El ¨²nico centro p¨²blico de la Comunidad para acoger a menores excarcelados carece de medios

Cinco de los j¨®venes ingresados en Pi Gros proced¨ªan del centro penitenciario de Picassent donde se encontraban internados como reclusos preventivos, pendientes de juicio, algunos de ellos como presuntos autores de un delito grave contra las personas. El sexto procede de la prisi¨®n de Castell¨®n. Los cinco j¨®venes llegaron en un furg¨®n y el sexto en un coche de la Polic¨ªa Nacional que entraron hasta el mismo centro, donde el d¨ªa se desarroll¨® con relativa normalidad.

Los menores fueron recibidos por tres educadores que trabajaban hasta la fecha en un centro abierto para menores protegidos de menos de 16 a?os. Los funcionarios asumieron desde las tareas de recepci¨®n, para cumplimentar los expedientes de entrada, hasta las propias de su profesi¨®n. Junto a ellos se encontraba tambi¨¦n el reci¨¦n nombrado director del centro. Un guardia jurado vigilaba la entrada del centro como medida de seguridad.

La escasez de plantilla, que adem¨¢s no ha recibido la formaci¨®n necesaria para tratar a los excarcelados, qued¨® de nuevo patente. El centro no contaba con un psic¨®logo ni con un asistente social o m¨¦dico. Otro de los derechos previstos por la ley de los que, por el momento, no podr¨¢n gozar los j¨®venes ingresados es el de recibir visitas ya que el centro carece de infraestructuras adecuadas.

Ni lugar ni personal

Las obras de remodelaci¨®n para convertir un centro abierto en cerrado y cautelar finalizaron en la misma tarde del viernes, mientras que el mobiliario m¨¢s necesario, como las camas que han de ser especiales, llegaron ayer.

Por el momento, los menores no podr¨¢n trabajar en ning¨²n taller ocupacional, puesto que no hay ni lugar ni personal para ello. Al no haber plan educacional alguno, los j¨®venes tampoco podr¨¢n recibir educaci¨®n alguna. Los docentes que permanecen en el centro ofrec¨ªan ense?anza primaria, mientras que los nuevos ingresados deber¨ªan ser atendidos a trav¨¦s de un programa de educaci¨®n de adultos.

Fuentes de UGT denuncian, adem¨¢s, que al menos tres de los j¨®venes trasladados a Pi Gros son mayores de 18 a?os, cuando la entrada en vigor de la ley preve¨ªa una moratoria de dos a?os para el traslado de los j¨®venes de entre 18 y 21 a?os que permanecen en prisi¨®n.

El centro privado de La Villa, en Villena, acogi¨® a otros seis j¨®venes. Dos de ellos cumpl¨ªan condena en penales de Murcia y Lugo, pero han sido trasladados al centro m¨¢s pr¨®ximo a sus localidades natales.

El centro que la orden de los Terciarios Capuchinos mantiene en Godella no acogi¨® a ning¨²n menor excarcelado porque s¨®lo est¨¢ preparado para recibir a j¨®venes de edades entre 14 y 16 a?os en r¨¦gimen cerrado, o mayores de 18 en r¨¦gimen abierto.

Rafael Blasco, consejero de Bienestar Social, subray¨® la normalidad que presidi¨® la primera jornada de aplicaci¨®n de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor. Blasco se limit¨® a destacar el n¨²mero de plazas disponibles para acoger a los posibles menores excarcelados en la Comunidad Valenciana, en conjunto unas 60, y anunci¨® la inmediata construcci¨®n de cuatro nuevos centros para desarrollar la nueva ley en la franja de edad de entre 18 y 21 a?os.

Los nuevos centros se construir¨¢n en Vinar¨®s, Valencia, Elche y Alicante y tendr¨¢n capacidad para albergar a 147 posibles excarcelados.

Blasco admiti¨® que los centros dispuestos en la actualidad son 'francamente mejorables', pero defendi¨® las virtudes de la nueva ley para la posible reinserci¨®n de j¨®venes delicuentes y sugiri¨® que el debate pol¨ªtico desatado en torno a la aplicaci¨®n de la norma es interesado.

Fuentes de UGT, sin embargo, consideran que aplicar la ley sin los medios adecuados convierte en 'v¨ªctimas' de la nueva normativa tanto a los j¨®venes excarcelados como a los funcionarios que deben atenderles en condiciones precarias.