El Gobierno central reabre la 'guerra fiscal' sin convocar la comisi¨®n que deb¨ªa resolver las disputas

Aunque los recursos afectan a aspectos de repercusi¨®n muy limitada, que no afectan al n¨²cleo central del Impuesto de Sociedades, llegan en un momento en que la tensi¨®n y las malas relaciones pol¨ªticas entre los gobiernos vasco y central est¨¢n entorpeciendo el inicio de las negociaciones para renovar el Concierto Econ¨®mico, cuya vigencia expira el 31 de diciembre de este a?o. El Gobierno del PP se opone a abordar este asunto con el Ejecutivo de Juan Jos¨¦ Ibarretxe alegando su minor¨ªa parlamentaria y aboga por esperar al que surja de las elecciones auton¨®micas adelantadas.

El Gobierno vasco acus¨® ayer a Madrid de incumplir 'el esp¨ªritu y la letra' de la paz fiscal. Por su parte, el Ministerio de Hacienda acus¨® a la Administraci¨®n vasca de airear ahora los recursos para crear la falsa sensaci¨®n de que hay una 'ofensiva' contra la fiscalidad vasca. La Administraci¨®n central y las diputaciones resaltaron hace un a?o el compromiso adquirido de utilizar en el futuro la Comisi¨®n de Evaluaci¨®n para dialogar e intentar as¨ª no judicializar sus diferencias. Antes de recurrir, el Ministerio de Hacienda envi¨® el pasado mes de septiembre un requerimiento a las Juntas Generales de los tres territorios para solicitar la retirada de las normas, pero al comprobar que segu¨ªan adelante present¨® en diciembre los recursos por la v¨ªa contencioso-administrativa. El responsable de Hacienda de Guip¨²zcoa, Antton Marquet (PNV), reproch¨® al Gobierno que no haya llevado sus diferencias a la Comisi¨®n de Evaluaci¨®n porque 'la discrepancia, que en sus t¨¦rminos originales pod¨ªa ser absolutamente l¨®gica, pod¨ªa haber sido canalizada en este foro'.

Dos de los preceptos recurridos por el abogado del Estado ante el Tribunal Superior de Justicia del Pa¨ªs Vasco est¨¢n incluidos en el Impuesto de Sociedades. La primera de ellas establece una bonificaci¨®n del 15% en la adquisici¨®n de veh¨ªculos industriales no contaminantes (la deducci¨®n prevista en el resto de Espa?a es del 10%). La segunda contempla otra deducci¨®n de un 15% para inversiones en activos de innovaci¨®n con certificados de calidad (el 10% en el resto del Estado). El tercer recurso es contra el precepto de la Ley del Contribuyente que permite reducir en un 40% la cuant¨ªa de las sanciones tributarias en el caso de que el afectado las acepte (un 30% en el territorio com¨²n).

El requerimiento del ministerio fue debatido en el ?rgano de Coordinaci¨®n Tributaria (OCT) del Pa¨ªs Vasco, del que forman parte el Gobierno aut¨®nomo y las tres diputaciones. La conclusi¨®n fue mantener las deducciones por entender que estaban dentro del margen de divergencia pactado. El Gobierno vasco ha acusado a Madrid de incumplir el 'esp¨ªritu y la letra' de la paz fiscal con los nuevos recursos. Por su parte, las tres haciendas aseguraron que defender¨¢n ante los tribunales su capacidad normativa en este tema. Incluso la Diputaci¨®n de Alava, gobernada por el PP, aport¨® al ministerio unas consideraciones previas a los recursos en un intento de pacificar la situaci¨®n, pero no han surtido efecto.

Un portavoz de la Vicelehendakaritza argument¨® que el l¨ªmite de divergencia del 10% acordado para los incentivos se refiere s¨®lo a las inversiones en activos materiales nuevos. Sin embargo, el Gobierno vasco considera que la obtenci¨®n de certificados de calidad por parte de las empresas o la reducci¨®n de la contaminaci¨®n con un veh¨ªculo industrial m¨¢s respetuoso con el medio ambiente, que es lo que se bonifica en dos de los art¨ªculos recurridos, son activos 'intangibles'.

La Administraci¨®n central se comprometi¨® en enero de 2000 a retirar todos los recursos contra normas fiscales vascas. Mientras, las haciendas forales aceptaron derogar los incentivos m¨¢s pol¨¦micos destinados a captar y favorecer inversiones industriales, investigados tambi¨¦n por la Comisi¨®n Europea. Sin embargo, la paz fiscal ha durado poco.