Carne de toro

A punto de iniciarse la temporada taurina, ni los ganaderos ni los empresarios saben muy bien c¨®mo repercutir¨¢ sobre los toros bravos que mueren en las plazas la bater¨ªa de normas aprobadas por el Gobierno para erradicar de la caba?a espa?ola el mal de las vacas locas. Sobre dichas reses recaen las mismas obligaciones que sobre todas las dem¨¢s por dos razones: porque son susceptibles de padecer la enfermedad y porque habitualmente entran en la cadena alimentaria tras su muerte en el ruedo, con lo que pueden transmitir la enfermedad a los seres humanos.

Por ser animales dedicados a una tarea especial, y que son sacrificados en cualquier punto de Espa?a en vez de morir en mataderos autorizados, su caso presenta peculiaridades que requieren una atenci¨®n singular. Su valor econ¨®mico no se mide por el aprovechamiento de su carne, pero si los ganaderos quieren mantener esa explotaci¨®n marginal deben someterse a pruebas del pri¨®n porque se trata de reses que en todos los casos superan los 30 meses de edad. Por otro lado, el descubrimiento de un toro enfermo obligar¨ªa a sacrificar a toda la explotaci¨®n, lo que supondr¨ªa un enorme perjuicio al tratarse de ejemplares que se cotizan en torno al mill¨®n y medio de pesetas. Es preciso que la Administraci¨®n establezca urgentemente las normas espec¨ªficas que deben aplicarse a las reses bravas como concreci¨®n de la normativa general.

Hasta el 1 de julio, los ganaderos tienen la opci¨®n de eludir la prueba de detecci¨®n de la enfermedad y acogerse a una subvenci¨®n que les compense del dinero que dejan de percibir por no sacar la res al mercado de carne. Pero, a partir de esa fecha, todas las reses de m¨¢s de 30 meses, sin excepci¨®n, deber¨¢n pasar esa prueba. Este periodo transitorio de medio a?o responde a la voluntad de las autoridades comunitarias de ofrecer una oportunidad a los ganaderos que sospechen que algunas de sus reses puedan haber contra¨ªdo el mal para que se deshagan de ellas sin perder mucho dinero.

Como sucede con el resto de reses mayores de 30 meses, deber¨ªa facilitarse la posibilidad de que el empresario que insista en vender la carne pueda hacerlo tras someter la res a la prueba de detecci¨®n de la enfermedad. Pero al mismo tiempo debe arbitrarse el mecanismo de incineraci¨®n para los casos en que no se quiera o no se pueda hacer la prueba, y establecerse qui¨¦n se hace cargo de los costes de transporte y destrucci¨®n, si el empresario o las administraciones. Reglamentar todo esto no parece sencillo, pero es urgente porque la temporada comienza de forma oficial el 3 de febrero con la madrile?a Feria de Valdemorillo.