El Gobierno catal¨¢n pretende que los condenados por agredir a mujeres lleven un sistema electr¨®nico de control
El Gobierno catal¨¢n aprob¨® ayer un paquete de medidas pionero en Espa?a, que incluye dos proyectos de ley y un decreto, para prevenir y combatir la violencia dom¨¦stica por la v¨ªa civil, en la que Catalu?a tiene derecho propio. Asimismo reclama la modificaci¨®n del C¨®digo Penal para incrementar la eficacia de las medidas que adopten los jueces. En concreto, se solicita la tipificaci¨®n como delito del incumplimiento de resoluciones judiciales en casos de violencia dom¨¦stica.Converg¨¨ncia i Uni¨® defiende la necesidad de que se tipifique como delito el incumplimiento de las resoluciones judiciales que se deriven de casos de violencia dom¨¦stica, como por ejemplo el alejamiento del domicilio familiar. En estos casos, se establecer¨ªa una multa de 12 meses o una pena de prisi¨®n de seis meses a un a?o. Adem¨¢s, tambi¨¦n se incluir¨ªa la posibilidad de que los condenados llevasen instrumentos de vigilancia electr¨®nica para asegurar el cumplimiento de tales prohibiciones.
Como el Gobierno catal¨¢n no puede modificar el C¨®digo Penal o la Ley de Enjuiciamiento Criminal, presentar¨¢ un proyecto ante el Parlament para que sea esta C¨¢mara la que lo reclame al Congreso de los Diputados.
En el proyecto de ley catal¨¢n, denominado de Prevenci¨®n de la Violencia Dom¨¦stica y en las Relaciones de Pareja, que ser¨¢ enviado al Parlament para su debate y aprobaci¨®n, se marca como objetivo 'proteger tanto a la pareja como a los hijos, padres u otros familiares' en las fases iniciales o previas a un eventual episodio de violencia. Para ello, se prev¨¦n diversas medidas protectoras de car¨¢cter inmediato que se aplicar¨¢n en el ¨¢mbito del derecho civil y que estar¨¢n vigentes durante los 10 d¨ªas siguientes al momento en que se pida protecci¨®n judicial por haber sufrido agresi¨®n o por la amenaza de sufrirla. Dichas medidas suponen la prohibici¨®n a la persona agresora de entrar en el domicilio de la v¨ªctima, de llamarla por tel¨¦fono o de tomar contacto por otros medios, as¨ª como el 'alejamiento obligatorio del agresor de los lugares donde reside, estudia o trabaja'.
Aunque estas limitaciones tendr¨¢n una vigencia de 10 d¨ªas, el proyecto de ley prev¨¦ tambi¨¦n la posibilidad de ampliarlas hasta un m¨¢ximo de tres meses, si en este tiempo se decide tramitar un proceso de separaci¨®n o divorcio. El Gobierno ha redactado estas normas inspir¨¢ndose en la legislaci¨®n austriaca.
La adopci¨®n de estas medidas requerir¨¢ ¨²nicamente que la v¨ªctima lo solicite mediante un impreso 'normalizado' que existir¨¢ en todos los juzgados, y un juez de primera instancia tendr¨¢ que decidir en un plazo no superior a las 24 horas si son procedentes y si se aplican total o parcialmente.
El Ejecutivo de CiU tambi¨¦n ha creado mediante un decreto una comisi¨®n interdepartamental contra la violencia de g¨¦nero, que tendr¨¢ como finalidad elaborar un plan en el que se estudien las causas que originan los episodios violentos, as¨ª como propuestas de actuaci¨®n para prevenirlas y para apoyar a las personas maltratadas. Seg¨²n datos de la Generalitat, en Catalu?a cada a?o unas 100.000 mujeres son v¨ªctimas de malos tratos. Una cifra que ascender¨ªa a m¨¢s de 337.000 si se tienen en cuenta las mujeres que no se reconocen como v¨ªctimas.
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