El embrollo americano

El ajustado resultado de las elecciones presidenciales en Estados Unidos ha puesto al descubierto deficiencias y anacronismos de los que adolece el, por otra parte, acreditado sistema electoral norteamericano. No es la primera vez que salen a la superficie, pero la situaci¨®n electoral creada tras el 7 de noviembre los ha colocado bajo la mirada del mundo entero. Sea Bush o sea Al Gore el vencedor, gran parte de su futura tarea presidencial deber¨¢ dedicarla a impulsar la reforma de un sistema electoral que, aunque s¨®lo haya sido por una vez en sus m¨¢s de 200 a?os de existencia, se ha revelado incapaz de expresar con claridad la voluntad del pueblo norteamericano. La senadora electa por el Estado de Nueva York, Hillary Clinton, ya ha avanzado su predisposici¨®n a apoyar cualquier reforma constitucional que se proponga abolir ese ente intermedio llamado Colegio Electoral, concebido en sus or¨ªgenes para proteger al Estado de una mayor¨ªa tir¨¢nica, pero que ahora se ha convertido m¨¢s bien en instrumento de distorsi¨®n de la libre voluntad de sus ciudadanos.Pero lo urgente ahora es resolver el embrollo y acabar con la incertidumbre sobre el nombre del presidente electo de EE UU. Esta situaci¨®n, que en cualquier pa¨ªs democr¨¢tico ser¨ªa preocupante, tiene un extraordinario impacto mundial cuando se trata de la primera y ¨²nica superpotencia del planeta. Las primeras ondas de ese impacto ya han comenzado a percibirse en el mundo burs¨¢til y financiero. Tampoco a la democracia norteamericana le interesa prolongar una situaci¨®n que pone en cuesti¨®n la credibilidad de su sistema y que da p¨¢bulo a chistes tan chuscos como los de Cuba poniendo como ejemplo su sistema electoral de partido ¨²nico.

Nada tiene de extra?o que con un resultado tan igualado la batalla por los votos se mantenga hasta que termine el recuento de la ¨²ltima de las papeletas. Es dif¨ªcil de digerir para Al Gore la p¨¦rdida de los 25 votos electorales de Florida, y de paso, la presidencia de EE UU, por s¨®lo 327 papeletas, cuando en el ¨¢mbito federal supera a Bush en m¨¢s de 150.000 votos. Y es comprensible que su resistencia a admitir la victoria de Bush se acent¨²e ante los interrogantes que plantea la atribuci¨®n a este ¨²ltimo en el primer recuento oficial de unos 1.500 votos que en el segundo recuento se ha comprobado que no son suyos. Pero la batalla por el voto por parte de los dos candidatos y de sus correspondientes partidos deber¨ªa detenerse en el umbral de los tribunales. Los republicanos han dado un paso peligroso en esa direcci¨®n al reclamar a la justicia que proh¨ªba el recuento manual de las papeletas de voto emitidas en cuatro condados de Florida, como solicitan los dem¨®cratas.

?ste es un momento que exige a los dos grandes partidos pol¨ªticos de Estados Unidos estar a la altura de las ins¨®litas circunstancias que se viven. Dem¨®cratas y republicanos deben ser capaces de encontrar un punto de consenso que permita la proclamaci¨®n de un presidente libre de la menor sombra de ilegitimidad. Para ello es preciso que los dos partidos pongan de com¨²n acuerdo un l¨ªmite a los sucesivos recuentos de votos. El recuento manual en los cuatro condados de Florida en los que las sospechas de irregularidades han sido mayores parece un punto adecuado para establecer ese l¨ªmite. La sugerencia de algunos republicanos de proponer nuevos recuentos en otros Estados parece m¨¢s un acto de revanchismo que de justicia. Entre otras razones, porque en ning¨²n otro Estado la diferencia ha sido tan estrecha y tan decisiva como en Florida. Ambos candidatos deber¨ªan asumir p¨²blicamente el compromiso de que ese ¨²ltimo y definitivo recuento manual ser¨ªa inapelable.

Mientras ese recuento se lleva a cabo, los ciudadanos, como ha dicho el presidente Clinton, deben tener paciencia y confianza en el rigor democr¨¢tico de su sistema, y los candidatos deben contribuir al clima de serenidad que permita esperar un resultado definitivo en esas condiciones. Todo con el prop¨®sito de que el nombre del pr¨®ximo presidente de Estados Unidos salga, efectivamente, de las urnas, no de los tribunales. Que investiguen los tribunales, si procede y si hay, como es el caso, ciudadanos que consideran lesionado su derecho de voto, pero la presidencia de EE UU no puede depender, en ¨²ltima instancia, de una decisi¨®n judicial y de la mejor o peor estrategia de una cohorte de abogados.