Una ley regional permitir¨¢ dar licencias para nuevos 'h¨ªper' por silencio administrativo

El Gobierno de Alberto Ruiz-Gallard¨®n quiere regular el silencio administrativo (falta de respuesta por parte de las autoridades a la petici¨®n de un particular). Desde 1999, y a ra¨ªz de una ley estatal, el mutismo oficial ante la solicitud de un privado conllevaba que el peticionario obtuviese el permiso requerido gracias a lo que se denomina 'silencio administrativo positivo'. Ahora, la ley regional establece los supuestos en los que no se podr¨¢ aplicar la normativa estatal.

En la mayor¨ªa de los casos que refleja el proyecto de ley, el silencio de la Administraci¨®n regional significar¨¢ la desestimaci¨®n de la demanda, con s¨®lo tres excepciones: cuando el peticionario sea una gran superficie y requiera la licencia previa de apertura y no reciba respuesta en ocho meses; cuando se reclamen ayudas oficiales para una vivienda de promoci¨®n privada y cuando se exija la inscripci¨®n en los registros oficiales de las cooperativas. En los dos ¨²ltimos casos el plazo ser¨¢ de tres meses.

La ley estatal de abril de 1999 que regula el silencio administrativo establec¨ªa que la Administraci¨®n ten¨ªa un plazo m¨¢ximo de seis meses para responder a las consultas de los ciudadanos. En caso de no hacerse as¨ª, las peticiones se dar¨ªan por aceptadas, 'excepto cuando una norma con rango de Ley o de Derecho Comunitario Europeo estableciese lo contrario'. Esta ley establec¨ªa adem¨¢s un per¨ªodo transitorio, que acaba el 14 de abril de 2001, para que las comunidades adec¨²en su normativa a ella y establezcan las excepciones que consideren oportunas. En caso de no hacerlo, la ley estatal ser¨ªa aplicable en toda su extensi¨®n a las comunidades aut¨®nomas. 'Transcurrido dicho per¨ªodo [14 de abril de 2001], los efectos desestimatorios (silencio negativo), se convertir¨¢n en efectos estimatorios (silencio positivo)', se?ala la ley nacional. Al Gobierno de Alberto Ruiz-Gallard¨®n se le ha echado el tiempo encima y por eso ha tenido que enviar a la Asamblea de Madrid su proyecto de ley para que sea debatido por tr¨¢mite de 'urgencia'.

Inter¨¦s general

En el proyecto, el Gobierno regional explica que 'en determinados procedimientos', el 'inter¨¦s general resulta incompatible con la estimaci¨®n [aprobaci¨®n] de determinadas solicitudes por el mero transcurso' del tiempo. En la exposici¨®n de motivos del proyecto de ley se se?ala: 'Pi¨¦nsese, a t¨ªtulo de ejemplo, en lo que supondr¨ªa que se consideren estimadas por silencio administrativo las solicitudes de plazas en residencias para personas mayores o determinadas autorizaciones en materia de medio ambiente o vivienda'.

De los 118 supuestos que establece el proyecto de ley, s¨®lo los tres citados con anterioridad ser¨¢n considerados como positivos cuando la Administraci¨®n no responda en los plazos previstos. El resto ser¨¢n considerados negativos. Entre ellos, la ayuda para el cuidado de los hijos (un mes de plazo), autorizaci¨®n para cambiar el nombre de un municipio (seis meses), autorizaci¨®n de festejos taurinos (dos d¨ªas), regulaci¨®n de ocupaci¨®n de viviendas del IVIMA (un a?o), concesi¨®n de ayudas para rehabilitar edificios (seis meses), autorizaci¨®n para la creaci¨®n de museos (dos meses), solicitud de plazas en residencia de mayores (un mes) o declaraci¨®n del grado de minusval¨ªa (tres meses).

La Consejer¨ªa de Presidencia considera que la nueva ley regional es necesaria porque hay determinadas situaciones cuya resoluci¨®n requiere un plazo superior a los seis meses. 'El inter¨¦s general', arguyen, 'exige que se establezca un r¨¦gimen de silencio negativo, con el fin de que las solicitudes no sean estimadas por el mero transcurso del plazo de la resoluci¨®n'.

La futura ley s¨®lo afectar¨¢ a las materias en las que la Comunidad de Madrid tenga 'competencias normativas' (Educacion o Medio Ambiente, por ejemplo) y no en las que su funci¨®n sea s¨®lo ejecutiva (Seguridad). Para estos ¨²ltimos casos, se aplicar¨¢ la normativa aprobada en 1999 por el Gobierno de Aznar. El silencio administrativo empezar¨¢ a contar a partir de que la petici¨®n entre en cualquiera de los registros de la Comunidad.