Gobierno y PSOE pactan aplazar la aplicaci¨®n de una parte de la Ley del Menor

El Gobierno y el PSOE han pactado una moratoria de dos a?os en la aplicaci¨®n de la nueva ley Penal del Menor para los j¨®venes que tengan entre 18 y 21 a?os. La ley entrar¨¢ en vigor el 13 de enero, salvo el art¨ªculo 4 -el que deja en manos del juez la posibilidad de que un joven que llegue a la mayor¨ªa de edad siga en un reformatorio-, que queda en suspenso hasta el mismo d¨ªa de 2003. La presi¨®n un¨¢nime de las comunidades aut¨®nomas ha llevado a adoptar esta medida.

La nueva ley eleva desde los 16 a 18 a?os la barrera a partir de la cual un joven delincuente va a un reformatorio o a la c¨¢rcel. Actualmente, un chaval mayor de 16 a?os condenado a internamiento va directamente a la c¨¢rcel. Con la nueva ley, ir¨¢n a prisi¨®n los que ya hayan cumplido los 18 a?os y tambi¨¦n los internados en reformatorios que alcancen esa edad y no hayan liquidado la pena. Pero el art¨ªculo 4 dejaba en manos del juez la decisi¨®n de mantener en un reformatorio hasta llegar a los 21 a?os que no fueran personalmente maduros o que hubieran cometido faltas o delitos menos graves, sin intimidaci¨®n ni violencia. Este art¨ªculo 4 ten¨ªa en vilo a las comunidades aut¨®nomas, que tienen transferidas las competencias sobre menores, ante la posibilidad que se saturasen sus centros de reforma al tener que albergar no s¨®lo a los j¨®venes delincuentes de entre 16 y 18 a?os sino tambi¨¦n, en gran medida y por decisi¨®n judicial, a los de menos de 21 a?os. "Era un ejemplo de libro de como el Estado, en sus competencias legislativas, afectaba a competencias propias de las comunidades aut¨®nomas", asegur¨® ayer Juan Fernando L¨®pez Aguilar, responsable socialista de Libertades P¨²blicas y Desarrollo Auton¨®mico y uno de los art¨ªfices del acuerdo junto al secretario de Estado de Justicia, Jos¨¦ Mar¨ªa Michavila.

La moratoria de la entrada en vigor de la ley en el tramo de edad de 18 a 21 a?os se comenz¨® a gestar el d¨ªa 15 de septiembre, durante una reuni¨®n entre representantes del Gobierno y de todas las comunidades aut¨®nomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla. Los responsables auton¨®micos, especialmente los de adscripci¨®n socialista, solicitaron entonces la moratoria de la entrada en vigor del art¨ªculo 4, a fin de evaluar durante el aplazamiento los costes, el impacto y las transferencias que el Estado deber¨ªa hacer a las comunidades para hacer frente a ese punto de la ley, as¨ª como para adaptar sus centros de reforma y crear otros nuevos. El Gobierno, por su parte, dijo entonces que no se opondr¨ªa a la posible moratoria, pero se acord¨® que fueran los grupos parlamentarios quienes la plasmaran.

La moratoria se plasm¨® en la aprobaci¨®n en la madrugada de ayer en el Senado de una enmienda a los apartados de la ley de Medidas Urgentes para la Agilizaci¨®n de la Justicia que inciden en la ley Penal del Menor. La enmienda fue presentada por Coalici¨®n Canaria, que reclam¨® una moratoria indefinida, pero fue transaccionada entre el Gobierno y el PSOE para que el aplazamiento fuera s¨®lo de dos a?os. "Es un periodo razonable para negociar los costes y las necesidades y hacer las transferencias necesarias", asegur¨® L¨®pez Aguilar.