Inmigrantes a la deriva

El Gobierno adelant¨® ayer, por boca del secretario para la Extranjer¨ªa, Fern¨¢ndez-Miranda, el n¨²mero de inmigrantes sin papeles que deber¨¢n abandonar Espa?a, por grado o por fuerza, a partir de enero, coincidiendo con la entrada en vigor de la nueva Ley de Extranjer¨ªa: unos 30.000. Pueden ser m¨¢s si no se resuelven favorablemente los expedientes de 60.000 inmigrantes m¨¢s que no pudieron demostrar su permanencia en Espa?a desde antes del 1 de junio de 1999.Esta expulsi¨®n masiva plantea dif¨ªciles problemas de ejecuci¨®n. Como no es previsible que se vayan por voluntad propia, habr¨¢ que proceder a localizarlos, detenerlos y expulsarlos. Una tarea complicada cuando se trata de miles de personas, de las que en muchos casos no existen datos verificables sobre su pa¨ªs de procedencia. El primer efecto de la nueva Ley de Extranjer¨ªa no puede ser m¨¢s negativo para un gran n¨²mero de inmigrantes. Hecha la teor¨ªa, ahora hay que ver c¨®mo se lleva a la pr¨¢ctica.

En todo caso, esa tarea no puede apartar al Gobierno del objetivo de proceder cuanto antes al examen de los expedientes de los 60.000 inmigrantes rechazados en principio en el proceso extraordinario de regularizaci¨®n. Aquella iniciativa del PSOE, aceptada por el PP, ser¨ªa el efecto menos malo de la nueva ley. Pero el Ejecutivo deber¨ªa darse prisa en ofrecer esa nueva oportunidad, aunque s¨®lo fuese para evitar que se repitan espect¨¢culos como el de Almer¨ªa: riadas de inmigrantes llevados de aqu¨ª para all¨¢ por no se sabe qui¨¦n, en busca de papeles que nadie les va dar. La nueva Ley de Extranjer¨ªa todav¨ªa tardar¨¢ dos o tres semanas en entrar en vigor, pero su esp¨ªritu de desconfianza hacia el inmigrante est¨¢ plenamente vigente. No va a impedir que sigan llegando miles de ellos a Espa?a, pero har¨¢ mucho m¨¢s dif¨ªcil la estancia de los que logren burlar los controles fronterizos y se aventuren a vivir y trabajar bajo la amenaza de la expulsi¨®n inminente.

La tarea m¨¢s inmediata y urgente ser¨¢ crear centros de acogida y de atenci¨®n sociosanitaria para los inmigrantes sin papeles llegados a las costas espa?olas. Los problemas de acogida de estos inmigrantes se han trasladado de Ceuta y Melilla a Andaluc¨ªa entera. Centenares de ellos, quiz¨¢ miles, esperan una decisi¨®n administrativa sobre su inmediato futuro. Mientras tanto, esas personas necesitan centros donde comer y ser asistidos. El problema ha adquirido una envergadura que no se resuelve, como hasta ahora, con campamentos de ocasi¨®n como los de Calamocarro, en Ceuta, y La Granja, en Melilla, al otro lado del Estrecho. Tampoco con la generosidad y buena voluntad de los habitantes de la zona. Se necesitan infraestructuras estables para acoger un flujo de inmigrantes que se prev¨¦ permanente a medio plazo.

La nueva Ley de Extranjer¨ªa, precisamente por restringir al m¨¢ximo los derechos del inmigrante irregular y negarle en la pr¨¢ctica la posibilidad de regularizar su situaci¨®n, obligar¨¢ al Gobierno y a las administraciones a estar muy pendientes de su conflictiva aplicaci¨®n. Es necesaria no s¨®lo una red de centros de acogida en las fronteras, sino una actuaci¨®n p¨²blica preferente en las 50 zonas de concentraci¨®n de inmigrantes ya existentes. ?Va a permitir el Ejecutivo, con la flamante nueva ley bajo el brazo, que sigan existiendo situaciones de explotaci¨®n como la de la recogida de c¨ªtricos en la regi¨®n valenciana? Los 30.000 millones que pide la oposici¨®n socialista para este tipo de actuaciones, contemplados en el llamado Plan Greco de Ayuda a la Inmigraci¨®n, quiz¨¢ sean excesivos. Pero los 500 millones que ofrece el Ejecutivo son manifiestamente insuficientes. No deja de ser curioso que la Ley de Extranjer¨ªa entre en vigor al tiempo que Espa?a -gracias a los inmigrantes llegados en los dos ¨²ltimos a?os- logra superar la barrera de los 40 millones de habitantes y detener as¨ª su declinante ¨ªndice de natalidad.