Las universidades p¨²blicas rechazan las conclusiones del Tribunal de Cuentas

El problema que arrastran las universidades p¨²blicas es la falta de programas de financiaci¨®n para los gastos corrientes, seg¨²n Jos¨¦ Antonio Gonzalo, vicerrector de Asuntos Econ¨®micos de la Universidad de Alcal¨¢. 'Si bien esta universidad tiene un buen programa de inversiones, que nos ha permitido llevar a cabo grandes obras, en cuanto a financiaci¨®n estamos en una situaci¨®n muy deficitaria', reconoci¨®.

El vicerrector rechaza, no obstante, que la subasta sea el principal sistema de adjudicaci¨®n de obras, como propugnan los t¨¦cnicos del Tribunal de Cuentas. 'El concurso [que es el sistema que aplican mayoritariamente las universidades madrile?as] tambi¨¦n est¨¢ recogido por la ley', recuerda.

Por su parte, el rector de la Aut¨®noma, Ra¨²l Villar, asegura que el saldo medio de las distintas cuentas de su universidad es de unos 2.500 millones, 'pudiendo aparecer una diferencia de 84 millones, como se?ala el informe, por el periodo trimestral de conciliaci¨®n de cuentas, que en todo caso est¨¢n revisadas y conformes'.

Revistas cient¨ªficas

Villar destaca igualmente que 'la compra de revistas cient¨ªficas extranjeras, sobre cuya necesidad y urgencia resulta chocante que el Tribunal pida cuentas a una universidad, se hace en todos los pa¨ªses cient¨ªficamente desarrollados a trav¨¦s de un limitad¨ªsimo n¨²mero de distribuidoras internacionales, las cuales participaron en el concurso inicial y que, tras quedar desierto, fueron llamadas de nuevo al procedimiento negociado previsto en la legislaci¨®n'.

En cuanto a la elevaci¨®n en 62 millones del precio de la urbanizaci¨®n de los accesos a la Escuela Inform¨¢tica, a los que el Tribunal de Cuentas no encontraba justificaci¨®n, 'se debi¨® a que durante la ejecuci¨®n de obras apareci¨® de forma inesperada un antiguo vertedero (en el que se descubrieron restos humanos, sobre el que se dio cuenta a la autoridad judicial), que hizo imprescindible la ejecuci¨®n de un nuevo vial y el cambio del firme previsto', seg¨²n el rectorado.

La Universidad Rey Juan Carlos, a la que los auditores p¨²blicos acusaban de haber adjudicado una obra a la empresa m¨¢s cara, considera que 'ha venido siguiendo el criterio de valorar econ¨®micamente las ofertas de las empresas constructoras en funci¨®n de su proximidad a la media aritm¨¦tica resultante de todas las proposiciones econ¨®micas admitidas, excluidas aquellas que estuvieran en baja temeraria'.

'Dentro de la misma proximidad se puntuaban m¨¢s las ofertas que estaban a la baja que aquellas que iban al alza de la expresada media aritm¨¦tica'. Esta modalidad, seg¨²n la universidad, garantizaba una mejor realizaci¨®n de la obra.

La Rey Juan Carlos incide en que 'as¨ª ha venido haci¨¦ndose desde el principio a plena satisfacci¨®n, tanto de las empresas como de los t¨¦cnicos encargados de supervisar las obras'. 'El Tribunal de Cuentas no puso ninguna objeci¨®n a estos criterios de adjudicaci¨®n de obras durante el a?o 1997, por lo que la universidad ha seguido aplic¨¢ndolos hasta que en septiembre de 2000 recibi¨® una notificaci¨®n del citado tribunal sugiriendo algunos cambios a esta forma de actuar'.

Adjudicaci¨®n a Telef¨®nica

La Universidad Polit¨¦cnica, a la que el Tribunal de Cuentas, acus¨® de adjudicar sin concurso un sistema de transmisi¨®n de datos con Telef¨®nica, recuerda que en 1997 se firm¨® un convenio con esta empresa de comunicaciones, ya que en ese momento 'la citada compa?¨ªa era la ¨²nica que dispon¨ªa de tendidos de fibra ¨®ptica que cubr¨ªan la pr¨¢ctica totalidad de las conexiones', lo que justifica sobradamente su contrataci¨®n.

La Universidad Carlos III aleg¨® al informe del Tribunal de Cuentas que 'el hecho de no utilizar las subastas como forma de adjudicaci¨®n en los contratos superiores a los 100 millones se debe principalmente a que la selecci¨®n del empresario no se efect¨²a exclusivamente en atenci¨®n a la oferta cuya precio sea m¨¢s bajo'. Se valoran tambi¨¦n, dicen sus responsables, 'los plazos de ejecuci¨®n, esenciales para la entrada en servicio de nuevos edificios donde albergar titulaciones impartidas por la universidad y que tienen un plazo concreto para empezar'.

La Complutense, por su parte, recuerda que se procedi¨® a cambiar de adjudicatario cuando se descubri¨® que las obras de la ampliaci¨®n de una facultad se tuvieron que suspender por carecer de licencia.

Pero la responsable de asuntos de Universidad del PSOE en la Asamblea, Dolores Rodr¨ªguez Gabucio, calific¨® ayer de 'intolerables' las deficiencias en la gesti¨®n econ¨®mica de las universidades p¨²blicas que ha se?alado el Tribunal de Cuentas, y culp¨® al consejero Gustavo Villapalos por 'dejaci¨®n de su responsabilidad de control'. En su opini¨®n, las deficiencias 'se deben a las prisas, a la comodidad, a la relajaci¨®n, a la falta de medios, a un amiguismo bien intencionado y a necesidades perentorias que lleva a las universidades a eludir la ley de contrataciones', declar¨® a Efe.

El grupo socialista cree que la responsabilidad ¨²ltima de esta situaci¨®n es de Educaci¨®n, 'que ampar¨¢ndose siempre en la autonom¨ªa de las universidades, no ha querido saber nada de lo que pasa'. 'El consejero Villapalos', dijo la diputada, ' ha hecho dejaci¨®n de sus funciones, porque aunque las universidades tengan autonom¨ªa de gesti¨®n, funcionan con dinero p¨²blico, y la Comunidad est¨¢ obligada a vigilar, controlar, coordinar y asesorar a las universidades p¨²blicas'.