Una ley en el vac¨ªo

Uno de los temores expresados por la oposici¨®n al aprobarse, hace m¨¢s de un a?o, en el Parlamento la Penal del Menor fue que su entrada en vigor se produjera sin que las administraciones -Gobierno y autonom¨ªas- hubieran realizado las inversiones necesarias para hacerla viable. El temor no era infundado. En v¨ªsperas de su entrada en vigor, el pr¨®ximo 13 de enero, existe preocupaci¨®n de que, al menos en algunos aspectos, la nueva ley se aplique en el vac¨ªo. Aparte del indudable golpe que ha supuesto para su credibilidad el endurecimiento del tratamiento penal relativo a los menores de 18 a?os implicados en acciones de lucha callejera, la nueva norma inicia su andadura con graves carencias de infraestructura.La anterior titular de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, cifr¨® en unos 5.000 millones de pesetas la inversi¨®n en centros, preparaci¨®n de personal judicial y creaci¨®n de equipos multiprofesionales -pedagogos, asistentes sociales y psic¨®logos- previstos en la ley. El actual titular de este departamento declar¨® recientemente que el Gobierno hab¨ªa invertido 1.000 millones. ?Debe entenderse que los 4.000 millones restantes son de la responsabilidad inversora de las autonom¨ªas o que han sido sacrificados ante el altar del d¨¦ficit cero? El caso es que el Defensor del Pueblo se ha cre¨ªdo obligado a pedir al Gobierno una moratoria alegando graves carencias de medios y ausencia de criterios para una aplicaci¨®n homog¨¦nea de la nueva norma. El Gobierno dirigi¨® al Defensor del Pueblo al Parlamento. Y ha sido el Parlamento, en concreto el Senado, y m¨¢s en concreto el PP y el PSOE, los que recientemente han decidido no atender la moratoria total pedida por el Defensor, pero s¨ª congelar durante dos a?os la ley para los j¨®venes entre 18 y 21 a?os de edad. Durante ese tiempo, los jueces no podr¨¢n decidir que un joven internado que cumpla 18 a?os -mayor¨ªa de edad penal- siga en el reformatorio. Pasar¨¢ a un centro penitenciario normal. La causa de la congelaci¨®n parcial de la ley ha sido el temor de las autonom¨ªas que tienen transferidas las competencias de menores a que sus centros de reforma se saturen. A partir del d¨ªa 13 de enero comenzar¨¢n a recibir las primeras remesas de los m¨¢s de mil internos, preventivos y penados, que hay en las c¨¢rceles. Pero ya se sab¨ªa desde hace al menos un a?o que har¨ªan falta centros especiales, nuevos o remodelados, para la rehabilitaci¨®n de los j¨®venes delincuentes. Y fiscales especializados en la instrucci¨®n de las diligencias, nuevos jueces de menores y equipos t¨¦cnicos dedicados al seguimiento de los fines socioeducativos asignados a las medidas de internamiento. ?D¨®nde est¨¢n? Es de temer que, al menos en parte, deba hacerse mal y tarde lo que irresponsablemente se ha dejado de hacer a su tiempo.