Junta y Gobierno subvencionar¨¢n la construcci¨®n de alojamientos para temporeros en 42 municipios

La falta de viviendas constituye uno de los problemas m¨¢s acuciantes de los inmigrantes que trabajan como temporeros agr¨ªcolas en Andaluc¨ªa y, a la vez, uno de los lastres que dificulta su integraci¨®n social. El Gobierno andaluz aprobar¨¢ en breve un decreto para impulsar la construcci¨®n de alojamientos destinados a los temporeros agr¨ªcolas (tanto espa?oles como extranjeros), cuyo texto ha sido consensuado con el Ejecutivo. El borrador del decreto contempla subvenciones para los promotores de hasta el 30% sobre el precio m¨¢ximo de venta de las viviendas, que deber¨¢n destinarse al alquiler de forma obligatoria.

El marco inicial de actuaci¨®n de este decreto se limita a 42 municipios de las provincias de Almer¨ªa, Huelva, Ja¨¦n, C¨®rdoba y Granada, donde se registran las mayores corrientes migratorias fruto de la oferta laboral.El proceso para gestar esta iniciativa de la Consejer¨ªa de Obras P¨²blicas, la competente en materia de vivienda y urbanismo, ha sido largo, entre otras razones por la necesidad de consensuar su contenido con el Ministerio de Fomento. El primer contacto entre ambas Administraciones tuvo lugar antes de las elecciones generales y auton¨®micas cuando el titular andaluz de Obras P¨²blicas era a¨²n Francisco Vallejo. Aunque se trata de una medida del Gobierno auton¨®mico, la Administraci¨®n central contribuye con fondos para subvencionar la construcci¨®n de alojamientos.

Aunque el III Plan Andaluz de Vivienda y Suelo (1999-2002) contemplaba medidas que podr¨ªan beneficiar al colectivo de inmigrantes, lo cierto es que el decreto ser¨¢ el primer instrumento espec¨ªfico que adopte el Gobierno andaluz para tratar de remediar la falta de alojamientos dignos para los extranjeros, especialmente dram¨¢tica en comarcas como el Poniente de Almer¨ªa, que tambi¨¦n se repiten de forma puntual en localidades freseras de Huelva o en municipios de Ja¨¦n en la recogida de la aceituna.

El decreto, en principio, beneficiar¨¢ a todos los trabajadores temporeros, extranjeros y espa?oles. Sin embargo, los favorecidos ser¨¢n principalmente inmigrantes, que constituyen la principal mano de obra agr¨ªcola en numerosas localidades andaluzas. El borrador del texto contempla dos l¨ªneas de actuaci¨®n, aunque ambas descansan en la iniciativa privada. Por un lado, Obras P¨²blicas fomentar¨¢ la construcci¨®n de unidades habitacionales, a medio camino entre la vivienda tradicional y la residencia colectiva, que se destinar¨ªan a trabajadores con contratos de corta duraci¨®n.

El segundo bloque de ayudas pretende incentivar la construcci¨®n de viviendas, cuya superficie no debe superar los 70 metros cuadrados, dirigidas de forma prioritaria a trabajadores que posean un contrato m¨¢s estable y que cuenten con familia a su cargo. Dado que el decreto establece que, salvo excepciones (que no se concretan), las construcciones tendr¨¢n que ejecutarse sobre suelos declarados urbanos, la medida tiene tambi¨¦n una vertiente social al fomentar la integraci¨®n de las familias adjudicatarias con la poblaci¨®n de acogida y evitar el aislamiento espacial.

Para animar a la iniciativa privada a construir, Junta y Gobierno otorgar¨¢n una subvenci¨®n equivalente al 30% (pagada al alim¨®n) del precio m¨¢ximo al que hubieran podido venderse las viviendas, que s¨®lo podr¨¢n ser arrendadas por un importe l¨ªmite (inferior al 5% del precio m¨¢ximo al que hubiera podido venderse la vivienda).

Los destinatarios de las viviendas tendr¨¢n que cumplir una serie de requisitos como disponer de ingresos familiares anuales inferiores a los 2,5 millones de pesetas, ser trabajadores temporales desplazados de su domicilio habitual y, en el caso de los ocupantes de las unidades habitacionales, tienen que acreditar que reciben ingresos suficientes para pagar el arrendamiento. Estas unidades no deben superar los 40 metros cuadrados de superficie.