Presiones castrenses
Las presiones que est¨¢ ejerciendo el mando militar chileno para impedir el procesamiento de Augusto Pinochet responden a un pasado que Chile quiere dejar atr¨¢s, pero son una clara prueba de que la democracia no est¨¢ definitivamente asentada. El presidente Ricardo Lagos, socialista, se ha visto forzado a anunciar una convocatoria de esa reliquia autoritaria que es el Consejo de Seguridad Nacional, como le reclamaban los cuatro jefes de las Fuerzas Armadas y de los Carabineros. La normalizaci¨®n chilena hubiera exigido no ceder a estas presiones, que tambi¨¦n se ciernen sobre el juez Juan Guzm¨¢n, que decret¨® el procesamiento y el arresto domiciliario del ex dictador. Entre otras 180 causas en curso, el senador desaforado es acusado por Guzm¨¢n de la autor¨ªa intelectual de 18 secuestros y 57 homicidios en la operaci¨®n de destrucci¨®n de opositores tras el golpe de 1973, conocida como caravana de la muerte.Las fuerzas m¨¢s reaccionarias de Chile han empezado a moverse para impedir el procesamiento del senador vitalicio, incluso con veladas amenazas. El recurso de amparo del general, que ayer empez¨® a ver la Sala de Apelaciones de Santiago, tiene como objetivo anular el procesamiento. Cualquiera que sea el fallo, acabar¨¢ en el Tribunal Supremo. ?sta es una instancia a la que ya no puede aspirar en su carrera profesional el juez Guzm¨¢n tras la amonestaci¨®n de que ha sido objeto por haber firmado una carta de respaldo a la presidenta de la fiscal¨ªa p¨²blica, Clara Szczaranski, parte querellante contra Pinochet, que ha recibido duras cr¨ªticas por parte de los seguidores del ex general. Esta dura sanci¨®n es una presi¨®n m¨¢s contra un juez que, aun habiendo dado en el blanco, est¨¢ remando contra la corriente. Justamente por ello, y por la dificultad del caso, debe extremar sus precauciones en el expediente contra Pinochet, cuyo estado f¨ªsico y mental -tiene ya 85 a?os- no se ha podido comprobar, dadas las dilaciones de su defensa.
Lo m¨¢s grave es la intromisi¨®n del estamento militar en el poder civil. El Consejo Nacional de Seguridad es un ¨®rgano previsto en la Constituci¨®n de 1980, dise?ada por Pinochet, para casos que atenten "contra las bases de la institucionalidad" o puedan "comprometer la seguridad nacional". Es un ¨®rgano en el que participan sobre una base paritaria -y, por tanto, un desprop¨®sito democr¨¢tico- los presidentes de la Rep¨²blica, del Senado y de la Corte Suprema y el controlador general, junto a los cuatro jefes de las Fuerzas Armadas y de Carabineros. Los militares, en virtud de su potestad para hacerlo, amenazaron con convocar el consejo por su cuenta. Al menos Lagos ha tenido la habilidad de retrasar la reuni¨®n del consejo hasta que los recursos de amparo hayan sido resueltos por el Tribunal de Apelaciones y por el Tribunal Supremo.
El Gobierno lo tiene dif¨ªcil cuando la sociedad est¨¢ dividida, aunque tranquila. Pero ¨¦ste no es puramente un asunto de militares. Tras la decisi¨®n de Guzm¨¢n, una buena parte de la derecha se ha quitado la careta para dejar ver su rostro claramente pinochetista. Sin embargo, su l¨ªder, en las presidenciales en las que obtuvo un 47% de los votos, Joaqu¨ªn Lav¨ªn, y que acaba de asumir la alcald¨ªa de Santiago, que gan¨® por 60%, es uno de los pocos dirigentes que p¨²blicamente ha expresado el deseo, ya se?alado durante los 503 d¨ªas de detenci¨®n de Pinochet en Londres, de que el ex dictador "enfrente la justicia como cualquier otro chileno". La democracia chilena ganar¨ªa mucho con ello. El problema es que no es cualquier otro chileno. Es Augusto Pinochet, un hombre que dijo cuando estaba en Londres no reconocer otros tribunales que los chilenos, pero que en Chile no admite otro estatus personal que la impunidad.
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