La Ley de Enjuiciamiento Civil entra hoy en vigor sin medios ni dinero para su aplicaci¨®n

La entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con novedades como la inmediaci¨®n -presencia activa del juez- y la oralidad -proceso predominantemente verbal- ha suscitado entre los jueces que tendr¨¢n que aplicarla reacciones que resaltan el riesgo de colapso en los juzgados civiles. Los acuerdos tomados en las ¨²ltimas semanas por diversas juntas de jueces y otros colectivos relacionan los problemas de aplicaci¨®n de la nueva ley con la falta de jueces, de medios materiales y de incrementos retributivos.

El pol¨¦mico proyecto de ley presentado en la anterior legislatura por la entonces ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, se convirti¨® en ley el 7 de enero de 2000, notablemente mejorada durante su tramitaci¨®n parlamentaria. Pero durante el a?o transcurrido no se ha provisto a la Administraci¨®n de Justicia de los medios requeridos por los principios de inmediaci¨®n y oralidad, esenciales en la ley.

El ministro de Justicia, ?ngel Acebes, declar¨® el pasado diciembre a este peri¨®dico que tanto las comunidades aut¨®nomas con competencias transferidas como el Ministerio de Justicia 'han tomado todas las medidas personales y materiales para la entrada en vigor de la ley, a pesar de lo cual habr¨¢ problemas de adaptaci¨®n en el primer a?o', admiti¨®.

El Pa¨ªs Vasco y Catalu?a, por ese orden, se encuentran a la cabeza en dotaci¨®n de medios.

La vocal del Consejo General del Poder Judicial Manuela Carmena -que junto con Dami¨¢n ?lvarez y Francesc Caminal forma la comisi¨®n de seguimiento de dicha ley- reconoce el esfuerzo gubernamental realizado, sobre todo 'teniendo en cuenta', dice, 'que se trataba de una ley sin memoria econ¨®mica'. No obstante, Carmena calcula 'un coste, a la baja, de 10.000 millones de pesetas, sin incluir la creaci¨®n del 35% de nuevos juzgados que creemos necesarios'.

Carmena estima que, a pesar de lo realizado, queda mucho por hacer. Recuerda que en una reuni¨®n con Acebes el pasado 14 de diciembre, los representantes auton¨®micos le reprocharon que Justicia pact¨® a nivel nacional con los sindicatos unas retribuciones para los funcionarios por la entrada en vigor de la nueva ley que deber¨¢n pagar las autonom¨ªas sin haber participado.

Desbordamiento anunciado

Por su parte, todas las asociaciones de jueces y fiscales, con excepci¨®n de la Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura (APM), han anunciado estos d¨ªas que la entrada en vigor de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil provocar¨¢ un 'colapso' en los juzgados de lo civil por la 'falta de medios materiales y personales' para ponerla en marcha.

El portavoz de la APM, mayoritaria y conservadora, Jos¨¦ Luis Requero, dijo a Europa Press que la ley puede dar lugar a 'posibles disfunciones al principio, como todas las leyes renovadoras', por lo que pidi¨® a todos los sectores afectados un esfuerzo de estudio del nuevo articulado 'para que las primeras dificultades se salven cuanto antes'.

Jos¨¦ Mar¨ªa Fern¨¢ndez Seijo y Edmundo Rodr¨ªguez Ach¨²tegui, magistrados de Jueces para la Democracia, aseguran que el Ministerio de Justicia s¨®lo ha dedicado 600 millones de pesetas a la nueva ley en los Presupuestos del Estado para 2000, y 'ni una sola peseta en los de 2001'.

Fern¨¢ndez Seijo, portavoz de Jueces para la Democracia, se?al¨® que la ley contiene 'aspectos muy positivos' pero la dotaci¨®n de medios materiales y personales se ha improvisado deficientemente, lo que llevar¨¢ a un 'bloqueo' de los juzgados. En este sentido, explic¨® que las obras precisas para la adaptaci¨®n de algunos juzgados acaban de comenzar y que los soportes inform¨¢ticos son 'incompletos, no han sido revisados' y adem¨¢s son 'tremebundos'.

El portavoz de la asociaci¨®n judicial Francisco de Vitoria, Jos¨¦ Luis Gonz¨¢lez Armengol, coincidi¨® en la previsi¨®n de un 'colapso, de forma inmediata'. Como ejemplo, expuso que la ley permite la resoluci¨®n de 300 asuntos anuales por ¨®rgano judicial, cuando en algunos juzgados de Madrid entran 1.000 al a?o.

Tambi¨¦n mostr¨® su 'preocupaci¨®n' el portavoz de la Uni¨®n Judicial Independiente, Arturo Beltr¨¢n, quien, en declaraciones a Europa Press, critic¨® la falta de recursos humanos para poner en marcha la LEC.

Por su parte, el portavoz de la mayoritaria y conservadora Asociaci¨®n de Fiscales, Jos¨¦ Antonio Mart¨ªn Caro, indic¨® que la previsi¨®n del Gobierno con la nueva ley ha sido 'nula' en cuesti¨®n de dotaciones materiales. A?adi¨® que como las actuaciones de los fiscales tendr¨¢n que ser realizadas en persona y no servir¨¢n las intervenciones por escrito, se producir¨¢ una sobrecarga y los fiscales no podr¨¢n acudir de hecho a todas las comparecencias.

El portavoz de la Uni¨®n Progresista de Fiscales, Adri¨¢n Salazar, afirm¨® que aunque los procedimientos establecidos en la nueva ley pueden ser adecuados, 'no lo son los medios dispuestos hasta ahora'.

Peticiones de traslado

A la vez que numerosos jueces civiles est¨¢n pidiendo su traslado a otras jurisdicciones, las fiscal¨ªas han puesto de manifiesto las dificultades de la plantilla actual para hacer efectiva la presencia del fiscal que la nueva ley impone. As¨ª, el fiscal jefe de Madrid, Mariano Fern¨¢ndez Bermejo, pidi¨® el pasado 28 de diciembre al fiscal general del Estado, Jes¨²s Cardenal, un aumento de m¨¢s de 100 fiscales, adem¨¢s de las instalaciones y medios precisos.

Por su parte, la Junta Auton¨®mica de Magistrados y Jueces de Asturias, reunida el pasado 21 de diciembre, mostr¨® su preocupaci¨®n por la 'absoluta insuficiencia de juzgados' y la 'deficiencia manifiesta de medios f¨ªsicos existentes', inclu¨ªda la de los medios t¨¦cnicos (programas inform¨¢ticos, faxes, soportes audiovisuales e instrumentos de grabaci¨®n) y por la ausencia de las listas de peritos contempladas en la ley.

El decano del Colegio de Abogados de Valencia, Luis Miguel Romero Villafranca, declar¨® que la ley 'est¨¢ hecha de espaldas a la realidad y es de dif¨ªcil aplicaci¨®n', principalmente por la falta de dotaciones y presupuesto.Dada la obligatoriedad de la presencia del juez en todo el procedimiento, la ley 'est¨¢ hecha para una naci¨®n de 11.000 jueces, cuando en Espa?a hay unos 3.000, por lo que no s¨®lo no va a solucionar el problema de lentitud de la Justicia sino que corre el grave riesgo de agudizarse'.La entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con novedades como la inmediaci¨®n -presencia activa del juez- y la oralidad -proceso predominantemente verbal- ha suscitado entre los jueces que tendr¨¢n que aplicarla reacciones que resaltan el riesgo de colapso en los juzgados civiles. Los acuerdos tomados en las ¨²ltimas semanas por diversas juntas de jueces y otros colectivos relacionan los problemas de aplicaci¨®n de la nueva ley con la falta de jueces, de medios materiales y de incrementos retributivos.

El pol¨¦mico proyecto de ley presentado en la anterior legislatura por la entonces ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, se convirti¨® en ley el 7 de enero de 2000, notablemente mejorada durante su tramitaci¨®n parlamentaria. Pero durante el a?o transcurrido no se ha provisto a la Administraci¨®n de Justicia de los medios requeridos por los principios de inmediaci¨®n y oralidad, esenciales en la ley.

El ministro de Justicia, ?ngel Acebes, declar¨® el pasado diciembre a este peri¨®dico que tanto las comunidades aut¨®nomas con competencias transferidas como el Ministerio de Justicia 'han tomado todas las medidas personales y materiales para la entrada en vigor de la ley, a pesar de lo cual habr¨¢ problemas de adaptaci¨®n en el primer a?o', admiti¨®.

El Pa¨ªs Vasco y Catalu?a, por ese orden, se encuentran a la cabeza en dotaci¨®n de medios.

La vocal del Consejo General del Poder Judicial Manuela Carmena -que junto con Dami¨¢n ?lvarez y Francesc Caminal forma la comisi¨®n de seguimiento de dicha ley- reconoce el esfuerzo gubernamental realizado, sobre todo 'teniendo en cuenta', dice, 'que se trataba de una ley sin memoria econ¨®mica'. No obstante, Carmena calcula 'un coste, a la baja, de 10.000 millones de pesetas, sin incluir la creaci¨®n del 35% de nuevos juzgados que creemos necesarios'.

Carmena estima que, a pesar de lo realizado, queda mucho por hacer. Recuerda que en una reuni¨®n con Acebes el pasado 14 de diciembre, los representantes auton¨®micos le reprocharon que Justicia pact¨® a nivel nacional con los sindicatos unas retribuciones para los funcionarios por la entrada en vigor de la nueva ley que deber¨¢n pagar las autonom¨ªas sin haber participado.

Desbordamiento anunciado

Por su parte, todas las asociaciones de jueces y fiscales, con excepci¨®n de la Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura (APM), han anunciado estos d¨ªas que la entrada en vigor de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil provocar¨¢ un 'colapso' en los juzgados de lo civil por la 'falta de medios materiales y personales' para ponerla en marcha.

El portavoz de la APM, mayoritaria y conservadora, Jos¨¦ Luis Requero, dijo a Europa Press que la ley puede dar lugar a 'posibles disfunciones al principio, como todas las leyes renovadoras', por lo que pidi¨® a todos los sectores afectados un esfuerzo de estudio del nuevo articulado 'para que las primeras dificultades se salven cuanto antes'.

Jos¨¦ Mar¨ªa Fern¨¢ndez Seijo y Edmundo Rodr¨ªguez Ach¨²tegui, magistrados de Jueces para la Democracia, aseguran que el Ministerio de Justicia s¨®lo ha dedicado 600 millones de pesetas a la nueva ley en los Presupuestos del Estado para 2000, y 'ni una sola peseta en los de 2001'.

Fern¨¢ndez Seijo, portavoz de Jueces para la Democracia, se?al¨® que la ley contiene 'aspectos muy positivos' pero la dotaci¨®n de medios materiales y personales se ha improvisado deficientemente, lo que llevar¨¢ a un 'bloqueo' de los juzgados. En este sentido, explic¨® que las obras precisas para la adaptaci¨®n de algunos juzgados acaban de comenzar y que los soportes inform¨¢ticos son 'incompletos, no han sido revisados' y adem¨¢s son 'tremebundos'.

El portavoz de la asociaci¨®n judicial Francisco de Vitoria, Jos¨¦ Luis Gonz¨¢lez Armengol, coincidi¨® en la previsi¨®n de un 'colapso, de forma inmediata'. Como ejemplo, expuso que la ley permite la resoluci¨®n de 300 asuntos anuales por ¨®rgano judicial, cuando en algunos juzgados de Madrid entran 1.000 al a?o.

Tambi¨¦n mostr¨® su 'preocupaci¨®n' el portavoz de la Uni¨®n Judicial Independiente, Arturo Beltr¨¢n, quien, en declaraciones a Europa Press, critic¨® la falta de recursos humanos para poner en marcha la LEC.

Por su parte, el portavoz de la mayoritaria y conservadora Asociaci¨®n de Fiscales, Jos¨¦ Antonio Mart¨ªn Caro, indic¨® que la previsi¨®n del Gobierno con la nueva ley ha sido 'nula' en cuesti¨®n de dotaciones materiales. A?adi¨® que como las actuaciones de los fiscales tendr¨¢n que ser realizadas en persona y no servir¨¢n las intervenciones por escrito, se producir¨¢ una sobrecarga y los fiscales no podr¨¢n acudir de hecho a todas las comparecencias.

El portavoz de la Uni¨®n Progresista de Fiscales, Adri¨¢n Salazar, afirm¨® que aunque los procedimientos establecidos en la nueva ley pueden ser adecuados, 'no lo son los medios dispuestos hasta ahora'.

Peticiones de traslado

A la vez que numerosos jueces civiles est¨¢n pidiendo su traslado a otras jurisdicciones, las fiscal¨ªas han puesto de manifiesto las dificultades de la plantilla actual para hacer efectiva la presencia del fiscal que la nueva ley impone. As¨ª, el fiscal jefe de Madrid, Mariano Fern¨¢ndez Bermejo, pidi¨® el pasado 28 de diciembre al fiscal general del Estado, Jes¨²s Cardenal, un aumento de m¨¢s de 100 fiscales, adem¨¢s de las instalaciones y medios precisos.

Por su parte, la Junta Auton¨®mica de Magistrados y Jueces de Asturias, reunida el pasado 21 de diciembre, mostr¨® su preocupaci¨®n por la 'absoluta insuficiencia de juzgados' y la 'deficiencia manifiesta de medios f¨ªsicos existentes', inclu¨ªda la de los medios t¨¦cnicos (programas inform¨¢ticos, faxes, soportes audiovisuales e instrumentos de grabaci¨®n) y por la ausencia de las listas de peritos contempladas en la ley.

El decano del Colegio de Abogados de Valencia, Luis Miguel Romero Villafranca, declar¨® que la ley 'est¨¢ hecha de espaldas a la realidad y es de dif¨ªcil aplicaci¨®n', principalmente por la falta de dotaciones y presupuesto.Dada la obligatoriedad de la presencia del juez en todo el procedimiento, la ley 'est¨¢ hecha para una naci¨®n de 11.000 jueces, cuando en Espa?a hay unos 3.000, por lo que no s¨®lo no va a solucionar el problema de lentitud de la Justicia sino que corre el grave riesgo de agudizarse'.