La ley de las 'no personas'

Hoy entra en vigor la ley 8/2000, llamada de extranjer¨ªa -que no de inmigraci¨®n-, ejemplo de que la historia de la humanidad no necesariamente va en la direcci¨®n del progreso, de la amplitud de la libertad, de la igualdad, de la inteligencia para abrir espacios al crecimiento econ¨®mico, al bienestar de las personas o a la democracia de la vida cotidiana.

Es una ley que rompe abruptamente con la anterior -y ef¨ªmera- ley 4/2000, que atisbaba por vez primera lucidez en el tratamiento del fen¨®meno de la inmigraci¨®n. La ley 8/2000 no regula la inmigraci¨®n (en realidad, s¨®lo la reprime torpemente), sino la extranjer¨ªa, que es cosa muy distinta.

La ley 8/2000 niega a los trabajadores inmigrantes -que en la inmens¨ªsima mayor¨ªa tienen que pasar por la clandestinidad en la entrada o por la irregularidad en la estancia- los derechos b¨¢sicos de los seres humanos (reuni¨®n, manifestaci¨®n, asociaci¨®n, sindicaci¨®n, huelga). Les amenaza con expulsarlos en 48 horas sin garant¨ªa posible. Hace casi imposible el derecho de asilo, al sancionar y prohibir a las compa?¨ªas de transporte trasladarlos a Espa?a. Les cierra la asistencia jur¨ªdica gratuita en litigios habituales. Convierte al trabajo sin papeles en un cuasi delito que lleva unida la expulsi¨®n. Y suprime la regularizaci¨®n permanente.

Es una ley contra los trabajadores de este siglo que no viven, sino s¨®lo sobreviven, que a¨²n tienen necesidad de trabajar y que no han llegado a la fase -que disfrutan nuestros trabajadores europeos- de trabajar con libertad.

Es una ley que resucita de alg¨²n modo la divisi¨®n entre libres y esclavos de las polis griegas. Lo es en cuanto somete al trabajador a la absoluta dependencia de las mafias y del empresario, del cual depende -si lo delata- su vida misma. Los medievales siervos de la gleba ten¨ªan un estatus de mayor protecci¨®n jur¨ªdica que el inmigrante de hoy d¨ªa.

La ley 8/2000 -aunque suene duro- no es una ley para las personas. Las personas, en el modelo democr¨¢tico europeo, tienen unos derechos c¨ªvicos y laborales adquiridos y consolidados, que se han internacionalizado a trav¨¦s de una serie de tratados internacionales, que han dado un impulso formidable a los Derechos Humanos. Los mismos tratados que permitieron perseguir los cr¨ªmenes contra la humanidad no sirven para evitar ese crimen que sufren los que, por miles, mueren en el mar para llegar a Europa. Ello entre la indiferencia social o la alarma por una supuesta 'invasi¨®n', alimentada por los grandes medios de comunicaci¨®n, aqu¨ª absurdamente seguidistas de los gobiernos.

Es una ley que intenta hacer invisibles a los inmigrantes trabajadores, que no podr¨ªan ser afiliados a un sindicato o ser empadronados en un Ayuntamiento, entidades a las que se empuja a la desobediencia. Como dijo Matutes, repite ahora el Gobierno, esas 'no personas' no existen para los derechos, s¨®lo para la represi¨®n, para el 'no derecho'. Se ha inventado un nuevo tipo de ser humano, aquel que no tiene derechos; es decir, que no es persona.

Es hip¨®crita decir que eso s¨®lo va con los irregulares. Los inmigrantes que llegan a Espa?a no lo hacen para ocupar un puesto de trabajo preparado, limpio. Vienen para buscar trabajo, y no pueden hacerlo sin atravesar por la situaci¨®n de 'sin papeles', sencillamente porque el Estado no se los da. La irregularidad es una constante de toda inmigraci¨®n, y la ¨²nica forma de combatirla es afront¨¢ndola y canaliz¨¢ndola. La inmigraci¨®n regular, ordenada, lisa y llanamente no existe. Y las pol¨ªticas de 'tolerancia cero' con la inmigraci¨®n irregular, como la de la ley que hoy inicia a ciegas su andadura, s¨®lo han hecho crecer las entradas clandestinas y, por tanto, la marginalidad, que es el germen de la xenofobia y el racismo, del modelo El Ejido.

La ley 8/2000 concibe la ciudadan¨ªa como un resorte de exclusi¨®n, no de inclusi¨®n. Cancela toda posibilidad de participaci¨®n o di¨¢logo pol¨ªtico con el municipio y la colectividad con la que el extranjero convive. No abre una sola puerta a la integraci¨®n ciudadana, sino que segrega al inmigrante de esa colectividad.

La ley 8/2000 exhibe todas las contradicciones de la globalizaci¨®n, que ha potenciado las migraciones como nunca en la historia, que las ha facilitado materialmente (y econ¨®micamente, al ahondar la brecha entre el Primer y el Tercer Mundo), que ha roto las viejas divisiones entre inmigrantes por razones humanitarias y por razones econ¨®micas, que ha reestructurado las poblaciones en el mundo, provocando una bajada brusca en la demograf¨ªa de los pa¨ªses desarrollados y 'llamando' con ello a los trabajadores de los pa¨ªses africanos, asi¨¢ticos o latinoamericanos, los cuales, al llegar al 'para¨ªso' del Occidente industrializado, encuentran un muro.

No hay alternativa a corto plazo a este fen¨®meno de la inmigraci¨®n irregular en la Europa del envejecimiento poblacional, que registra una tasa de crecimiento demogr¨¢fico a¨²n inferior al de los 25 primeros a?os del siglo XX. En el periodo 1990-1998, la tasa de migraci¨®n neta en la Uni¨®n Europea ha sido del 2,2% (800.000 al a?o), contra el 3% en Estados Unidos y el 6% en Canad¨¢, pa¨ªses con fort¨ªsimo crecimiento productivo. De ah¨ª la imperiosa necesidad de una 'migraci¨®n de relevo'. Sobre todo cuando Europa pretende llevar a la tasa de empleo medio, en el 2010, desde un 61% a cerca de un 70%, ¨²nica forma de hacer posible los sistemas de protecci¨®n social y de que puedan mantenerse sectores como el agr¨ªcola, la construcci¨®n y las obras p¨²blicas de infraestructura, los servicios dom¨¦sticos, el turismo y otros sectores estacionales e industriales. La inmigraci¨®n nunca ha sido una causa de paro, sino de crecimiento.

Pero la pedagog¨ªa de este Gobierno es la contraria, y la ley 8/2000 es su s¨ªmbolo. Eso en un pa¨ªs de emigrantes (tambi¨¦n en la Espa?a interior), cuyos juristas legitimaron la conquista de Am¨¦rica afirmando la existencia, como derecho universal, del jus migrandi y del jus accipiendi domicilium de los nuevos territorios. Una elaboraci¨®n que influenci¨® el pensamiento iluminista en el tema de los derechos universales y leg¨® un texto tan fundamental como la Constituci¨®n francesa del a?o I (1793), que atribu¨ªa el derecho de ciudadan¨ªa a 'todo extranjero que, domiciliado en Francia desde al menos un a?o, viva de su trabajo, o sea propietario, o est¨¢ casado con una ciudadana francesa, o adopte un ni?o, o mantenga a un anciano, o sea juzgado merecedor de ello por el Parlamento por su aportaci¨®n a la humanidad'. Qu¨¦ distinto a lo que ocurre en los Estados contempor¨¢neos, en donde existe el derecho de emigrar... a ninguna parte, porque no existe el de inmigrar.

Sin embargo, nada como el caso de la ley 8/2000, que no tiene parang¨®n en toda Europa. Ning¨²n pa¨ªs europeo niega expl¨ªcitamente, sin pudor, a una persona, sea cual sea su nacionalidad o situaci¨®n, los derechos fundamentales, ni ning¨²n pa¨ªs de la UE puede expulsar a un extranjero irregular en 48 horas por la sola decisi¨®n del Gobierno y la sola detenci¨®n de la polic¨ªa sin control judicial eficaz.

Ese esfuerzo del Gobierno ser¨¢ in¨²til, aunque sirva para hacer la vida imposible a miles de inmigrantes, envileciendo de paso la de los espa?oles que convivimos con ellos, en un dualismo ciudadano insoportable. Ser¨¢ in¨²til -como se ha puesto de manifiesto nada m¨¢s aprobarse la ley-, incapaz de dar salida al hecho de decenas de miles de trabajadores que sostienen la producci¨®n de pueblos enteros. Aunque no tengan papeles tienen manos para trabajar.

La ley 8/2000 nace muy tocada. Porque es una ley de extranjer¨ªa, no de inmigraci¨®n. Y porque la democracia no admite en su interior que conviva una legalidad para los 'ciudadanos' con otra para los 'metecos' modernos, para las no personas.

Diego L¨®pez Garrido es diputado y secretario general de Nueva Izquierda.