El caos como sistema

El anunciado ingreso de RTVE en la UCI de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) es un acontecimiento pol¨ªtico de enorme gravedad, la ¨²ltima vuelta de tuerca del caos generado en el sistema televisivo espa?ol. Frente a los dict¨¢menes del Consejo de Estado y del Consejo Econ¨®mico y Social, la adscripci¨®n a la SEPI mediante la ley escoba de acompa?amiento de los Presupuestos Generales del Estado, adem¨¢s de ofrecer serias dudas legales y constitucionales, choca frontalmente con las promesas electorales del Partido Popular de un 'amplio acuerdo parlamentario' para asegurar la objetividad, la imparcialidad y el pluralismo de RTVE.

La segunda gran contradicci¨®n es financiera. Porque se anuncia oficialmente una 'macroauditor¨ªa', que presupone que el Gobierno no conoce la situaci¨®n real de una entidad p¨²blica sometida a la intervenci¨®n del Estado y del Tribunal de Cuentas. Se argumenta una enorme deuda acumulada (casi 800.000 millones de pesetas), ampliamente triplicada bajo el Partido Popular, mientras se mantiene una subvenci¨®n rid¨ªcula (apenas el 4% de los gastos). Y se asegura que la gran tarea de la SEPI ser¨¢ proponer un plan estrat¨¦gico y un nuevo Estatuto, que el Parlamento lleva a?os discutiendo sin que el Gobierno haya mostrado ning¨²n af¨¢n de acuerdo con la oposici¨®n.

Con el Parlamento y el Consejo de Administraci¨®n ninguneados, la 'adscripci¨®n' al Ministerio de Hacienda supone un salto en la gubernamentalizaci¨®n e inseguridad de ese espacio p¨²blico. Porque cuesta trabajo imaginar c¨®mo los ejecutivos de SEPI-Hacienda autorizar¨¢n contratos y producciones sin condicionar su programaci¨®n ni juzgar su calidad y gestionar¨¢n las finanzas preservando las funciones de servicio p¨²blico. Sin modelo de futuro conocido ni debatido, anuncian ya nuevas reducciones de empleo para 'redimensionar' unas empresas cuyo peso debe ser fruto de una trascendental decisi¨®n pol¨ªtica y cultural de la sociedad espa?ola. L¨®gica de hechos consumados de una entidad habituada a sanear a sus enfermos para venderlos inmediatamente y que s¨®lo puede conducir a la privatizaci¨®n de la primera cadena, lo que situar¨ªa a Espa?a no en la senda del lejano ejemplo franc¨¦s (la venta de TF-1 en 1987), sino del modelo latinoamericano, como ¨²nico pa¨ªs de la Uni¨®n Europea con una radiotelevisi¨®n p¨²blica jibarizada y marginal.

Hay problemas m¨¢s fuertes de RTVE que tampoco solucionar¨¢ la SEPI. La denuncia de Bruselas sobre las violaciones continuas de los l¨ªmites cuantitativos y cualitativos a la publicidad, grav¨ªsimas en una radiodifusi¨®n p¨²blica, son el simple indicio de una fuga hacia delante comercial que culmina la expulsi¨®n de los espacios de servicio p¨²blico (teatro, debates) a horarios cada vez m¨¢s residuales de la segunda cadena. La saludable externalizaci¨®n de una parte de los programas se est¨¢ transmutando en una sequ¨ªa absoluta de la producci¨®n propia a favor de contratos secretistas con productoras girasol, ligadas por lazos ostentosos de clientelismo partidista. Sus telediarios emulan con ventaja a las cadenas comerciales por la profusi¨®n de noticias de sucesos o del coraz¨®n o de otras informaciones light, curiosamente compatibles con la omnipresencia de Aznar y sus ministros. Y las emisiones regionales retroceden visiblemente. En suma, desde el punto de vista de un servicio p¨²blico independiente, RTVE ha extremado tanto los vicios heredados de los Gobiernos anteriores que puede hablarse de un salto cualitativo en su degradaci¨®n.

La forzada estancia de RTVE en la UCI viene tambi¨¦n a incrementar notablemente el ca¨®tico panorama de la televisi¨®n en Espa?a, caracterizado por una decena de leyes contradictorias, competencias televisivas sometidas al capricho de tres ministerios (Fomento, Ciencia y Tecnolog¨ªa y Econom¨ªa-Comisi¨®n Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones), y la ausencia de una autoridad realmente independiente que el Gobierno volvi¨® a rechazar en noviembre pasado. De esta forma, centenares de televisiones locales siguen en la alegalidad o la ilegalidad, mientras el Gobierno adjudica nuevas licencias digitales en opacos concursos a empresas que no tienen, en muchas ocasiones, experiencia alguna en la televisi¨®n, pero que evidencian privilegiados lazos pol¨ªticos. Algunas regiones han comenzado a otorgar concesiones privadas digitales e incluso a duplicar los canales p¨²blicos en medio de promesas de privatizaci¨®n inminente de sus televisiones auton¨®micas. S¨ªmbolos extremos de tan pat¨¦tica confusi¨®n, contemplamos incluso a televisiones digitales obligadas a ofrecer horarios en abierto... s¨®lo captables por sus abonados; o a concesionarios privados digitales que deben emitir en una televisi¨®n local anal¨®gica no legalizada para que alguien les pueda ver.

As¨ª, el ansia de control pol¨ªtico, en ausencia de una arquitectura debatida, acordada y equilibrada que defina el tama?o, el papel y las superiores obligaciones de la televisi¨®n p¨²blica, de un modelo racional de agentes privados y de una autoridad neutral capaz de regular y controlar todo el sector, est¨¢ poniendo seriamente en cuesti¨®n el desarrollo de una actividad econ¨®mica importante -m¨¢s de 654.000 millones de pesetas de ingresos en 1999, seg¨²n la CMT-, y la estabilidad de un espacio cultural y pol¨ªtico vital para la democracia espa?ola.

Enrique Bustamante es catedr¨¢tico de Comunicaci¨®n Audiovisual y Publicidad en la Universidad Complutense.