La acusaci¨®n pide 7 a?os por estafa a un ex directivo del Banco Herrero
La acusaci¨®n particular en el caso del Banco Herrero, una supuesta estafa millonaria denunciada por una clienta de dicha entidad bancaria en octubre de 1991, solicit¨® ayer para el ¨²nico encausado, el ex interventor del Banco Herrero en Bilbao, Julio Garc¨ªa Rionda, cuatro a?os de c¨¢rcel por un delito continuado de estafa y otros tres a?os por falsificaci¨®n de documento mercantil. Tanto la fiscal¨ªa como los abogados del acusado y del Banco Herrero pidieron la libre absoluci¨®n del imputado. Las tres partes defendieron que durante el procedimiento la acusaci¨®n particular, que representa a la clienta, hab¨ªa ocasionado indefensi¨®n al ex interventor y al banco, responsable civil subsidiario, por no "haber aclarado" en su escrito inicial los delitos que solicitaba, las penas y la cuant¨ªa de la responsabilidad civil subsidiaria.
Juicio tras diez a?os
Casi diez a?os despu¨¦s de que la denunciante, Dora Gras D¨ªez, llevara a los tribunales al ex interventor y a la propia entidad, la Audiencia vizca¨ªna dej¨® ayer visto para sentencia un caso de estafa que en su investigaci¨®n inicial el primer juez instructor, Ramiro Garc¨ªa de Dios, deriv¨® en parte hacia una supuesta v¨ªa de financiaci¨®n ilegal del PP, lo que negaron en todo momento los responsables populares de la ¨¦poca. Aspectos meramente circunstanciales, como que una de las empresas relacionadas con las letras libradas de manera irregular, Gr¨¢ficas Zancoeta, fuese cliente de las campa?as electorales del PP, que el acusado fuese defendido en un principio por el dirigente popular Leopoldo Barreda, o que Ana Mar¨ªa Mach¨ªn Exp¨®sito, hija del entonces gerente popular, F¨¦lix Mach¨ªn, se viese relacionada con el movimiento irregular de descubiertos, cuentas y letras de cambio forzaron esa l¨ªnea de investigaci¨®n del juez.
Ni en la instrucci¨®n, que dur¨® hasta 1996, cuando se produjo la primera apertura de juicio oral -posteriormente retrasada hasta marzo de 1999 por problemas formales con el escrito de la fiscal¨ªa-, ni ahora en el juicio, se ha podido apreciar ning¨²n indicio racional de delito que pueda implicar al PP como destinatario de los movimientos irregulares que acabaron por aflorar con "descubiertos por valor de 200 millones" en la sucursal bilba¨ªna, seg¨²n cifr¨® el letrado acusador.
Despojada de esa lectura pol¨ªtica, la vista qued¨® convertida en un caso m¨¢s de presunta estafa. El abogado de la denunciante, Juan Carlos Celada, acus¨® en su informe a Rionda de tener "organizado un banco paralelo" que permit¨ªa prestamos con descubiertos a clientes preferenciales a cambio de "letras de cambio en blanco que posteriormente ¨¦l pon¨ªa en circulaci¨®n sin contar ni con el librador ni el librado". Y le responsabiliz¨® de haber ocasionado a su defendida un perjuicio superior a ocho millones. Tambi¨¦n acus¨® al banco de "complicidad" con los hechos. Rionda no fue sancionado y caus¨® baja voluntaria en abril de 1990.
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