El error de Gallard¨®n

El presidente de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz-Gallard¨®n, ha exigido la dimisi¨®n del director general de Telemadrid por considerar escasamente beligerante con la barbarie etarra un reportaje sobre el Pa¨ªs Vasco emitido el lunes. Es posible que al actuar as¨ª haya cre¨ªdo limitarse a trasladar a la pol¨ªtica informativa la l¨ªnea de firmeza plasmada en el pacto antiterrorista firmado por su partido y el PSOE. Sin embargo, esa traslaci¨®n es un disparate.

La experiencia irlandesa ha demostrado que no es con medidas burocr¨¢ticas que cuestionen la libertad de expresi¨®n como se combaten las ideas de los terroristas. Al rev¨¦s: una pol¨ªtica antiterrorista que afecte a las libertades de los ciudadanos es el escenario m¨¢s favorable para ellos. Es cierto que la lucha contra el terrorismo incluye cuestionar tonter¨ªas como que el problema es muy complejo o que todas las ideas son igualmente respetables. Pero esos t¨®picos se refutan con informaci¨®n, no con trabas a la libertad de expresi¨®n. Ruiz-Gallard¨®n ha echado una mancha de tinte autoritario sobre una trayectoria que habitualmente se ha movido en los ant¨ªpodas de ese modo de ejercer el poder.

El formato del reportaje, un encadenamiento de opiniones de dirigentes pol¨ªticos y sociales, sin apenas contextualizaci¨®n, puede ser discutible, incluso resultar irritante para no pocos espectadores. Pero de ah¨ª a considerar que vulneraba principios profesionales o normas exigibles a los periodistas que trabajan en una televisi¨®n p¨²blica media un abismo. Que en el reportaje aparezca Otegi defendiendo que para recuperar el clima de distensi¨®n bastar¨ªa con que los ciudadanos espa?oles renunciasen a defender el actual ordenamiento constitucional refleja la catadura del personaje, pero ni es una novedad ni se trata de un planteamiento que pueda refutarse destituyendo a directores generales.

Los periodistas y los medios asumen como una exigencia ¨¦tica que no pueden ser imparciales frente al terrorismo y la violaci¨®n de los derechos humanos. Pero ni es el caso ni le corresponde a una autoridad pol¨ªtica medir su cumplimiento. La imagen de un presidente destituyendo de manera fulminante a un director general por un programa informativo vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de reformar con car¨¢cter urgente la legislaci¨®n sobre las televisiones p¨²blicas de este pa¨ªs. Y a estos efectos no figura Telemadrid entre los modelos m¨¢s abominables.