De dif¨ªcil cumplimiento

El Gobierno inaugur¨® ayer la entrada en vigor de la nueva Ley de Extranjer¨ªa con el t¨¢cito reconocimiento de que no podr¨¢ cumplirla en su integridad. No es su culpa, aunque sea el culpable de esa ley; en muchos aspectos es de imposible cumplimiento. La pol¨ªtica de inmigraci¨®n, una de las cositas a las que se refiri¨® Aznar en su discurso del domingo ante los j¨®venes de las Nuevas Generaciones del PP, se le puede complicar al Gobierno precisamente porque su ley -apoyada s¨®lo, y con objeciones, por CiU y Coalici¨®n Canaria- no es el instrumento adecuado para la 'l¨®gica y razonable administraci¨®n de los flujos migratorios en Espa?a' que reivindica su principal inspirador, el ministro Mayor Oreja.

Ni los inmigrantes en situaci¨®n irregular -los 30.000 a los que se han negado expresamente los papeles ni al menos otros tantos que por diversas circunstancias han quedado al margen del proceso de regularizaci¨®n concluido el 31 de julio- volver¨¢n voluntariamente a sus pa¨ªses de origen por mucho que lo desee el Gobierno ni ¨¦ste dispone de medios para obligarles, salvo una cacer¨ªa que ha descartado de antemano. Tampoco estos inmigrantes -trabajadores integrados de una u otra forma en el proceso de producci¨®n- van a dejar de ejercer, aunque sea en la clandestinidad que se les impone, los derechos imprescindibles para sobrevivir. Desde hoy, esos inmigrantes que la ley desconoce ser¨¢n un blanco m¨¢s f¨¢cil para ser explotados por mafias diversas.

Regular los flujos de inmigraci¨®n exige firmar acuerdos con terceros pa¨ªses y organizar oficinas de contrataci¨®n capaces de responder a numerosas ofertas de empleo que los espa?oles no est¨¢n dispuestos a cubrir. En esta direcci¨®n se pod¨ªa haber avanzado mucho m¨¢s durante la reforma de la ley, de forma que su entrada en vigor no aumentara la incertidumbre de un colectivo que algunos cifran en m¨¢s de 100.000 personas y cuya vida es hoy mucho m¨¢s precaria.

Una vez m¨¢s, Aznar ha recurrido a Europa para difuminar responsabilidades que corresponden a su Gobierno. En su discurso a los j¨®venes del PP afirm¨® que en Europa se echar¨ªan las manos a la cabeza si un responsable espa?ol defendiera en sus foros la igualdad de derechos entre inmigrantes regulares y sin papeles. Pero nadie en Espa?a reivindica esa equiparaci¨®n legal ni niega al Estado la potestad de controlar los flujos migratorios y de establecer previsoramente los contingentes de trabajadores for¨¢neos que puede absorber el mercado laboral. Ojal¨¢ que el Gobierno fuera capaz de realizar esa tarea. Pero la l¨ªnea divisoria -desde luego en ning¨²n pa¨ªs de esa Europa a la que invoca Aznar se llega a tal extremo- no pasa por negar la existencia misma del inmigrante irregular, como si pudiera borrarse por ley lo que no gusta. Vana ilusi¨®n la de este Gobierno si cree poder acabar con los inmigrantes sin papeles no reconoci¨¦ndoles como personas y convirtiendo su estancia en Espa?a en un calvario bajo la permanente amenaza de expulsi¨®n. Una desigualdad tan extrema no la podr¨¢ soportar sin tensiones graves una sociedad normal como la espa?ola.