Una ley contra el Convenio Europeo de los Derechos Humanos

El dirigente de Nueva Izquierda Diego L¨®pez Garrido, ponente del PSOE para la reforma de la ley de Exranjer¨ªa junto a Consuelo Rum¨ª, sostiene que reconocer unos derechos a los inmigrantes que no se pueden ejercitar no s¨®lo es un "absurdo jur¨ªdico" sino que es contrario "a la Constituci¨®n espa?ola y el Convenio Europeo de Derechos Humanos". L¨®pez Garrido, catedr¨¢tico de Derecho Constitucional, subraya que el Convenio Europeo, integrado en el derecho espa?ol incluso por encima de la Constituci¨®n, reconoce esos derechos "a todas las personas". De hecho, el art¨ªculo 11.1 de dicho convenio dice: "Toda persona tiene derecho a la libertad de reuni¨®n pac¨ªfica y a la libertad de asociaci¨®n, incluido el derecho a fundar, con otras, sindicatos y de afiliarse a los mismos para la defensa de sus intereses". El diputado agrega que el convenio reza que el disfrute de dichos derechos y libertades ha de ser reconocido "sin distinci¨®n alguna" por razones de "origen nacional".

Contra la Constituci¨®n

Por ello, subraya que los art¨ªculos 7, 8 y 11 de la ley del Gobierno, aquellos que reconocen el derecho pero limitan su ejercicio al tener permiso de residencia o trabajo, "son claramente contrarios a la Constituci¨®n y al Convenio Europeo de los Derechos Humanos". El diputado encuadrado en las filas socialistas, partido que mantiene vivas para el debate en el Congreso siete enmiendas referidas al t¨ªtulo de los derechos, sostiene, por tanto, que si no hay modificaciones de esos art¨ªculos "la ley del Gobierno es inapoyable".

L¨®pez Garrido asegura que el Gobierno intenta reformar as¨ª uno de los cuatro aspectos de la vigente ley 4/2000. Los otros tres pretensiones del Ejecutivo se refieren a que el extranjero tenga que acreditar cinco a?os de permanencia en Espa?a (las vacaciones que pueda tomar fuera del pa¨ªs se contabilizan gracias a una enmienda de Chunta Aragonesista) en lugar de los dos de ahora; a la no motivaci¨®n de la denegaci¨®n de determinados visados de larga duraci¨®n, y la expulsi¨®n en 48 de los extranjeros que est¨¦n en situaci¨®n irregular en Espa?a sin atender al arraigo que pueda tener en el pa¨ªs.

Este ¨²ltimo punto ya ha sido concedido por el Gobierno, pero el resto a¨²n est¨¢ en el aire. L¨®pez Garrido a?ade a estas pegas el que se responsabilice a las compa?¨ªas de transporte de la legalidad de la documentaci¨®n de los extranjeros. "Eso es de hecho una limitaci¨®n del derecho de asilo, porque el que huye de su pa¨ªs porque le persiguen sale con lo puesto y sin mirar si lleva los papeles en regla o no", alega.

Una vez que salga del Congreso el d¨ªa 23, la reforma tendr¨¢ que pasar a¨²n por el Senado y volver al Congreso.