Las ONG aceptan que los disminuidos paguen seg¨²n sus rentas las residencias

Con un acuerdo se zanj¨® ayer el revuelo creado entre las asociaciones de discapacitados por el plan de la Comunidad de contabilizar la renta familiar para fijar cu¨¢nto deben pagar por acudir a residencias y centros de d¨ªa. El Consejo de Representantes de Minusv¨¢lidos (Cermi), que agrupa a las asociaciones madrile?as, acepta el proyecto del Gobierno regional y ¨¦ste se compromete a contar con el Consejo para elaborar las tarifas. Del pago quedar¨¢n exentos los discapacitados de bajos recursos.

Las siete asociaciones de discapacitados f¨ªsicos, ps¨ªquicos y sensoriales del Cermi mostraron ayer, de forma un¨¢nime, su "conformidad con establecer la renta per c¨¢pita de la unidad de convivencia como criterio para fijar los precios p¨²blicos (de residencias y centros de d¨ªa) en lugar de un porcentaje sobre la pensi¨®n p¨²blica del discapacitado". Por su parte, el Gobierno regional se compromete a remitir al Cermi el borrador del desarrollo que realice del sistema de tarifas.La renta per c¨¢pita familiar se obtiene al dividir los ingresos netos anuales de todos sus miembros entre 12 meses y entre el n¨²mero de componentes del hogar. Por ejemplo, en una familia de tres miembros, con ingresos totales de 300.000 pesetas, la renta per c¨¢pita del discapacitado es de 100.000 pesetas.

A partir de ahora las asociaciones y el Gobierno regional deber¨¢n concretar cu¨¢nto van a aportar las familias, elaborando una lista de excepciones. As¨ª, quedar¨¢n exentos de pagar por estos servicios aquellos discapacitados que, percibiendo una pensi¨®n, tengan una renta per c¨¢pita familiar inferior a 40.261 pesetas mensuales. Es decir, 120.000 pesetas de ingresos netos mensuales en una familia de tres miembros.

El resto de los discapacitados deber¨¢ pagar hasta el 75% de su renta per c¨¢pita familiar por vivir en una residencia y el 37,5% por acudir a un centro de d¨ªa. As¨ª, el minusv¨¢lido con una renta per c¨¢pita de 100.000 pesetas mensuales abonar¨¢ 75.000 por la residencia y 37.000 si va a un centro de d¨ªa.

La consejera de Servicios Sociales, Pilar Mart¨ªnez, explica que esas 75.000 pesetas "no gravar¨¢n la renta del resto de la familia porque numerosos minusv¨¢lidos tienen ingresos de 60.000 pesetas mensuales a trav¨¦s de pensiones. Eso significa que el disminuido dedicar¨¢ toda su pensi¨®n a pagar este servicio integral y que su familia s¨®lo deber¨¢ aportar 15.000 pesetas". "El objetivo es que pague m¨¢s quien m¨¢s tiene; aplicar las tarifas s¨®lo en funci¨®n de la pensi¨®n del minusv¨¢lido ser¨ªa injusto", apostilla.

La alarma salt¨® hace dos semanas, cuando miles de familiares de discapacitados atendidos en residencias y centros de d¨ªa recibieron una carta de la Consejer¨ªa de Servicios Sociales en la que se les informaba de que a partir de ahora tendr¨ªan que pagar hasta el 75% de la renta per c¨¢pita familiar (los ingresos totales divididos entre el n¨²mero de miembros y los 12 meses) por atenciones que ahora eran gratuitas.

La decisi¨®n de cobrar por estos servicios parte del Plan Regional de Discapacidad, consensuado con las asociaciones, que persigue unir las dos redes de atenci¨®n a disminuidos, una p¨²blica -gratuita- y otra privada, creada por los familiares ante la escasez de recursos oficiales y obligada a cobrar a sus usuarios. El dinero aportado por los padres (1.300 millones) servir¨¢, junto a 26.000 millones de las arcas regionales, para concertar las plazas privadas y crear una red ¨²nica.

La consejera cree que la pol¨¦mica suscitada se ha debido a la desinformaci¨®n. "La carta que enviamos a las familias no estaba bien redactada y provoc¨® nerviosismo. El tema no se entendi¨® bien, parec¨ªa que ya estaba todo decidido cuando, en realidad, todav¨ªa tenemos que desarrollar todo el sistema de tarifas y, adem¨¢s, lo vamos a consensuar con las asociaciones".