Pactos y razones de Estado, ciudadan¨ªa e inmigraci¨®n

La gravedad y trascendencia de algunos de los problemas a los que hacemos frente requieren un esfuerzo com¨²n, lo m¨¢s amplio posible y m¨¢s all¨¢ de los intereses electoralistas ni aun siquiera partidistas, lo que llamamos pacto de Estado. Que la inmigraci¨®n y el terrorismo de ETA son dos ejemplos de esas cuestiones parece fuera de toda duda. Y, sin embargo, las apelaciones al pacto de Estado en uno y otro caso no son necesariamente la conclusi¨®n de un silogismo. Probablemente tampoco es tan evidente lo que entendemos por pacto de Estado. Temo que bajo esa solemne expresi¨®n, en uno y otro caso, puedan esconderse m¨¢s bien razones de Estado y ni siquiera "buenas" razones del Estado, sino, como ha recordado mi amigo y colega Eusebio Fem¨¢ndez citando a Graci¨¢n, "malas" razones de Estado, "razones de establo". As¨ª suceder¨ªa si el recurso al pacto de Estado propiciara un riesgo que me parece veros¨ªmil.En efecto, la llamada a cerrar filas puede servir para poner entre par¨¦ntesis el pluralismo, la libertad de disentir de la mayor¨ªa y con ello la democracia, como recordaba Juan Aranzadi en estas p¨¢ginas. Estas llamadas a rebato est¨¢n sobradamente justificadas cuando la libertad y el derecho a la vida se encuentren en peligro, pero el argumento es menos claro cuando la amenaza afecta aparentemente tambi¨¦n a cuestiones de principio, pero en las que habr¨ªa que ser muy cuidadoso, como sucede cuando se asegura que est¨¢ en juego la supervivencia de nuestro modo de vida (de nuestra sociedad). Sobre todo porque el riesgo de que, bajo la noble apelaci¨®n al consenso, a lo que nos une, haya m¨¢s bien razones de establo es evidente. Y son razones de establo utilizar la apelaci¨®n a la unidad (m¨¢s que a la uni¨®n) para ganar posiciones en el mercado electoral, o, a¨²n peor, para subvertir el juego pol¨ªtico "normal", si no se puede lograr por las v¨ªas ordinarias: para establecer lo que ahora se da en llamar, tambi¨¦n entre nosotros, la agenda pol¨ªtica, los objetivos y prioridades de la acci¨®n de gobierno.

Creo que algo de eso es lo que puede suceder en torno al pacto de Estado de inmigraci¨®n, tras el cual podr¨ªa haber "malas" razones de Estado: pretensiones electoralistas en torno a ese pastel del centro que, en cuestiones de inmigraci¨®n, al parecer, exige evitar la imagen "partidista" de la defensa "aprior¨ªstica", "ingenua". Quiz¨¢ lo m¨¢s preocupante sea la insistencia en que el objetivo es alcanzar a toda costa un "pacto de Estado", entre los distintos partidos pol¨ªticos, desde luego, m¨¢s que en la propia sociedad civil. Parece que lo decisivo es que firmen todos, olvidando que pr¨¢cticamente todos (por supuesto, PSOE y PP) firmaron la ley del 85, tan denostada hoy, y que, salvo en el tramo final, la Ley 4/2000 estaba casi acordada tambi¨¦n por todos. Es decir, que la prioridad en el debate parlamentario deber¨ªa consistir en obtener un acuerdo, m¨¢s que en el objetivo del acuerdo o en sus condiciones. Pues bien, creo que no, que son ese objetivo y esas condiciones las que revelan el sentido razonable de Estado, la "buena" raz¨®n de Estado.

La pregunta es, por tanto, cu¨¢les son los criterios que avalan que nos encontremos ante un aut¨¦ntico pacto de Estado. Ya hay quien ha publicado que en las actuales negociaciones en torno a la reforma de la LO 4/2000 -que, recordemos, no es la pol¨ªtica de inmigraci¨®n, sino s¨®lo uno de sus instrumentos- habr¨ªa que valorar la mayor visi¨®n de Estado del PSOE, traducida en su renuncia a la enmienda a la totalidad, o incluso del PP -nada menos que el Plan GRECO lo probar¨ªa (?!)-, en detrimento, como siempre, de la cuasi inexistente visi¨®n de Estado de los partidos nacionalistas (que son siempre s¨®lo los perif¨¦ricos en esa concepci¨®n). Creo que el debate parlamentario y las declaraciones de intenciones de los partidos pol¨ªticos hacen surgir no pocas dudas. Dudas acerca de las condiciones y el contenido del pacto. Pero tambi¨¦n acerca del m¨¦todo y de los sujetos del mismo. Son cuestiones que habr¨ªa que tratar con detenimiento y extensi¨®n, algo que soy incapaz de traducir en este espacio. Por ejemplo, la de los sujetos es una cuesti¨®n que, a mi juicio, remite m¨¢s a un pacto social que pol¨ªtico, pues los sujetos de un pacto semejante debieran ser los ciudadanos, los sindicatos, los empresarios, los medios de comunicaci¨®n, las asociaciones vecinales, las ONG, los miembros del sistema educativo, los padres tambi¨¦n, es decir, la sociedad civil. Pero, adem¨¢s, son sujetos de ese pacto, deben serlo, quienes son excluidos siempre como sujetos: los inmigrantes.

Pero, sin duda, lo determinante es el objeto del pacto. Y aqu¨ª es donde las dudas se ensanchan desmesuradamente: ?de qu¨¦ se trata, en efecto? Hay que alcanzar una definici¨®n y objetivos de la pol¨ªtica migratoria compartidos, claro est¨¢, pero ?en torno a qu¨¦? ?A la obtenci¨®n de la mayor capacidad de control posible sobre los flujos? ?Se trata, m¨¢s bien, de alcanzar un modelo de gesti¨®n acorde con los principios del Estado de derecho y de la democracia? La primera opci¨®n se resuelve en una discusi¨®n sobre medios eficaces en la que todo es negociable. La segunda -la ¨²nica aceptable a mi juicio- obliga a tener en cuenta las condiciones a priori de cualquier pacto, las condiciones que todo acuerdo debiera respetar como punto de partida y que asegurar¨ªan el objetivo primordial -aunque no ¨²nico- de una pol¨ªtica de inmigraci¨®n, la integraci¨®n. A mi juicio, frente a lo que suele decirse, esas condiciones prioritarias no son las econ¨®micas, ni las laborales, ni siquiera las culturales, sino las jur¨ªdicas y pol¨ªticas. Por decirlo de otro modo, las condiciones de un pacto de Estado, mejor, de un pacto social sobre la inmigraci¨®n, son el reconocimiento de la igualdad en los derechos y en la ciudadan¨ªa.

La primera, el reconocimiento y garant¨ªa efectiva de los derechos humanos de los inmigrantes, y no s¨®lo de los "buenos", los integrables, al decir de quienes recomiendan posturas "realistas" (desde el cardenal Biffi a Herrero de Mi?¨®n, pasando por el ministro del Interior), es decir, las que insisten en admitir s¨®lo a los que son ¨²tiles para nuestras necesidades -demogr¨¢ficas o de mercado- y al mismo tiempo, lo m¨¢s similares culturalmente a nosotros mismos. Dicho de otra manera, esos derechos no pueden ser el resultado, la meta a la que aspirar¨ªan los buenos inmigrantes, una vez demostrada fehacientemente su idoneidad..., una suerte de premio o concesi¨®n graciosa. Porque habr¨¢ que repetir, y ¨¦sta es una cuesti¨®n importante, que el reconocimiento de los derechos, contra lo que constituye el argumento repetidamente difundido por el Gobierno y sus voceros, no puede ser causa de desestabilizaci¨®n social. La mayor causa de desequilibrio es, por el contrario, la existencia de sectores cre-

cientes de poblaci¨®n que no gozan de los mismos derechos, que son infrasujetos. Esta condici¨®n exige no s¨®lo proclamar la igualdad en los derechos (algo que la reforma no hace), sino, sobre todo, garantizar la seguridad y certeza en el status jur¨ªdico de los inmigrantes, su estabilidad. Y, como ya se ha se?alado en estas mismas p¨¢ginas, la reforma legal en curso persigue una legalidad que desestabiliza, que permite crear ilegales, adem¨¢s, obviamente, de endurecer el acceso a la legalidad.

Pero la segunda condici¨®n es imprescindible, aunque pueda parecer ut¨®pica, seg¨²n el discurso habitual. Como viene sosteniendo el Forum de Inmigrantes de la UE, no puede haber integraci¨®n sin el reconocimiento del derecho a la ciudadan¨ªa para los inmigrantes. Un derecho que comience a ejercerse como ciudadan¨ªa de todos los vecinos, los habitantes de la ciudad, mediante el reconocimiento b¨¢sico del derecho al sufragio municipal de los residentes estables (a partir de los dos a?os de residencia) y que se extienda a la ciudadan¨ªa no s¨®lo estatal, sino europea, mediante la creaci¨®n de un estatuto europeo permanente del residente que, a partir de los cinco a?os de residencia, permita el ejercicio pleno de la ciudadan¨ªa. Viven, trabajan, pagan sus impuestos, sufren la ley y, sin embargo, no la pueden crear. Esa situaci¨®n impide una integraci¨®n en serio. Por eso, el acierto del lema de la manifestaci¨®n convocada por APDH y numerosas ONG el d¨ªa 9: no podemos alcanzar una convivencia libre de racismo, xenofobia, de violencia entre grupos, sin reconocer a los inmigrantes como ciudadanos iguales a nosotros, en derechos y en deberes. ?se no es un objetivo ut¨®pico ni un deseo humanitario. Si no queremos vaciar de contenido a la integraci¨®n, hay que reconocer la ciudadan¨ªa. Si no queremos perpetuar una ciudadan¨ªa y una democracia de exclusi¨®n, un privilegio, como denuncia Ferrajoli, no hay otro camino que transformarla. La necesidad de responder a las transformaciones que imponen los actuales flujos migratorios no ofrece una oportunidad para reconstruir la ciudadan¨ªa y la democracia misma, para aproximarnos a las exigencias de un pluralismo tomado en serio, de una democracia que intente reducir la exclusi¨®n. Est¨¢ en juego nada menos que nuestra opci¨®n por una democracia plural e inclusiva o el enrocamiento en una comunidad pol¨ªtica que, como la ateniense, se base cada vez m¨¢s en el privilegio y la exclusi¨®n y que de esa forma no hace otra cosa que sembrar las semillas de su propio fin. No es una cuesti¨®n de generosidad, de altruismo o solidaridad con los otros: es nuestro propio futuro.

Javier de Lucas es catedr¨¢tico de Filosof¨ªa del Derecho y Filosof¨ªa Pol¨ªtica.