El preso que degoll¨® a otro en Soto se niega a salir en libertad provisional

Pablo Esteban, el preso de 64 a?os que degoll¨® con una cuchilla de afeitar a su compa?ero de celda en la c¨¢rcel de Soto del Real, se niega a quedarse en libertad provisional hasta tanto se celebra su juicio. Los jueces, al cumplir dos a?os de prisi¨®n provisional, seg¨²n establece la ley, preguntaron a Esteban, el pasado 5 de enero, si deseaba estar libre provisionalmente mientras se celebraba la vista oral o si quer¨ªa seguir en la penitenciaria psiqui¨¢trica de Fontcalent (Alicante), adonde fue trasladado tras matar a su compa?ero de celda, Jes¨²s Cano Mu?oz, de 53 a?os. Su respuesta fue rotunda: 'Quiero seguir en prisi¨®n'. Fuentes jur¨ªdicas aseguran que Esteban dice encontrarse bien en Fontcalent y no desea salir. Tras consultar al resto de las partes, incluido el fiscal, el tribunal ha entendido que el acusado debe seguir preso porque existe 'riesgo de fuga y carece de arraigo familiar'.

Pese a su grave esquizofrenia, la prisi¨®n de Soto, seg¨²n el sumario, permiti¨® que Cano Mu?oz compartiese celda con Esteban, un interno que apenas llevaba dos meses en prisi¨®n provisional y que no hab¨ªa sido informado del estado mental de su agresor. Cano Mu?oz degoll¨® con una cuchilla de afeitar a Esteban el 12 de enero del a?o 1999. La agon¨ªa dur¨® 20 minutos y los hechos sucedieron sin que ning¨²n funcionario se percatase de sus gritos. El juicio se celebrar¨¢ en la Audiencia de Madrid, aunque a¨²n no hay fecha.

El tribunal ha atendido la petici¨®n del abogado de la v¨ªctima, Francisco de As¨ªs Vargas Salmer¨®n, para que el Estado se persone en las diligencias y responda de una eventual responsabilidad civil subsidiaria. El abogado se congratula de la decisi¨®n de la Audiencia, aunque lamenta la actitud del fiscal: 'Obvi¨® el tr¨¢mite que dispone el art¨ªculo 650, con craso olvido de sus obligaciones estatarias, puesto que en su escrito de calificaci¨®n provisional no determina el hecho en virtud del cual el Estado debe ser parte en el proceso'. El fiscal solicita nueve a?os de c¨¢rcel para el acusado y que el Estado indemnice con 7,5 millones a los herederos del fallecido.