La fiscal no ve delito en la gesti¨®n de un diputado foral vizca¨ªno cuando era alcalde
La fiscal no ve un delito penal en la contrataci¨®n irregular por parte de Patxi Sierra-sesumaga, actual diputado foral vizca¨ªno de Agricultura, de un pariente lejano en 1993, cuando era alcalde de Galdakao. Durante el juicio, celebrado ayer en la Audiencia de Bilbao, la acusaci¨®n particular insisti¨® en que Sierra-sesumaga cometi¨® los delitos de prevaricaci¨®n y nombramiento ilegal, al prorrogar dos veces el contrato pese a los informes negativos del secretario municipal y la jefa de personal del Ayuntamiento de Galdakao.
El juicio, que ten¨ªa que haberse celebrado en 1996 y se ha demorado hasta ahora por varias paralizaciones, se basa en una denuncia interpuesta en 1994 por un funcionario del Ayuntamiento de Galdakao. ?ste acusaba al entonces alcalde Patxi Sierra-sesumaga de prorrogar el contrato para un puesto de economista "de un familiar", que era primo tercero suyo, por dos ocasiones, pese a sendos informes elaborados por el secretario municipal y la jefa de personal que advert¨ªan de su ilegalidad.El denunciante era el titular de esta plaza y qued¨® relegado sin asign¨¢rsele ninguna funci¨®n. Por esto, el Ayuntamiento de Galdakao tuvo que indemnizarle posteriormente con 200.000 pesetas y en 1997 la Inspecci¨®n de Trabajo del Gobierno vasco mult¨® al consistorio con dos millones de pesetas por discriminaci¨®n al trabajador, una cantidad que, ante la negativa a abonarse, se cobr¨® mediante la retirada de una subvenci¨®n de 1,8 millones que iba destinada al plan de prevenci¨®n de drogodependencias.
En la vista de ayer, en la que comparecieron ocho testigos, entre ellos el secretario, el interventor y la jefa de personal de Galdakao, tanto la acusaci¨®n como la defensa coincidieron en la irregularidad de las pr¨®rrogas del contrato, puesto que supon¨ªan la conversi¨®n en una situaci¨®n laboral fija. "Es la entrada como funcionario por la puerta de atr¨¢s", expuso varias veces el abogado de la acusaci¨®n.
La fiscal expuso en sus conclusiones que esta anomal¨ªa "no ha sido cuestionada en ning¨²n momento", pero consider¨® que el entonces alcalde no es el responsable de la modalidad de contrataci¨®n elegida. "Esta vista ha sido m¨¢s propia de un juzgado de lo social que de esta sala. Entendemos que los hechos no son constitutivos de delito y que la sanci¨®n de la Inspecci¨®n de Trabajo fue el tr¨¢mite procedente".
La acusaci¨®n sostuvo que la decisi¨®n de prorrogar el contrato "sale del alcalde", porque ning¨²n informe lo avalaba, y record¨® que Sierra-sesumaga fue advertido de la ilegalidad. "Aunque en esta sala ha dicho que nadie le avis¨®, fue advertido por el secretario y el inspector de Trabajo, como han declarado". Por ello, estim¨® que hay un delito de nombramiento ilegal y otro de prevaricaci¨®n. "?l es quien decide que se contrate de esa manera y con esa pr¨®rroga. No hay ning¨²n respeto de la legalidad por parte del acusado", concluy¨®.
La defensa afirm¨® que la vista evidencia "la carencia de intencionalidad" del acusado, quien "no determin¨® la modalidad de contrataci¨®n, porque no es su competencia". Se refiri¨® al "incumplimiento flagrante" de otros funcionarios municipales y dijo que el querellante tiene "una persecuci¨®n judicial" sobre Sierra-sesumaga, dado que "es el tercer pleito de la misma persona".
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