Una democracia 'adhesiva' JOAN B. CULLA I CLAR?

Figura en los libros como el "pacto de El Pardo", aunque al parecer debiera hab¨¦rsele llamado "pacto de la Castellana". Se trat¨®, en todo caso, del acuerdo verbal sellado en noviembre de 1885 entre Antonio C¨¢novas del Castillo y Pr¨¢xedes Mateo Sagasta seg¨²n el cual, y en adelante, sus respectivos partidos -el conservador y el liberal- se ir¨ªan alternando de manera regular y pac¨ªfica en la gobernaci¨®n del Estado, sin necesidad de las algaradas o los pronunciamientos que hab¨ªan sido, durante el medio siglo anterior, la palanca de cualquier cambio pol¨ªtico. La intenci¨®n de ambos pr¨®ceres era implantar en Espa?a algo semejante al celebrado bipartidismo ingl¨¦s, pero la cosa no pas¨® de remedo o caricatura porque, a diferencia de su modelo brit¨¢nico, la alternancia canovista-sagastina se basaba en el fraude electoral sistem¨¢tico y en la exclusi¨®n y la marginaci¨®n de todas las dem¨¢s fuerzas pol¨ªticas, que no eran pocas ni irrelevantes.Por mucho que proporcionase a Espa?a algunas d¨¦cadas de quietud impuesta y de estabilidad ficticia, aquel falso bipartidismo din¨¢stico de liberales y conservadores, cobijados bajo el paraguas legal de la Constituci¨®n de 1876, fue en t¨¦rminos hist¨®ricos desastroso para el pa¨ªs: al favorecer el caciquismo y la adulteraci¨®n del sufragio, retrasaba el desarrollo pol¨ªtico de los espa?oles, su aprendizaje de la democracia y su renuncia a las soluciones de fuerza; al no brindar perspectivas de integraci¨®n pol¨ªtica a sectores ideol¨®gicos y sociales cada vez m¨¢s numerosos (carlistas, republicanos, m¨¢s tarde socialistas, nacionalistas perif¨¦ricos...), los empujaba hacia la radicalizaci¨®n y erosionaba todav¨ªa m¨¢s las ya fr¨¢giles bases del r¨¦gimen, propiciando su ca¨ªda a medio plazo.

Sin embargo, y a pesar de antecedentes tan poco brillantes, el ideal del bipartidismo perfecto, el sue?o de que la pol¨ªtica espa?ola fuese s¨®lo cosa de dos sigue gozando de un prestigio y un predicamento notables en nuestra vida p¨²blica. La pluralidad partidista y territorial del ¨²ltimo antifranquismo, y tambi¨¦n la divisi¨®n del transfranquismo entre AP y UCD, impidieron materializar ese sue?o en 1977-1979, y por consiguiente el bloque de la constitucionalidad, con sus flecos economicosociales (estoy pensando en los pactos de La Moncloa de octubre de 1977, por ejemplo), no se compusieron a dos voces, sino en clave polif¨®nica. No obstante, desde entonces ac¨¢ y sobre todo en legislaturas sin mayor¨ªa absoluta, tanto articulistas como barones de partido han defendido la conveniencia de una reforma electoral y hasta de un compromiso informal, a lo C¨¢novas-Sagasta, que asegure al Partido Popular y al Partido Socialista Obrero Espa?ol una c¨®moda alternancia en el poder y los libere de eventuales servidumbres a fuerzas pol¨ªticas menores, m¨¢xime si ¨¦stas son de car¨¢cter nacionalista perif¨¦rico.

A mi juicio, este reflejo totalizante de los dos grandes partidos estatales, esta tendencia a creer que, representando al 80% de los votantes, poseen no s¨®lo la consiguiente legitimidad democr¨¢tica, sino tambi¨¦n el monopolio de la raz¨®n y casi la verdad absoluta, se ha exteriorizado de un modo inquietante alrededor del pacto antiterrorista que el PSOE y el PP firmaron la pasada semana. Y ahora no me refiero ya al tono de ultim¨¢tum con el que conminan al nacionalismo vasco pac¨ªfico a abjurar de sus herej¨ªas, sino a la prepotencia con la que exigen a las restantes fuerzas pol¨ªticas, sean estatales o auton¨®micas, su adhesi¨®n ciega y muda al famoso documento; a un documento que, con apenas 15 d¨ªas de edad, parece ya tan sagrado e irreformable como las leyes de Licurgo.El pasado 12 de marzo, los votos de los ciudadanos dieron presencia parlamentaria en las Cortes Generales a una docena de formaciones pol¨ªticas distintas que, aun con una representatividad cuantitativa muy desigual, poseen todas una legitimaci¨®n democr¨¢tica de id¨¦ntica cualidad -recordemos que Herri Batasuna / Euskal Herritarrok tuvo el buen gusto de no concurrir a esos comicios.

As¨ª las cosas, si se quer¨ªa alcanzar un pacto que poseyera la fuerza simb¨®lica de la unanimidad, lo procedente era, sin desdoro de la primac¨ªa del PP y el PSOE, incorporar al proceso de discusi¨®n del texto a todos los partidos parlamentarios, de modo que todos pudieran luego sentirlo como propio. En lugar de eso, los dos grandes exigen de aquellos a los que antes excluyeron que entren ahora en el pacto por la gatera de una adhesi¨®n humillante y sin derechos, dejando en ella mechones de su dignidad pol¨ªtica. Y cuando, l¨®gicamente, se muestran remisos a hacerlo, entonces se les coacciona con insinuaciones de complicidad o de tibieza respecto del terrorismo: Izquierda Unida asumi¨® en su ¨²ltima asamblea ?el derecho de autodeterminaci¨®n para el Pa¨ªs Vasco!, y en cuanto al Bloque Nacionalista Galego y a Converg¨¨ncia i Uni¨®, ya se sabe que tienen suscrita con el Partido Nacionalista Vasco la nefanda Declaraci¨®n de Barcelona...

Que el Partido Popular se lance a fondo por un terreno tan yermo de valores democr¨¢ticos no es, desgraciadamente, ninguna sorpresa, a la luz de sus decisiones en tantos otros ¨¢mbitos, desde la pol¨ªtica de extranjer¨ªa a los indultos, pasando por la concesi¨®n de licencias de televisi¨®n o las reformas educativas. Pero, ?qu¨¦ hace ah¨ª el esperanzador PSOE de Rodr¨ªguez Zapatero? ?No hay nadie -Maragall, Antich, Iglesias, P¨¦rez Touri?o..., quien sea- que pueda convencerle de frenar este desprop¨®sito?