a que los beneficios de la liberalizaci¨®n lleguen a los ciudadanos, en lugar de quedar extraviados entre recodos de beneficios extraordinarios para empresas con gran poder de mercado.

En un entorno como el actual, en el que los cambios tecnol¨®gicos y legales han ampliado los espacios abiertos a la competencia, crece r¨¢pidamente el n¨²mero de fusiones entre empresas que pueden tener, eventualmente, efectos perjudiciales sobre la competencia. El acuerdo entre Endesa e Iberdrola es susceptible de situarse dentro de esta categor¨ªa. El motivo est¨¢ndar que se da para casi cualquier fusi¨®n es el de reducir costes a trav¨¦s de la concentraci¨®n. Pero estudios de reputadas empresas de consultor¨ªa financiera sobre resultados de fusiones y su valoraci¨®n por los mercados de capitales conducen al escepticismo sobre esta motivaci¨®n.

Me parece una hip¨®tesis veros¨ªmil que muchas de las fusiones y operaciones de concentraci¨®n empresarial son una respuesta defensiva a la amenaza de la apertura de los mercados; unirse con un competidor es una manera de eludir los riesgos y la disciplina que impone la competencia. En cualquier caso, es evidente que en muchos sectores, particularmente en los servicios de red, estamos llegando a una situaci¨®n en la que las relaciones entre unas pocas empresas de gran dimensi¨®n se parecen a una telara?a, con los riesgos derivados en t¨¦rminos de ausencia de competencia y concentraci¨®n de poder econ¨®mico.

En pa¨ªses con larga tradici¨®n de legislaci¨®n antimonopolio existen ¨®rganos p¨²blicos, independientes del gobierno, encargados de autorizar o rechazar fusiones como la planteada en Espa?a. Ahora mismo, Texaco y Chevron, dos compa?¨ªas petroleras de Estados Unidos, han aprobado su fusi¨®n, y la Comisi¨®n Federal de Comercio es el ¨®rgano encargado de aprobar -o no- esta operaci¨®n, atendiendo ¨²nicamente a los perjuicios que la misma pueda entra?ar para la competencia en el sector de la distribuci¨®n de productos petrol¨ªferos. Por supuesto, el Gobierno estadounidense debe quedar totalmente al margen de este proceso, y ser¨ªa impensablecualquier tipo de negociaci¨®n entre el secretario de Econom¨ªa y los presidentes de las compa?¨ªas candidatas a la fusi¨®n. En EE UU la distinci¨®n entre poder del Estado e intervenci¨®n del Gobierno, la distinci¨®n entre Estado y Gobierno, est¨¢ asentada desde hace mucho tiempo. En la Uni¨®n Europea, pa¨ªses como Reino Unido, Alemania e Italia han avanzado en esta misma direcci¨®n, atribuyendo a organismos estatales independientes del Gobierno la funci¨®n de autorizar las fusiones. En cambio, en Espa?a, el Ejecutivo retiene todav¨ªa para s¨ª tal potestad. Esto plantea el problema de que el Gobierno puede dar prioridad a objetivos diferentes de la protecci¨®n de la competencia, como por ejemplo facilitar la expansi¨®n internacional de grandes empresas espa?olas financiadas con las altas tarifas que pagan los consumidores y las peque?as y medianas empresas, que contin¨²an sin poder elegir libremente el suministrador el¨¦ctrico. Desde luego, es de desear que el Gobierno atienda b¨¢sicamente a la protecci¨®n y al fomento de la competencia para tomar su decisi¨®n sobre la fusi¨®n de Endesa e Iberdrola. Los consumidores y el tejido productivo se lo agradecer¨ªamos.

En cualquier caso, esta operaci¨®n es un ejemplo de la necesidad de la acci¨®n p¨²blica para garantizar la existencia de condiciones de competencia en algunos sectores. Considerar que una vertiente importante de la intervenci¨®n del Estado es la pol¨ªtica de liberalizaci¨®n puede sorprender a quienes se han acostumbrado a tratar al Estado y al mercado como dos realidades intr¨ªnsecamente opuestas, a ver contradicciones permanentes entre lo p¨²blico y lo privado; es decir, tanto a los idealizadores del Estado como a los idealizadores del mercado. Sin embargo, en una aproximaci¨®n m¨¢s laica y menos dogm¨¢tica, la cuesti¨®n central es analizar cu¨¢l es el espacio adecuado para cada uno de ellos, y c¨®mo cada uno puede ayudar al otro a hacer lo que le es propio.

Germ¨¤ Bel es profesor de Pol¨ªtica Econ¨®mica de la UB y diputado del PSC en el Congreso.