En defensa del Estado de derecho

El Pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo acord¨® ayer, por mayor¨ªa de ocho votos contra seis, que no procede aplicar el indulto concedido al ex juez Javier G¨®mez de Lia?o en sus t¨¦rminos literales y, espec¨ªficamente, en lo relativo a su 'reintegro inmediato en la carrera judicial'. La decisi¨®n viene a confirmar lo que ya hab¨ªa se?alado el tribunal sentenciador en su informe previo al indulto: que la expulsi¨®n de la carrera es una pena ya ejecutada de manera irreversible y que, por lo tanto, no es susceptible de ser indultada. El Supremo concluye que la resoluci¨®n del Gobierno 'no se ajusta a las exigencias legales'. Puesto que el control de legalidad es una competencia exclusiva de los tribunales en un Estado de derecho, el Ejecutivo queda desautorizado en su pretensi¨®n de devolver al ex juez prevaricador al escalaf¨®n judicial, aunque el Ministerio de Justicia anunciara ayer mismo la posibilidad de plantear un conflicto jurisdiccional.

La decisi¨®n del Supremo significa una victoria del Estado de derecho y contribuye a restablecer la confianza de los ciudadanos en la justicia, que en esta ocasi¨®n ha tenido que hacer frente a una intolerable avalancha de presiones. El empecinamiento del Gobierno en llevar el reingreso en los tribunales de un ex juez prevaricador hasta el terreno del conflicto jurisdiccional es un hecho de extraordinaria gravedad. Los juristas m¨¢s sensatos ya le hab¨ªan advertido de que se estaba metiendo en un laberinto de salida imposible, por mucho que le fabricaran dict¨¢menes a medida. Las interpretaciones jur¨ªdicas que cuestionaban el car¨¢cter irreversible de la expulsi¨®n de la carrera se han ca¨ªdo con estr¨¦pito.

Ya el hecho de que el macroindulto invocara motivaciones tan extravagantes como el jubileo papal y el fin del milenio transmit¨ªa la impresi¨®n de que se trataba m¨¢s de sostener un pulso pol¨ªtico con la magistratura que de una decisi¨®n justificada por las razones 'de justicia, equidad o inter¨¦s p¨²blico' que cita la ley. Las explicaciones del ministro Acebes, que acab¨® invocando motivos de compasi¨®n, cayeron directamente en el rid¨ªculo.

La pena de inhabilitaci¨®n especial a que fue condenado G¨®mez de Lia?o implica, seg¨²n el art. 42 del C¨®digo Penal, la privaci¨®n definitiva del cargo o empleo, es decir, de su condici¨®n de juez. Es totalmente inveros¨ªmil interpretar que esa expulsi¨®n se refiere al puesto concreto de titular de un determinado juzgado, como se ha pretendido, un tanto a la desesperada, desde los medios que han compartido con el Ejecutivo este tortuoso viaje. Muy singularmente el diario El Mundo, cuyo director parece competir personalmente con el portavoz del Gobierno y que durante el ¨²ltimo mes ha desatado una verdadera tormenta de descalificaciones e insultos contra quienes sosten¨ªan lo que el Supremo refrend¨® ayer.

El Gobierno que preside Aznar ha mostrado una total sinton¨ªa con la orquesta medi¨¢tica que rodeaba al ex juez Lia?o, seguramente porque sus componentes forman parte de la misma banda de m¨²sica. El presidente Aznar respondi¨® a quienes criticaron el indulto diciendo que argumentaban desde el 'rencor' y en defensa de 'intereses mezquinos'. M¨¢s all¨¢ de las rituales declaraciones de respeto a las decisiones de los tribunales, el presidente del Gobierno deber¨ªa aclarar ahora si esos calificativos los hace extensibles al Tribunal Supremo.

La idea de que el indulto es una facultad sin l¨ªmites, no sometida a control alguno, es contraria a la ley y a los principios constitucionales. La ley establece la cautela de atribuir al tribunal sancionador la aplicaci¨®n de la medida de gracia. Pues bien: ese tribunal se ha pronunciado claramente, considerando que la pretensi¨®n de reintegrar de inmediato a Lia?o a la carrera judicial es ilegal. No es concebible que el Gobierno ignore esa resoluci¨®n. No al menos si de verdad respeta el Estado de derecho.

Al colocar al Supremo ante el dilema de aplicar la ley o el real decreto del indulto, el Gobierno adopt¨® una posici¨®n irresponsable; especialmente cuando ya sab¨ªa, por el pronunciamiento previo del tribunal sentenciador, que el Supremo defend¨ªa una interpretaci¨®n de la sentencia incompatible con la pretensi¨®n de reintegrar a Lia?o a la magistratura. Es una p¨¦sima se?al proyectar a los ciudadanos la imagen de que el Gobierno puede corregir sentencias judiciales seg¨²n sus particulares intereses. Eso no puede ignorarlo Aznar. Entonces, la pregunta es qu¨¦ deudas est¨¢ pagando o qu¨¦ silencios est¨¢ comprando al arriesgar tanto para satisfacer a un juez prevaricador.