El lino, en v¨ªa judicial

La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n ha comunicado a la Comisi¨®n Europea su decisi¨®n de entablar acciones penales por el esc¨¢ndalo de las ayudas europeas al cultivo del lino. Y lo hace por estimar que ha existido "un fraude generalizado en la aplicaci¨®n en Espa?a del r¨¦gimen de ayudas comunitarias en el sector del lino textil".A diferencia de la investigaci¨®n pol¨ªtica, cerrada en falso por la comisi¨®n parlamentaria creada al efecto, la judicial nunca se archiv¨® a la espera de que pudiera concretarse su posible dimensi¨®n delictiva. La iniciativa de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n parece demostrar que hay indicios suficientemente documentados para iniciar la correspondiente acci¨®n penal, posiblemente ante la Audiencia Nacional. Tras el descubrimiento del esc¨¢ndalo, hace m¨¢s de a?o y medio, la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n recibi¨® el encargo de la Oficina de Lucha Antifraude de la Uni¨®n Europea de investigar si se hab¨ªan cometido delitos y, en caso afirmativo, interponer las acciones penales oportunas.

Las responsablidades pol¨ªticas son de naturaleza distinta de las penales, aunque unas y otras no sean excluyentes. En el caso del lino, las responsabilidades pol¨ªticas fueron lisa y llanamente ignoradas, a pesar de la evidencia de que altos funcionarios de Agricultura figuraban entre los receptores de ayudas p¨²blicas al lino para sus negocios propios o de sus familias. La investigaci¨®n pol¨ªtica, forzada por la oposici¨®n y aceptada a rega?adientes por el Gobierno, termin¨® exculpando, con los votos del Partido Popular y CiU, a la entonces titular de Agricultura y hoy comisaria europea, Loyola de Palacio, tras negar que existiera una trama organizada de altos cargos de este departamento para obtener subvenciones europeas al cultivo del lino.

Pero lo que no pudo negar esa comisi¨®n es que esas subvenciones se percibieran en bastantes casos de forma irregular, ni que existieran redes de cazaprimas operando para captar subvenciones comunitarias a cambio de producciones fantasma mediante certificaciones falsas de f¨¢bricas transformadoras, ni que se quemaran dep¨®sitos de lino para justificar la ausencia del producto final falsamente certificado. El Gobierno de Aznar y algunas fuerzas parlamentarias han podido hacer la vista gorda ante estos hechos por conveniencia pol¨ªtica. Pero no la justicia, obligada a investigarlos hasta el final; ni la Comisi¨®n Europea, interesada en que sus fondos lleguen a los agricultores y no queden atrapados en burocracias ministeriales ni en redes de cazaprimas.