El coste del despido y los desincentivos al empleo
La propuesta del ministro de Trabajo de generalizar la indemnizaci¨®n de 33 d¨ªas por a?o en los despidos improcedentes se ve¨ªa venir desde que se implant¨® para los despidos objetivos de los contratos de fomento del empleo en 1997. Entonces era tan fuerte la campa?a en pro del abaratamiento de los despidos, que los propios sindicatos acabaron acept¨¢ndola: se dec¨ªa que los empresarios no contrataban m¨¢s fijos por miedo a las elevadas indemnizaciones por despido, y que bajando ¨¦stas habr¨ªa un aumento espectacular de los contratos por tiempo indefinido. Dicho en otros t¨¦rminos, la idea era que si se facilitaba la salida de la empresa se facilitar¨ªa autom¨¢ticamente la entrada en la misma. Muchos no vimos en su momento la l¨®gica de la reforma, pero esperamos a ver. Se nos antojaba una idealizaci¨®n de algo que en principio guardaba sospechosas similitudes con los contratos basura que tanto hab¨ªan criticado los sindicatos, pero el entusiasmo de los l¨ªderes sindicales firmantes del Acuerdo sobre Estabilidad en el Empleo nos hizo vacilar. El paquete de las medidas puestas en marcha era bastante apetitoso, pues comprend¨ªa importantes bonificaciones para los empresarios. Aquello pod¨ªa resultar; los sindicatos estaban a favor y el coste del despido en Espa?a es uno de los m¨¢s caros de Europa.Al tercer a?o de aplicaci¨®n de la reforma, y precisamente cuando el ministro anuncia su proclividad a generalizarla, las cifras comienzan a lanzar se?ales de alarma, o, si se quiere, de estupor. Porque las estad¨ªsticas nos indican que los que verdaderamente est¨¢n creciendo en 2000 no son los contratos de fomento de la contrataci¨®n indefinida, sino los contratos indefinidos ordinarios, es decir, aqu¨¦llos cuya celebraci¨®n no conlleva ni un despido m¨¢s barato ni un incentivo econ¨®mico para el empleador. As¨ª, por ejemplo, en el art¨ªculo publicado en EL PA?S del pasado 25 de octubre citando fuentes de Trabajo, los ¨²nicos que han sobrepasado ampliamente ya en septiembre de este a?o la obtenida el a?o anterior son los ordinarios, que adem¨¢s muestran un ascenso lento, pero sostenido, desde 1997. En cambio, los contratos de fomento (acogidos a la reforma de 1997) est¨¢n a¨²n muy lejos de alcanzar las cifras del a?o pasado, e incluso es probable que no las alcancen a finales de a?o, a la vista de que los meses que nos quedan, salvo las navidades, son de escasa actividad.Una constataci¨®n sonrojante, de dif¨ªcil explicaci¨®n, cuyas razones no hay que buscarlas, a mi juicio, en Trabajo mismo; pero que ponen en solfa la eficacia de todo el sistema de incentivos, bonificaciones y dem¨¢s ayudas que caen como el diluvio sobre los empresarios desde el Estado y las comunidades aut¨®nomas, un man¨¢ benefactor que se agrega a aquella reforma de los despidos basura de 1997.
Dig¨¢moslo tranquilamente: las contrataciones han crecido en 1998 y 1999 porque la econom¨ªa mundial, y con ella la espa?ola, ha disfrutado de un vigoroso ciclo ascendente; pero la cifra de contratos precarios apenas ha bajado un 3% desde 1997, a pesar de todos los bar¨®metros de confianza de los empresarios y de la buena marcha de los negocios. Puede que exista una causa distinta a la de los despidos caros, que impide a los empresarios comprometerse con m¨¢s empleos de los m¨ªnimos, a diferencia de los norteamericanos, holandeses o brit¨¢nicos, e incluso de los dem¨¢s empresarios europeos, cuyo ¨ªndice de contrataciones precarias est¨¢ muy por debajo del espa?ol.
Si nos preguntamos cu¨¢l puede ser el motivo por el que el empresario aut¨®ctono se lo piensa bastante antes de ampliar su plantilla, y cuando lo hace es por un tiempo limitado, no creo que la respuesta consista en que ya est¨¢ pensando en lo caro que le resulta el despido, sino m¨¢s bien en lo caro que le sale el contrato mismo. Aunque puede parecer chocante, entre empresario y trabajador se establece algo similar a un v¨ªnculo matrimonial, a cuya virtud ambos se obligan a convivir durante muchas horas al d¨ªa por el tiempo que dure el enlace, y en tales ocasiones uno piensa m¨¢s en las virtudes del otro (ventajas y desventajas) y en los gastos inmediatos, m¨¢s que en las dificultades para escapar de esa persona que tanto necesita. Cuando el empresario enamorado hace las cuentas a la hora de dar el paso adelante, lo que se le hace dif¨ªcil es que junto al salario debe satisfacer una cantidad muy elevada para la Seguridad Social, pagadera mes a mes durante toda la vida del contrato. Expliquemos por qu¨¦.
Hay un dato impresionante en las comparaciones con los dem¨¢s pa¨ªses de la UE, sobre el costo del empleo en Espa?a.No es el coste laboral unitario, lo que paga globalmente el empresario espa?ol por su trabajador, pero es uno de sus elementos. Los empresarios abonan m¨¢s cotizaciones a la Seguridad Social que ning¨²n otro de la UE, pues el 52% de los ingresos del sistema aseguratorio p¨²blico viene de ellos. De inmediato hay que introducir dos elementos correctores: el del que el coste global por trabajador es uno de los m¨¢s baratos de Europa, lo que significa que los salarios son muy reducidos, y el que el Estado aporta a la Seguridad Social una de las cifras m¨¢s bajas de la UE, el 27,5%.
Los Pactos de Toledo advirtieron del problema, pero poco se ha hecho desde 1995 para remediarlo. Se han reducido algo las cotizaciones, ha aumentado algo la aportaci¨®n estatal, ciertos impuestos ya no tienen en cuenta el n¨²mero de empleados, pero seguimos a la cabeza en cotizaci¨®n y a la cola en aportaci¨®n p¨²blica. Si tomamos, en cambio, las cifras de un pa¨ªs famoso por su vitalidad en el empleo y sus ¨®ptimas relaciones sindicales, Holanda, constataremos que los empresarios cubren el 23,2% de la Seguridad Social. Pueden competir en cualquier mercado y el empresario no tiene grandes reparos en contratar abundante plantilla.
Pero si bajamos la cotizaci¨®n de los empleadores, habr¨¢ que subir la de alguno de los otros implicados, o las de todos los dem¨¢s. A mi juicio, la soluci¨®n no puede incrementar las cuotas del trabajador, cuyos ingresos son ya escasos. Es el Estado quien debe aumentar sus aportaciones, quiz¨¢ suprimiendo tantas bonificaciones y exenciones innecesarias o superfluas, y aprovechando el momento econ¨®mico. Hay que cambiar la filosof¨ªa de ese art¨ªculo 86 de la Ley General de Seguridad Social al hablar de la financiaci¨®n del sistema aseguratorio, cuando dice que son contributivas todas las prestaciones del sistema, excepto las que indica a continuaci¨®n, pues nos sugiere que el Estado interviene subsidiariamente, como un invitado generoso; pero, a fin de cuentas, sin la responsabilidad en la cobertura de los infortunios sociales. Si trat¨¢ramos de ver qu¨¦ contingencia hubieran de asumir las arcas p¨²blicas en descargo de las empresariales, dir¨ªa que posiblemente la del desempleo, o una parte del mismo, aunque el tema es complejo.
No debe darnos miedo asumir por la v¨ªa de los impuestos generales un coste que hasta el momento se asigna a los empresarios, pues probablemente se recupere en su totalidad por la v¨ªa del afloramiento de la econom¨ªa sumergida y de la mayor competitividad de los productos espa?oles, adem¨¢s de suprimir las bonificaciones superfluas.
Termino con una reflexi¨®n. Si los despidos basura han fracasado, la experiencia debe terminar en el tiempo previsto por la ley que los puso en marcha. Un despido arbitrario no debe costar barato, debiera ser nulo. Cosa bien distinta es clarificar el galimat¨ªas de los despidos objetivos. Pero a ellos no alud¨ªa la propuesta del ministro.
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