El Tribunal Superior de Catalu?a afirma que la Generalitat discrimina el castellano en la selectividad

Dificultad a?adida

El Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC) considera discriminatoria la normativa de la Generalitat que regula las pruebas de selectividad porque s¨®lo prev¨¦ que se entreguen a los alumnos ex¨¢menes redactados en catal¨¢n y que ¨²nicamente se facilitan ejemplares en castellano cuando aquella lengua les resulte incomprensible. De esta forma, asegura el tribunal, se est¨¢ colocando a una parte del alumnado en una situaci¨®n de inferioridad ante un examen que resulta de vital importancia para su futuro acad¨¦mico, pues de la nota obtenida depende la elecci¨®n de la carrera universitaria.El TSJC realiza estas consideraciones en una sentencia notificada ayer por la que confirma otra que dict¨® el pasado mes de julio el Juzgado de lo Contencioso-administrativo n¨²mero 1 de Tarragona, que declaraba apta para corregir ex¨¢menes de selectividad a Josefina Albert, profesora de la Universidad Rovira i Virgili de esa ciudad. Albert reparti¨® en 1998 a los alumnos de esa universidad ex¨¢menes en castellano y acudi¨® al Defensor del Pueblo para denunciar lo que consideraba una discriminaci¨®n del castellano. El curso siguiente fue excluida de los ex¨¢menes y ahora el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a considera que esa decisi¨®n era injustificada y que fue una represalia de la Universidad por la actuaci¨®n de la profesora.

El fallo de la sentencia dictada por la Secci¨®n Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC no anula la normativa de la Generalitat, porque esa cuesti¨®n no hab¨ªa sido solicitada en el pleito, aunque s¨ª cuestiona en t¨¦rminos muy duros esa regulaci¨®n administrativa. "Una cosa es que la Universidad garantice y fomente el uso de la lengua catalana y otra muy distinta que imponga un uso de la lengua catalana en su actividad de tal manera que por las condiciones en que se realice llegue a excluir o limitar en el ejercicio de su actividad el uso de la lengua castellana, como ha sucedido", asegura la sentencia.

Los jueces afirman que no es de recibo argumentar el principio de autonom¨ªa universitaria porque el uso de la lengua es un derecho fundamental y con la normativa de la Generalitat se obliga a los alumnos a "superar una dificultad a?adida". La sentencia precisa que esa norma no garantiza el derecho del alumno a elegir la lengua, sino que "impon¨ªa" los ex¨¢menes redactados en catal¨¢n.Pese a las consideraciones que contiene la sentencia, el consejero de Universidades e Investigaci¨®n de la Generalitat, Andreu Mas-Colell, defendi¨® ayer la vigencia de la normativa y la calific¨® de "justa" porque, en su opini¨®n, no discrimina a los estudiantes castellanohablantes. El consejero explic¨® tambi¨¦n que la normativa seguir¨¢ vigente y que la decisi¨®n judicial no tendr¨¢ ninguna consecuencia pr¨¢ctica. En ese sentido, explic¨® que el Consejo Interuniversitario de Catalu?a se reuni¨® ayer y acord¨® mantener la normativa al considerar que el ¨¢mbito de la sentencia se limita al litigio entre la profesora y la Rovira i Virgili. El consejero record¨® tambi¨¦n que el centro rectific¨® en su d¨ªa porque Albert ya particip¨® el pasado mes de junio en la correcci¨®n de los ex¨¢menes de selectividad. Mas-Collell aludi¨® igualmente a una frase de la sentencia en la que se recuerda que no se tiene conocimiento de que ning¨²n alumno de los que participaron en aquellas pruebas haya presentado una reclamaci¨®n, aunque a rengl¨®n seguido el tribunal precisa que "ello no impide al tribunal que llegue a la conclusi¨®n" de que en la organizaci¨®n y celebraci¨®n de las pruebas "no se respet¨® el necesario equilibrio entre los derechos y deberes de cada una de las partes" y que los alumnos que deseaban ex¨¢menes en castellano estaban en una situaci¨®n de inferioridad.

Por su parte, Josefina Albert mostr¨® su "plena satisfacci¨®n" por la sentencia porque avala que su actuaci¨®n al repartir ex¨¢menes en castellano fue correcta y respetuosa con los alumnos. Albert record¨®, adem¨¢s, que el TSJC condena a la Generalitat a pagar las costas del proceso. Contra la sentencia dictada ayer no puede presentarse ning¨²n recurso ordinario.