Una causa abierta "en falso" sobre un informe instado por el Gobierno

El Tribunal Supremo conden¨® al juez de la Audiencia Nacional Javier G¨®mez de Lia?o, por un delito continuado de prevaricaci¨®n judicial (dictar a sabiendas resoluci¨®n injusta), a las penas de 15 a?os de inhabilitaci¨®n especial para cargo p¨²blico, con la p¨¦rdida definitiva de su cargo de juez y los honores que le eran anejos, as¨ª como a 18 meses de multa, a raz¨®n de 1.000 pesetas diarias (540.000 pesetas). Era la segunda vez en la reciente historia judicial espa?ola que un juez era condenado por prevaricaci¨®n, tras el precedente del ex vocal del Poder Judicial Llu¨ªs Pascual Estevill.La sentencia fue adoptada por mayor¨ªa, con los votos favorables de los magistrados Gregorio Garc¨ªa Ancos y Enrique Bacigalupo. El tercer magistrado de la Sala, Jos¨¦ Manuel Mart¨ªnez-Pereda, formul¨® un voto particular en el que se opon¨ªa a la condena por prevariaci¨®n aunque apreciaba un delito de desobediencia por el que no pod¨ªa ser condenado al no estar acusado del mismo.

Sin embargo, aunque consideraba a Lia?o "honesto", le calificaba de "empecinado, convencido de estar en posesi¨®n de la verdad, pudiendo aparecer como iluminado".

El tribunal conden¨® a Lia?o por su "empecinamiento" en decretar el secreto del sumario del caso Sogecable cuando la Audiencia ya le hab¨ªa ordenado que lo levantase; la prohibici¨®n a los directivos de Sogecable de salir de Espa?a sin autorizaci¨®n; y la imposici¨®n de una fianza de 200 millones de pesetas al presidente de Sogecable, Jes¨²s de Polanco, cuando ya sab¨ªa que ese compa?¨ªa no hab¨ªa incurrido en delito alguno.

Causa "abierta en falso"

La sentencia afirmaba que el caso Sogecable fue un proceso que en realidad "se abri¨® en falso" porque "se persiguieron unos hechos como apropiaci¨®n indebida sin contar con ning¨²n damnificado y luego de desaparecido el peligro de que lo hubiera". La sentencia reflej¨® que todo el proceso se inici¨® por la publicaci¨®n en la revista ?poca, dirigida por Jaime Campmany, de un informe redactado por los economistas "Gerardo Ortega, Rafael P¨¦rez Escolar y (probablemente) Ram¨®n Tamames". Ortega declar¨® ante el juez que dicho informe le hab¨ªa sido encargado por un secretario de Estado del anterior Gobierno del PP.Tras rechazar de plano los argumentos de la defensa y del fiscal Jos¨¦ Mar¨ªa Luz¨®n, la sentencia se?alaba que "lo que el juez no puede es erigir su voluntad o su convicci¨®n en ley. Tal tarea s¨®lo corresponde al Parlamento".

Sobre las tres decisiones de Lia?o reputadas injustas y prevaricadoras, el Supremo sentenci¨®:

- Sumario Secreto. Cuando Lia?o decret¨® por segunda vez el secreto del sumario de Sogecable ya sab¨ªa que ¨¦ste hab¨ªa sido declarado "innecesario, inid¨®neo y desproporcionado" por la Audiencia Nacional.

Seg¨²n el Supremo, eso demostraba "el manifiesto abuso de las facultades que la ley acuerda al juez de instrucci¨®n para limitar el derecho de defensa". Adem¨¢s, al decretar el segundo secreto de las actuaciones, Lia?o "burl¨® la decisi¨®n de la Audiencia", reiterando unas diligencias "innecesarias". La decisi¨®n del juez fue "todav¨ªa m¨¢s grave en la medida en la que hasta ese momento no se hab¨ªa probado que existiera un solo damnificado por las supuestas irregularidades".

- Prohibici¨®n de salir de Espa?a. Con la prohibici¨®n a varios directivos de Sogecable de salir de Espa?a, "el juez se apart¨® infundadamente de la ley y decidi¨® seg¨²n su propia voluntad", dijo la sentencia.

El magistrado sab¨ªa que la medida era restrictiva de un derecho fundamental y que ten¨ªa graves consecuencias para los interesados, tanto en su libertad de movimientos como en su reputaci¨®n. "Se trata de una ilegalidad que cualquiera podr¨ªa percibir", dijo entonces el Supremo.

- Fianza de 200 millones. "No cabe duda respecto de la arbitrariedad de la fianza", explicaba el alto tribunal, "toda vez que el juez se apart¨® totalmente de la ley que deber¨ªa haber aplicado". Y a?ad¨ªa: "No s¨®lo no se daban los presupuestos formales para decretar la libertad bajo fianza, sino que, adem¨¢s, la suma impuesta resultaba verdaderamente desproporcionada para contrarrestar un peligro que el mismo juez declaraba inexistente".

Sin respaldo del fiscal

El tribunal rechaz¨® tambi¨¦n que el juez G¨®mez de Lia?o hubiera actuado en todo momento "respaldado por el fiscal Ignacio Gordillo". "No es cierto", dec¨ªa el tribunal, "que el juez haya contado con el apoyo del ministerio fiscal en todas sus resoluciones. Tuvo la cooperaci¨®n del se?or Gordillo , pero no la del ministerio p¨²blico", afirmaba la sentencia. El Supremo tambi¨¦n rechaz¨® la argumentaci¨®n de Lia?o de que los jueces que le sustituyeron mantuvieron las medidas cautelares que ¨¦l impuso a los directivos.