La juez concluye que las empresas no fueron imprudentes y archiva el 'caso Aznalc¨®llar'

Los peritos judiciales hab¨ªan marcado el camino, y la juez Celia Belhadj-Ben, instructora del caso Aznalc¨®llar, lo sigui¨® hasta el final. Belhadj-Ben dio ayer carpetazo a las diligencias penales abiertas apenas un par de d¨ªas despu¨¦s de que la balsa minera de la multinacional Boliden reventara el 25 de abril de 1998 y vertiera su carga t¨®xica en el entorno del parque nacional de Do?ana. En un auto difundido ayer, la instructora concluye que ni Boliden ni las filiales de Dragados y Construcciones que redactaron los proyectos de construcci¨®n y recrecimiento de la balsa incurrieron en un delito de "imprudencia grave" y, por tanto, desestima la existencia de responsabilidades penales en el caso.

La magistrada, en comisi¨®n de servicios en el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 1 de Sanl¨²car la Mayor (Sevilla), centra su an¨¢lisis en si la rotura de la balsa minera de Aznalc¨®llar fue provocada por alguna imprudencia en la actuaci¨®n de la filial espa?ola de Boliden, propietaria de la mina de Aznalc¨®llar desde 1987 o en la construcci¨®n (1978) y recrecimiento de la presa (1996), proyectos elaborados, respectivamente, por Intecsa y Geocisa ( filiales de Dragados y Construcciones). En la instrucci¨®n estaban imputados 26 personas: 13 t¨¦cnicos de Geocisa, siete de Boliden Apirsa, tres ingenieros de Intecsa, dos funcionarios de la Junta de Andaluc¨ªa y uno del Instituto Tecnol¨®gico Geominero Espa?ol (Ministerio de Medio Ambiente).Los delitos contra el medio ambiente pueden ser castigados con penas de prisi¨®n de seis meses a cuatro a?os, pero la juez se acoge al art¨ªculo 331 del C¨®digo Penal que permite sancionar con "la pena inferior en grado" en caso de que los supuestos hechos delictivos tuvieran su origen en "una imprudencia grave". Y la conclusi¨®n de Belhadj-Ben es tajante: "No concurren los elementos necesarios para la persecuci¨®n penal".

La instructora no aprecia que en la rotura de la balsa minera se diesen los requisitos que definen una actuaci¨®n imprudente - "la ausencia de absoluta cautela o la desatenci¨®n grosera relevante de lo que es exigible a cualquier persona"- y para ello basa toda su argumentaci¨®n en las conclusiones del informe pericial realizado por Antonio Gens y Eduardo Alonso, catedr¨¢ticos de la Universidad Polit¨¦cnica de Catalu?a.

El informe pericial -cuya realizaci¨®n paraliz¨® la instrucci¨®n durante m¨¢s de nueve meses-, consider¨® que en los proyectos de construcci¨®n y recrecimiento de la balsa se hab¨ªa calculado mal la resistencia del subsuelo arcilloso sobre el que se aposentaba la balsa y la presi¨®n que ejerc¨ªan los residuos mineros; de hecho, en el momento de la rotura, la presa apenas estaba a la mitad de su capacidad te¨®rica (15 millones de metros c¨²bicos). En sus conclusiones, sin embargo, los peritos matizaban que los c¨¢lculos hab¨ªan sido realizados conforme a la "pr¨¢ctica habitual o convencional", tal y como recoge en may¨²sculas el auto de 39 folios.

"La informaci¨®n disponible apunta a que en la pr¨¢ctica convencional dichos fen¨®menos [la rotura progresiva en suelos arcillosos] no eran habitualmente considerados en los c¨¢lculos de estabilidad", corroboran los peritos en respuesta a preguntas de los abogados personados. La juez argumenta que "la culpa relacionada con la conducta de un profesional, con saberes y conocimientos espec¨ªficos de prevenci¨®n del da?o" debe basarse en una actitud "negligente", que en esta caso no aprecia.

Acciones civiles

El auto cierra la v¨ªa de persecuci¨®n penal, pero deja abierta la posibilidad de entablar acciones civiles para reclamar el resarcimiento de da?os y perjuicios. Eso s¨ª, el coordinador de Ecologistas en Acci¨®n, Juan Clavero, y el abogado de varios agricultores afectados por la riada t¨®xica, Jes¨²s L¨®pez de Lem¨²s, anunciaron ayer que recurrir¨¢n ante la juez, y posteriormente ante la Audiencia de Sevilla, el archivo de las diligencias penales. El portavoz regional de Los Verdes, Ignacio Garrido, tild¨® de "escandalosa" la decisi¨®n judicial y record¨® que Belhadj-Ben ya hab¨ªa archivado en 1996 diligencias por las filtraciones en el dique de la balsa minera.Las administraciones implicadas reaccionaron con m¨¢s cautela. Tanto la Junta de Andaluc¨ªa como el Ministerio de Medio Ambiente esperar¨¢n a estudiar el auto para decidir si recurren el archivo de las diligencias penales o inician la v¨ªa civil.

Una factura de 40.000 millones

"El archivo de las diligencias penales supone que Boliden Apirsa ha actuado de una manera responsable". "La satisfacci¨®n es enorme porque el perjuicio al que se ha visto sometida Geocisa ha sido muy grande". Los representantes de las filiales de Boliden Limited y Dragados y Construcciones, las dos empresas implicadas en el accidente minero, mostraron ayer su alivio tras la decisi¨®n de la juez Celia Belhadj-Ben. Ahora, si los recursos no prosperan, a las Administraciones s¨®lo les queda la v¨ªa civil para recuperar, al menos, parte de la factura p¨²blica del desastre: unos 40.000 millones.

La Junta y el Gobierno central se gastaron unos 20.000 millones de pesetas en limpiar unas 5.000 hect¨¢reas del valle del Guadiamar de lodos t¨®xicos (ricos en metales pesados como el cinc o el ars¨¦nico) en apenas un a?o. Adem¨¢s, el Ejecutivo andaluz ha invertido otros 8.000 millones para garantizar la restauraci¨®n medioambiental, objetivo que seg¨²n los cient¨ªficos est¨¢ casi logrado dos a?os y medio despu¨¦s del desastre que convirti¨® al entorno de Do?ana en la mayor extensi¨®n de suelo contaminado de la UE.

Para acometer su proyecto de regeneraci¨®n, la Junta realiz¨® una operaci¨®n que fue muy criticada por los m¨¢s de 200 propietarios agr¨ªcolas afectados: tras intentar la compra de las tierras (s¨®lo pudo adquirir el 25%), decidi¨® expropiarlas. La operaci¨®n le cost¨® a las arcas auton¨®micas m¨¢s de 10.000 millones, pero a su vez, convirti¨® a la Junta en due?a, no s¨®lo de las tierras, sino tambi¨¦n de los derechos sobre posibles indemnizaciones.

Varios agricultores y la organizaci¨®n agraria Asaja recurrieron por la v¨ªa contencioso-administrativa la decisi¨®n auton¨®mica, que consideran inconstitucional. Adem¨¢s de la Junta, algunos agricultores tienen todav¨ªa la opci¨®n de reclamar da?os y perjuicios por las cosechas de 1999 y 2000 (Boliden ya indemniz¨® con 1.700 millones la de 1998) y por la p¨¦rdida de sistemas de riego y maquinarias. El Ministerio de Medio Ambiente, por tener las competencias sobre el dominio hidr¨¢ulico del r¨ªo Guadiamar) tambi¨¦n podr¨ªa recurrir a la v¨ªa civil.

Todos los afectados apuntan que pedir¨¢n cuentas a Boliden Apirsa. A su vez, la filial espa?ola de Boliden Limited "se reserva el derecho de actuar por la v¨ªa civil" contra las filiales de Dragados, seg¨²n advierte en un comunicado difundido ayer. En lo que coinciden los expertos consultados es en la dificultad de pasarle el muerto a la matriz, Boliden Limited, al estar su filial espa?ola constituida como una sociedad limitada. Y la situaci¨®n econ¨®mica de Boliden Apirsa arroja a¨²n m¨¢s dudas: est¨¢ en suspensi¨®n de pagos, con una deuda de 14.000 millones (sus activos valen 34.000 millones) y ya ha anunciado que dejar¨¢ la explotaci¨®n en noviembre de 2001.