Bruselas ultima un expediente contra las ayudas el¨¦ctricas y podr¨ªa forzar su devoluci¨®n

El comisario de la Competencia de la Comisi¨®n Europea, Mario Monti, tras dos a?os de tr¨¢mites, ha perfilado ya los borradores en los que comunica al Gobierno espa?ol la apertura de expediente por permitir que las empresas el¨¦ctricas cobren 1,3 billones de pesetas en concepto de costes de transici¨®n a la competencia (CTC). En esos documentos de la Comisi¨®n se recoge la advertencia de que, si las ayudas son declaradas finalmente ilegales, podr¨ªa forzar su devoluci¨®n. Las compa?¨ªas han cobrado por ese concepto hasta ahora m¨¢s de 400.000 millones de pesetas.

Informaci¨®n tard¨ªa

La comunicaci¨®n preparada por los servicios del comisario de la Competencia para su env¨ªo al vicepresidente segundo y ministro de Econom¨ªa, Rodrigo Rato, destaca que el Gobierno espa?ol permiti¨® a las compa?¨ªas el¨¦ctricas cobrar en el a?o 1998 un total de 226.422 millones en concepto de ayudas sin notificarlo de forma debida -a trav¨¦s de la Secretar¨ªa General de la Comisi¨®n Europea- hasta el 28 de enero de 1999. Adem¨¢s, la Comisi¨®n advierte de que, si las ayudas son declaradas finalmente ilegales, podr¨ªa forzar su devoluci¨®n.Los borradores preparados por los servicios que dirige Mario Monti forman parte del expediente confidencial Ayudas de Estado NN 49/99-Espagne, elaborado para su debate este mes en Bruselas y que ha sido aplazado hasta el pr¨®ximo mes de enero por las alegaciones presentadas por la comisaria de Energ¨ªa, la espa?ola Loyola de Palacio. ?sta reclama competencias en el asunto y rechaza la consideraci¨®n de los CTC como ayudas de Estado.

Pulso en la CE

En general, los servicios de la Competencia de Bruselas recogen en el borrador todas las consideraciones ya debatidas en los ¨²ltimos meses: que las ayudas pactadas en 1997 por el entonces ministro de Industria, Josep Piqu¨¦, con las empresas el¨¦ctricas, no est¨¢n justificadas y que contravienen la legislaci¨®n comunitaria. Pero el documento revela c¨®mo han discurrido los contactos con la Administraci¨®n espa?ola desde el primer contacto cara a cara con las Direcciones IV y XVII de Bruselas ( 3 de junio de 1998) hasta el intercambio de una veintena de cartas entre diciembre de 1998 y abril de este mismo a?o.

Del laberinto de documentos, discusiones y art¨ªculos del Tratado, los servicios de la Competencia destacan que el Gobierno espa?ol comunic¨® los cambios legislativos (Ley del Sector El¨¦ctrico) pactados con el sector, el 20 de enero de 1998. Pero lo hizo a la Direcci¨®n General XVII, cuando "seg¨²n se refiere expresamente en el art¨ªculo 88 (3) del Tratado de la CE", la notificaci¨®n, para ser considerada oficial, debe ser tramitada a trav¨¦s de la Secretar¨ªa General de la Comisi¨®n Europea. Durante ese periodo en el que las autoridades de Bruselas no ten¨ªan constancia "oficial" de los pagos, las compa?¨ªas el¨¦ctricas espa?olas cobraron 226.422 millones de pesetas, seg¨²n consta en el citado documento.

El art¨ªculo del Tratado al que se refieren los servicios del comisario Mario Monti, 88.3, dice: "La Comisi¨®n Europea ser¨¢ informada de los proyectos dirigidos a conceder o modificar ayudas con la suficiente antelaci¨®n para poder presentar sus observaciones. Si considerare que un proyecto no es compatible con el mercado com¨²n (...), la Comisi¨®n iniciar¨¢ sin demora el procedimiento previsto en el apartado anterior. El Estado miembro interesado no podr¨¢ ejecutar las medidas proyectadas antes que en dicho procedimiento haya reca¨ªdo decisi¨®n definitiva".

Otro elemento destacado, por las repercusiones que pudiera tener en el futuro, es la clara advertencia del departamento del comisario Mario Monti al Gobierno cuando detalla: "La Comisi¨®n Europea recuerda al Reino de Espa?a el efecto suspensivo del art¨ªculo 88, p¨¢rrafo 3, del Tratado de la CE", y el Reglamento del Consejo, que precisa "que toda ayuda otorgada ilegalmente" podr¨¢ ser reclamada a sus beneficiarios.

La posibilidad de que las empresas tengan que devolver lo cobrado por las ayudas (m¨¢s de 400.000 millones de pesetas a fecha de hoy), provoca escalofr¨ªos tanto en el Gobierno como en los responsables de las empresas.

?stas consideran que las ayudas el¨¦ctricas son una compensaci¨®n por el cambio de legislaci¨®n que supuso la Ley del Sector El¨¦ctrico del a?o 1997 -norma que derog¨® el anterior Marco Legal y Estable- y que, en el caso de que los costes de transici¨®n a la competencia fueran declarados ilegales, tendr¨ªan derecho a compensaciones.

As¨ª lo expuso el pasado jueves el consejero delegado de Endesa, Rafael Miranda, y as¨ª lo han repetido en m¨²ltiples ocasiones representantes de la asociaci¨®n de empresas del sector, Unesa.

De alguna forma, los documentos recogen tambi¨¦n el pulso entre los miembros de la Comisi¨®n Europea Mario Monti y Loyola de Palacio, ya que el departamento de Monti se pronuncia a favor de abrir procedimiento a Espa?a "sin perjuicio de la eventual aplicaci¨®n del Tratado Euratom a ciertas disposiciones del r¨¦gimen de los CTC". El tratado internacional Euratom es la percha que ha utilizado la ex ministra de Agricultura espa?ola y responsable de Energ¨ªa de la Comisi¨®n, Loyola de Palacio, para reclamar su participaci¨®n en el debate sobre las ayudas el¨¦ctricas en Espa?a y retrasar el desenlace de un asunto que Monti, seg¨²n sus propias palabras, est¨¢ "deseoso" de finiquitar.