El PP bloquear¨¢ en el Parlamento el pago a los funcionarios si el Gobierno fracasa en sus recursos

El Gobierno pedir¨¢ esta semana a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional que le admita un recurso de casaci¨®n ante el Tribunal Supremo. La sentencia dice que no cabe recurso porque 'el litigio es una cuesti¨®n de personal'. El Ejecutivo lo rebatir¨¢ con argumentos constitucionales para que sea el Supremo quien decida y, en su caso, anule la sentencia. El principal argumento es que 'fuera cual fuera la naturaleza del acto' en el que se basa la sala para declararse competente y resolver el litigio planteado por CC OO, '¨¦ste queda subsanado por el Presupuesto votado por las Cortes'.

La primac¨ªa de las Cortes en la potestad legislativa recogida en la Constituci¨®n ser¨¢ as¨ª el gran caballo de batalla. Pero la sentencia, en su tercer argumento jur¨ªdico, da un varapalo a esa pretensi¨®n. Argumenta que fue la Administraci¨®n (el Gobierno del PP, en 1996) quien vulner¨® una ley aprobada por las Cortes en 1990 que le obligaba a negociar el incremento de las retribuciones de los funcionarios. Una ley, dice la sentencia, que no es una mera declaraci¨®n ret¨®rica, sino una norma que vincula a 'todos los poderes p¨²blicos'.

El Gobierno incumpli¨® adem¨¢s un acuerdo firmado entre el anterior Ejecutivo y los sindicatos que le obligaba a aplicar un incremento autom¨¢tico en el salario de los empleados p¨²blicos igual a la inflaci¨®n prevista en los Presupuestos. La sentencia equipara este acuerdo con otros 'compromisos previos legalmente adquiridos', y cita, por ejemplo, la contrataci¨®n de obras, las devoluciones de impuestos, o las subvenciones legalmente reconocidas 'que suponen un gasto que la Administraci¨®n unilateralmente no puede eliminar'. Por ello, concluye, 'no es posible que, so pretexto de la elaboraci¨®n de los Presupuestos, se eliminen compromisos de gastos v¨¢lidamente asumidos por la Administraci¨®n y cuya exigibilidad viene establecida por la ley'.

Pero si todos estos argumentos pesan m¨¢s que las objeciones que presentar¨¢ el Gobierno, el PP est¨¢ dispuesto a utilizar su mayor¨ªa absoluta en ambas C¨¢maras para bloquear el pago de la factura de la sentencia.

El portavoz del PP en el Senado, Esteban Gonz¨¢lez Pons, argumenta que para pagar a los funcionarios el Gobierno tendr¨ªa que pedir a las dos C¨¢maras la aprobaci¨®n de un cr¨¦dito extraordinario. Y prosigue: '?Y c¨®mo van a aprobar las Cortes un cr¨¦dito que modifica una ley de Presupuestos aprobada por el Parlamento; c¨®mo van a dar el visto bueno a un cr¨¦dito que est¨¢ detrayendo una competencia que corresponde al Parlamento!', como es la aprobaci¨®n del Presupuesto. Es m¨¢s, a?ade, la sentencia obliga a la Administraci¨®n pero no a las Cortes soberanas. Este portavoz popular apostilla que si la sentencia llegara a ser firme y obligara al Ejecutivo, habr¨ªa otra salida para las C¨¢maras: plantear un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional. El PP est¨¢ dispuesto a utilizar su mayor¨ªa absoluta en el Congreso y en el Senado para poner en marcha ese conflicto. No ve tan f¨¢cil, sin embargo, que las Cortes se personen en la causa si ¨¦sta no llega antes al Constitucional. El art¨ªculo 59 de la Ley Org¨¢nica del Tribunal Constitucional contempla conflictos constitucionales del Gobierno con el Congreso, el Senado o el Poder Judicial sobre sus competencias.