Inmigrantes: otra ley
Apenas un a?o ha durado la Ley de Extranjer¨ªa aprobada en enero por todas las fuerzas parlamentarias salvo el partido del Gobierno. Ya entonces anticip¨® el PP la presentaci¨®n de un proyecto alternativo, que materializ¨® nada m¨¢s obtener la mayor¨ªa absoluta en el nuevo Parlamento y cuyo texto acaba de aprobarse sin alcanzar el consenso en sus puntos m¨¢s pol¨¦micos, relativos a los derechos de los inmigrantes sin papeles. La nueva ley, votada el jueves en el Senado y a falta s¨®lo de su convalidaci¨®n formal por el Congreso, nace con el apoyo exclusivo de su inspirador, el partido del Gobierno, y el de sus aliados parlamentarios, CiU y Coalici¨®n Canaria. El PSOE, IU, PNV y Grupo Mixto han mantenido su rechazo, b¨¢sicamente por la negativa del PP a reconocer a los inmigrantes indocumentados el ejercicio de los llamados derechos sociales: reuni¨®n, asociaci¨®n, sindicaci¨®n y huelga. En todo caso, una buena parte de su contenido responde a propuestas consensuadas con el principal partido de la oposici¨®n. Se trata, desde luego, de una ley distinta de la a¨²n vigente, pero no en la medida que pretend¨ªa el Gobierno.
El grado de aproximaci¨®n pol¨ªtica alcanzado sobre la nueva Ley de Extranjer¨ªa, salvo en los cuatro art¨ªculos sobre los inmigrantes indocumentados, plantea la duda de si era necesario este viaje y si no habr¨ªa bastado, como algunos propusieron en su momento, una regulaci¨®n reglamentaria de la ley vigente para amoldar sus efectos a la fluctuante din¨¢mica del fen¨®meno migratorio. Se habr¨ªa evitado aquella lamentable campa?a sobre el "efecto llamada" o "ley coladero", con la que el Gobierno transmiti¨® con gran demagogia a la sociedad una imagen de la inmigraci¨®n como si se tratara de una plaga de Egipto. La nueva ley deber¨ªa acabar al menos con tanta incertidumbre normativa en un asunto como el de la inmigraci¨®n, que necesita de un tratamiento a medio y largo plazo basado en principios y criterios estables.
La cuesti¨®n de los derechos sociales de los inmigrantes sin papeles planea sobre la perdurabilidad de la nueva norma. El PSOE se ha comprometido a cambiar ese punto cuando llegue al Gobierno. Seguramente el resto de las fuerzas pol¨ªticas le acompa?ar¨¢n en el empe?o, pues ninguna, incluidas CiU y Coalici¨®n Canaria, comprende el triste empecinamiento del PP en una medida que recluye en una especie de limbo legal (reconocimiento de la titularidad del derecho, pero prohibici¨®n de ejercerlo bajo severas sanciones) a los inmigrantes indocumentados. La senadora popular Rosa Vindel ha afirmado que no pueden concederse esos derechos "a quienes voluntariamente se colocan al margen de la legalidad". El argumento no puede ser m¨¢s endeble. Se trata, m¨¢s bien, de personas que se hallan en esa situaci¨®n en contra de su voluntad y que desean salir cuanto antes de ella, siempre que no se les pongan obst¨¢culos insalvables en su camino.
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