Por un voto

George W. Bush es ya presidente electo de Estados Unidos, aunque lo sea por un pelo. Mejor, por un voto. En Florida, su escasa mayor¨ªa de la noche electoral, unos 1.800 votos, hab¨ªa ido bajando, con cada uno de los sucesivos recuentos parciales, a 930 votos, a 537, a 154, seg¨²n la ¨²ltima cuenta del Tribunal Supremo del Estado. De haberse procedido al recuento en todo el Estado que hab¨ªa ordenado ese Tribunal Supremo, posiblemente la victoria hubiera ido a las manos de Al Gore. Aun cuando ya no tenga efectos jur¨ªdicos, alg¨²n d¨ªa m¨¢s bien cercano lo sabremos. La ley de documentos oficiales del Estado de Florida es muy abierta y pronto alg¨²n centro acad¨¦mico o alg¨²n grupo social la usar¨¢ para llevar a cabo un recuento en condiciones. Bush es un hombre afortunado. No s¨®lo ha ganado las elecciones por un voto, sino que podr¨¢ saber la identidad de la persona que se lo dio. Es William Renhquist, el presidente de la Corte Suprema federal, ante quien jurar¨¢ su cargo el pr¨®ximo 20 de enero.Pero no nos enga?emos. Con ese voto basta. Los jueces Rehnquist, O'Connor, Scalia, Kennedy y Thomas le han regalado a Bush la presidencia de Estados Unidos y, con ella, la preciosa carga de poder que acarrea. Para ello han tenido que pasar por encima de cuanto dec¨ªan que les guiaba en su quehacer de magistrados. Los conservadores estadounidenses les halagaban viendo en la banda de los cinco un parang¨®n de lo que deben ser los jueces construccionistas. En la jerga jur¨ªdica de los conservadores de EE UU, construccionistas son los que se atienen a una interpretaci¨®n estricta de la ley, mientras que los activistas usan de sus estrados para legislar por v¨ªas de hecho. Los primeros, se dec¨ªa, son conservadores y apol¨ªticos; los segundos, liberales y politizados. Los construccionistas son federalistas estrictos, es decir, prefieren el poder local al de los Estados y el de ¨¦stos al del Gobierno federal.

Quienes de buena fe cre¨ªan en tal caracterizaci¨®n han debido quedarse de piedra al leer la sentencia que ha cancelado el proceso electoral estadounidense. Los mismos jueces que han echado abajo leyes federales que impon¨ªan a los sheriffs de los condados controlar la identidad de los compradores de armas o que prohib¨ªan portarlas en las cercan¨ªas de las escuelas por considerar que ¨¦sos eran asuntos exclusivos del poder local no han tenido el menor rebozo en enmendar la plana por dos veces al Tribunal Supremo de Florida en materia electoral, a pesar de que una continuada jurisprudencia de la propia Corte Suprema ha dejado siempre estas cuestiones en manos estatales.

M¨¢s a¨²n, la mayor¨ªa bushista ha decidido hacer suyos los argumentos de conveniencia pol¨ªtica esgrimidos por el candidato republicano para impedir a todo trance un recuento manual de los votos en Florida. So color de que la igualdad de trato para todos los votantes se compadece mal con los criterios dispares empleados en los recuentos por las comisiones electorales de los condados, los bushistas han decidido dar carpetazo a las exigencias de los dem¨®cratas. Les ha importado una higa que as¨ª se haya hecho desde los tiempos de Maricasta?a; que nadie, hasta hoy, hubiera cre¨ªdo que eso represente desigualdad en el trato a los votantes; o que la verdadera desigualdad de trato est¨¢ en esos aproximadamente 45.000 votos de Florida que han quedado sin contar. Sin embargo, esos mismos escr¨²pulos no les han llevado, como deber¨ªa haber sucedido en buena l¨®gica, a invalidar los recuentos manuales que, en estas mismas elecciones, se han llevado a cabo en Nuevo M¨¦jico y en Tejas. Por cierto, en este ¨²ltimo Estado, con una ley electoral promulgada por George W. Bush que sanciona los tortuosos procedimientos de determinaci¨®n de la intenci¨®n de los votantes que los jueces bushistas han considerado inconstitucionales en Florida. Finalmente, con nocturnidad, justo dos horas antes de que se cerrase el plazo de designaci¨®n de compromisarios en el Colegio Electoral, han invocado la falta de tiempo para llevar a cabo el recuento en condiciones que la misma mayor¨ªa judicial bushista se hab¨ªa encargado de impedir con su decisi¨®n del 9 de diciembre, a?adiendo as¨ª la injuria al agravio causado a los dem¨®cratas.

Ha sido, empero, el suyo un regalo envenenado. Lo ha sido para el presidente electo, cuya legitimidad es tan quebradiza como un pan de hostias. Lo ha sido para una de las grandes democracias, porque se ha puesto en entredicho que el mandato popular se base en que todos los votos cuentan. Lo ha sido para la propia Corte Suprema, pues, en frase del juez John Paul Stevens, el gran perdedor de esta batalla es "la confianza de la naci¨®n en que el juez es un guardi¨¢n imparcial del imperio de la ley".

No hay victorias amargas, es verdad; pero s¨ª triunfos rid¨ªculos. Las altas ocasiones suelen ser acicate para la ¨¦pica. A la maltrecha credibilidad de la Corte Suprema y a la escasa legitimidad de Bush junior, por el contrario, dif¨ªcilmente podr¨¢ acompa?arles otra cosa que alg¨²n ripio del Tenorio, como aquel de "imposible la hab¨¦is dejado para vos y para m¨ª".

Julio Aramberri es soci¨®logo y profesor en Drexel University, Filadelfia (Estados Unidos).