Justicia espa?ola para los mayas

La Audiencia Nacional decide hoy si es competente para investigar los cr¨ªmenes de genocidio en Guatemala

A pesar de su inmensa fortaleza, se les resbalan silenciosas las l¨¢grimas. Entonces se las recogen y las esconden t¨ªmidamente. Casi avergonzadas. Una ya peina canas y la otra dice sentirse tan vieja como si hubiera vivido varias vidas. Cosa que hacen cada d¨ªa sin ellas saberlo. Aura Elena Farf¨¢n y Rosario Pu llevan muchos a?os conviviendo con las vidas que a otros les fueron arrebatadas durante las dictaduras de Guatemala. Hoy asistir¨¢n "con serenidad y esperanza" en la Audiencia Nacional al pleno que debe declarar la competencia de ese tribunal para investigar la querella presentada contra ocho ex altos cargos militares y pol¨ªticos de Guatemala por delitos de genocidio, torturas, asesinato, terrorismo y detenci¨®n ilegal cometidos durante la represi¨®n ejercida contra el pueblo guatemalteco por los aparatos del Estado en dicho pa¨ªs entre 1962 y 1996. "Nosotras salvamos la vida y por eso tenemos que luchar por los que no fueron tan afortunados, por nuestros familiares desaparecidos y por los otros 45.000 guatemaltecos que est¨¢n enterrados en cementerios clandestinos", confiesa Pu.En sus cerca de 40 a?os, Pu ha perdido a m¨¢s de 20 miembros de su familia (entre ellos su padre y sus abuelos) en los 34 a?os que dur¨® un conflicto que se cobr¨® cerca de 200.000 muertos en un pa¨ªs de apenas 11 millones. Cifras fr¨ªas todas ellas pero que han marcado la vida de Pu y que ahora est¨¢n recogidas en 5.000 folios te?idos de sangre que agrupan los datos de la represi¨®n guatemalteca. Y es que este peque?o pa¨ªs centroamericano tuvo el penoso r¨¦cord de inaugurar en 1963 la pr¨¢ctica del secuestro y desaparici¨®n que las otras dictaduras latinoamericanas hicieron despu¨¦s rutinarias. Comenz¨® entonces la sucia labor de unos escuadrones de la muerte que, desde finales de los a?os setenta hasta la firma de los acuerdos de paz en 1996, impusieron el terror.

En opini¨®n de Antonio Garc¨ªa, uno de los abogados de Comisiones Obreras que representan la querella interpuesta en un primer momento por la premio Nobel de la Paz, la guatemalteca Rigoberta Mench¨², y a la que se han sumado otras muchas, "no hay ning¨²n motivo para que la Audiencia no se declare competente". Esperanzada se muestra tambi¨¦n la propia Mench¨²: "Ma?ana [por hoy] ser¨¢ un d¨ªa hist¨®rico para el pueblo guatemalteco". "En los casos de Chile y Argentina, la Audiencia interpret¨® de forma amplia el concepto de genocidio", explica Garc¨ªa. "En el caso de Guatemala, el genocidio es literal. Fue la eliminaci¨®n deliberada y sistem¨¢tica de un grupo por su raza, ya que el 87% de las v¨ªctimas fueron mayas", aclara Garc¨ªa.

As¨ª sucedi¨® con los abuelos de Rosario Pu cuando contaban m¨¢s de ochenta a?os. Golpeados y asesinados a tiros. El abuelo, abatido en la silla en la que se sentaba siempre; la abuela, muerta a bocajarro en la cocina. "Tienes cinco minutos para enterrarlos o los tiro al r¨ªo", le espet¨® el militar que perpetr¨® tan heroica gesta al t¨ªo de Pu cuando lleg¨® precipitadamente a su casa para evitar lo ya inevitable. El t¨ªo de Pu tuvo que enfrentarse entonces al doloroso hecho de ser ¨¦l mismo un militar y tener que callar. Enterr¨® a sus padres en el mismo centro de la casa. Peor suerte corri¨® el hermano de Aura Elena Farf¨¢n, Rub¨¦n Am¨ªlcar, quien el 15 de mayo de 1984 desapareci¨® para siempre. De los abuelos de Pu se rescataron los cad¨¢veres y ahora sus familiares tienen un lugar donde arrodillarse para llorar. De Rub¨¦n no se sabe nada. "La desaparici¨®n de un ser querido es la peor de las torturas, es la tortura m¨¢s perfeccionada", se lamenta la hermana de Rub¨¦n. "Es un dolor inmenso que nunca termina y que te va mermando". Por eso, Farf¨¢n se promete que no parar¨¢ "hasta arrancarle la verdad a la tierra donde est¨¢n enterrados nuestros muertos".

Ambas mujeres esperan encontrar en Espa?a lo que se les ha negado en Guatemala. "Espero que Espa?a nos devuelva la justicia", dice esperanzada Pu. "?Usted cree que el general R¨ªos Montt [imputado en la querella y actual presidente del Congreso guatemalteco] se va a meter a s¨ª mismo en la c¨¢rcel?", se pregunta en voz alta Pu. Y ella misma se responde: "Guatemala nunca nos va a devolver la dignidad arrebatada, no va a se?alar a los culpables y enjuiciarlos. No cuando ellos mismos est¨¢n en el Gobierno y dirigen el Ej¨¦rcito".

El Pleno de hoy decidir¨¢ sobre el recurso interpuesto por la Fiscal¨ªa de la Audiencia Nacional contra la decisi¨®n del magistrado Guillermo Ruiz Polanco de admitir a tr¨¢mite la querella de Mench¨² contra los generales Efra¨ªn R¨ªos Montt y ?scar Humberto Mej¨ªas Victoria, jefes de Gobierno de Guatemala consecutivamente entre marzo de 1982 y enero de 1986, tras sendos golpes de Estado, y el tambi¨¦n general Fernando Lucas Garc¨ªa, presidente de la Rep¨²blica de Guatemala en el periodo 1978-1982, y que reside actualmente en Venezuela. Los otros cinco querellados son el ex ministro de Defensa, general ?ngel An¨ªbal Guevara Rodr¨ªguez; el ex ministro de Gobernaci¨®n Donaldo ?lvarez Ruiz (residente en Miami); el ex director de la Polic¨ªa Nacional coronel Germ¨¢n Chupina Barahona; el ex jefe del Comando Seis de la Polic¨ªa Nacional Pedro Garc¨ªa Arredondo, y el ex jefe del Estado Mayor del Ej¨¦rcito general Benedicto Lucar Garc¨ªa.

El fiscal recurri¨® la admisi¨®n a tr¨¢mite de la querella alegando que los hechos investigados se produjeron en el marco de una guerra y que la Ley de Reconciliaci¨®n Nacional de Guatemala de 1996 establece la amnist¨ªa a quienes hayan participado en el conflicto armado. El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional determin¨®, en noviembre de 1998, que Espa?a tiene jurisdicci¨®n derivada del principio de persecuci¨®n universal para perseguir a los autores de la "acci¨®n de exterminio" que se llev¨® a cabo durante las dictaduras militares de Argentina (1976-1983) y de Chile (1973-1990), que investiga el juez Baltasar Garz¨®n.