La ley del silencio

El asesinato frustrado de Aurora Intxausti (redactora de EL PA?S en San Sebasti¨¢n), de su marido Juan Francisco Palomo (periodista de Antena 3 Televisi¨®n) y de su hijo de a?o y medio, salvados por azar el pasado viernes de una trampa mortal tendida por ETA en el descansillo de su piso, muestra la completa ausencia de frenos ¨¦ticos en la brutal ofensiva lanzada por la banda terrorista para silenciar las informaciones veraces y las opiniones libres dirigidas a dar cuenta de la situaci¨®n de opresi¨®n, intimidaci¨®n y chantaje en que malviven los ciudadanos vascos ajenos a la ideolog¨ªa nacionalista. La alternativa ofrecida a quienes tratan de hacer frente con la palabra al fanatismo terrorista es tan cruel como di¨¢fana: o se marchan de su pa¨ªs, o esperan a pie firme la ejecuci¨®n de una sentencia de muerte ya dictada. Tras el exilio forzoso de profesores como Jon Juaristi, Jos¨¦ Mar¨ªa Portillo o Mikel Azurmendi y del m¨²sico Inmanol, esa estrategia de la disuasi¨®n (l¨¢rgate o te liquidamos) ha tomado como blanco principal a los periodistas: si el espejo de la prensa refleja la realidad y desmiente a los embaucadores, la soluci¨®n ser¨¢ romperlo en mil a?icos matando antes a sus profesionales.Las intimidaciones de la mafia s¨®lo son efectivas si los amenazados escarmientan en cabeza ajena; en el caso de los periodistas vascos, los administradores de la ley del silencio no se limitan a apedrear los escaparates de sus oficinas (como los hitlerianos con las tiendas de los jud¨ªos en la noche de los cristales rotos) y a darles palizas (como suced¨ªa en los muelles neoyorquinos de la pel¨ªcula de Elia Kazan) sino que tambi¨¦n tratan de cobrarse con sus vidas. Un Estado democr¨¢tico de Derecho no puede aceptar, sin embargo, que los amenazados por ETA se vean obligados a elegir entre el exilio y el peligro de ser asesinados. El Gobierno de Aznar tiene que asumir, sin duda, sus responsabilidades al respecto; pero al Gobierno de Vitoria le corresponde un papel todav¨ªa mas decisivo en la tarea de proteger a los ciudadanos vascos (sean o no intelectuales y periodistas) y de investigar y perseguir las tramas civiles, pol¨ªticas y armadas de ETA con la polic¨ªa aut¨®noma.

Los dirigentes y portavoces del PNV -la formaci¨®n pol¨ªtica que gobierna desde hace veinte a?os el Pa¨ªs Vasco- suelen protestar indignadamente de los intentos de meter en el mismo saco criminal a los nacionalistas moderados, a los nacionalistas radicales de EH y a ETA. Con independencia de la raz¨®n que pudiera asistirle para rechazar las formulaciones mas toscas y crudas de tales acusaciones, la actual c¨²pula del PNV deber¨ªa analizar las implicaciones objetivas de sus pronunciamientos relacionados con la libertad de expresi¨®n. Probablemente la costumbre de agrupar a los periodistas ajenos a la buena prensa (otra herencia del carlismo) bajo los r¨®tulos descalificatorios de gloriosa infanter¨ªa (inventado por un colaborador del ex ministro Belloch) y Divisi¨®n Acorazada Brunete (debido al ingenio de Anasagasti) no ha inducido a la banda terrorista a tratar de asesinar a Aurora Intxausti, Juan Francisco Palomo y su hijo de a?o y medio, pero tampoco constituye precisamente un gesto de solidaridad con los profesionales de la prensa vasca amenazados por ETA. Aunque el subdirector de Deia condene los cr¨ªmenes terroristas, la seguridad de los columnistas de EL PA?S no debe especial agradecimiento a Xabier Lapitz, que les nomina para un imaginario "premio de periodismo Duque de Ahumada" y les considera "carne de psiquiatra", "guardianes de la violencia cuartelera", "pijos de la cultura oficial" y "or¨¢culo de los GAL" mientras la banda terrorista se dispone a asesinarlos.

Pepe Rei, antiguo jefe de investigaci¨®n del diario Egin procesado por colaboraci¨®n con banda armada, enarbola la libertad de expresi¨®n para justificar su sacrosanto derecho a publicar una revista y a editar un v¨ªdeo dedicados a denunciar a periodistas -como Aurora Intxausti y Juan Francisco Palomo-a los que luego ETA intenta asesinar. Pocas veces el doble lenguaje inventado por Orwell en 1984 como rasgo propio de los sistemas totalitarios ha llegado a esos extremos de virtuosismo. Vistas las cosas desde esa perspectiva, el eventual encaje del comportamiento de Pepe Rei dentro de alguno de los tipos delictivos definidos en el C¨®digo Penal resulta un asunto menor; la cuesti¨®n central es que -como dijo en su d¨ªa el juez estadounidense Oliver Wendell Holmes- no existen razones para invocar el amparo constitucional a la libertad de expresi¨®n cuando las palabras crean un riesgo claro e inminente de da?os para terceros.