Una mara?a de leyes para un conflicto

La sentencia contra la congelaci¨®n de salarios de los funcionarios empieza por considerar al entonces ministro de Administraciones P¨²blicas, Mariano Rajoy, un '¨®rgano administrativo' que, en una reuni¨®n con los sindicatos, produce un 'acto administrativo'. Ello est¨¢ regulado en la ley 30/1992 sobre administraciones p¨²blicas. El acto administrativo impugnado es la reuni¨®n con los sindicatos en la que Rajoy les comunica que no va a negociar las retribuciones para 1997 porque el Ejecutivo ha decidido la congelaci¨®n salarial. Ah¨ª, seg¨²n la sentencia, el Gobierno incumple el art¨ªculo 32 de la ley 7 / 90 sobre funcionarios. En ese art¨ªculo se recoge que 'ser¨¢n objeto de negociaci¨®n' el incremento de retribuciones de los funcionarios que proceda incluir en el proyecto de Presupuestos.

Adem¨¢s, en su art¨ªculo 35, la misma ley prev¨¦ que los 'representantes de la Administraci¨®n del Estado', entre otros, puedan alcanzar pactos con 'las organizaciones sindicales'. Los acuerdos a los que lleguen, a?ade, 'versar¨¢n sobre materias competencia del Consejo de Ministros' y de otros ¨®rganos de gobierno, entre los que no incluye al Parlamento. El pacto firmado el 19 de septiembre de 1994 es, seg¨²n la sentencia, de este tipo: regula, entre otras cosas, las retribuciones de los empleados p¨²blicos que el Gobierno debe fijar en el proyecto de Presupuestos.

El Gobierno y el PP mantienen que la sentencia invade las competencias constitucionales del Parlamento a la hora de aprobar los Presupuestos. El ahora vicepresidente Mariano Rajoy asegur¨® el mi¨¦rcoles que la sentencia 'impide al Gobierno hacer una pol¨ªtica econ¨®mica y priva a las Cortes de la facultad de aprobar los Presupuestos'. El art¨ªculo 134.1 de la Constituci¨®n dice que 'corresponde al Gobierno la elaboraci¨®n de los Presupuestos y a las Cortes su examen, enmienda y aprobaci¨®n'. Pero el art¨ªculo 9.1 de la Carta Magna a?ade que 'los ciudadanos y los poderes p¨²blicos est¨¢n sujetos a la Constituci¨®n y al resto del ordenamiento jur¨ªdico'. Ese resto incluye la ley 7 / 90 que, seg¨²n la sentencia, el Ejecutivo incumpli¨®.

El Gobierno del PP, adem¨¢s, aprob¨® en 1998 la ley 29 / 1998 sobre la jurisdicci¨®n contencioso-administrativa. En los art¨ªculos 2 y 3 de esa norma se somete al 'orden jurisdiccional', es decir, a la vigilancia de los jueces, los 'actos de Gobierno'.