El fiscal pide que se cite por el fraude del lino a un ex alto cargo del Gobierno y a 41 agricultores

El informe del fiscal se refiere a un delito contra la Hacienda P¨²blica en su modalidad de fraude en las subvenciones otorgadas por la Uni¨®n Europea tipificado en el art¨ªculo 309 del C¨®digo Penal. El citado precepto establece: 'El que obtenga indebidamente fondos de los presupuestos generales de las Comunidades Europeas u otros administrados por ¨¦stas, en cuant¨ªa superior a 50.000 ecus (unos 8,5 millones de pesetas), falseando las condiciones requeridas para su concesi¨®n u ocultando las que la hubieren impedido, ser¨¢ castigado con la pena de prisi¨®n de uno a cuatro a?os y multa de tanto al s¨¦xtuplo de la citada cuant¨ªa'.

En el informe se alude tambi¨¦n a un posible delito de falsedad, si bien fuentes jur¨ªdicas comentaron a este peri¨®dico que ese delito no podr¨ªa ser penado, puesto que es un medio para cometer el delito principal que es el fraude, como ya se ha establecido en numerosas sentencias por delito fiscal.

El dictamen no imputa delito de malversaci¨®n de caudales en los responsables de los organismos de control bien en las comunidades aut¨®nomas o en el Ministerio de Agricultura, por no haberse podido demostrar por ahora la posible connivencia entre los defraudadores y los funcionarios y autoridades encargados del control.

Seg¨²n las citadas fuentes, el fiscal Mart¨ªnez Madero pide al juez que cite a declarar en calidad de imputados a 42 personas, entre ellos Gonzalo Ruiz Paz, que en 1999 tuvo que dimitir de su cargo de director financiero de la empresa p¨²blica Mercasa debido a que su familia era propietaria de Colino SL (Compa?¨ªa Linera del Centro), empresa transformadora de lino radicada en Castilla-La Mancha.

Colino fue la empresa que sirvi¨® de base para elaborar el protocolo de indagaciones sobre las dem¨¢s. Tras analizar la superficie de producci¨®n, el peso del lino de varilla necesario para obtener un kilo de fibra y las cantidades entregadas y transformadas, as¨ª como el rendimiento de la maquinaria, la relaci¨®n de trabajadores y las horas trabajadas, y el consumo de electricidad y gas¨®leo de las m¨¢quinas, se lleg¨® a la conclusi¨®n de que hubieran sido necesarias m¨¢s de 24 horas al d¨ªa para transformar las cantidades que se declararon como transformadas.

El fiscal no ha citado a declarar, al menos por el momento, a Nicol¨¢s L¨®pez de Coca, ex presidente del FEGA (Fondo Espa?ol de Garant¨ªa Agraria) que tambi¨¦n tuvo que dimitir a ra¨ªz del esc¨¢ndalo del lino, aunque s¨ª a algunos de sus familiares, que acudieron con su producci¨®n a la transformadora de lino Colisur 2000.

El resto de los implicados por el fiscal son agricultores y transformadores del lino de las comunidades de Castilla y Le¨®n, Castilla-La Mancha, Extremadura y Andaluc¨ªa. En esta ¨²ltima comunidad s¨®lo se ha descubierto el caso de un cultivador que acud¨ªa con su producci¨®n a transformar el lino a otra regi¨®n.

Empresas especializadas

La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n emiti¨® un dictamen en diciembre de 2000 en el que afirmaba la existencia de un fraude generalizado en la aplicaci¨®n en Espa?a de las ayudas comunitarias al sector del lino. El fraude, seg¨²n la fiscal¨ªa, se produjo en los casos en los que el agricultor percib¨ªa toda la subvenci¨®n comunitaria tras haber contratado la transformaci¨®n de la varilla del lino con una empresa especializada. Los datos recabados por Anticorrupci¨®n son m¨¢s precisos en los ejercicios de 1997 y 1998 cuando ya se exig¨ªa la transformaci¨®n del lino para cobrar la subvenci¨®n.

El pasado 12 de enero, la ex ministra Loyola de Palacio se adelant¨® a la formulaci¨®n de siete querellas por parte de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n y present¨® en la Audiencia Nacional una denuncia por los mismos hechos, sobre la base del informe de la fiscal¨ªa. El caso correspondi¨® por reparto al juez Baltasar Garz¨®n, quien pregunt¨® al fiscal si la competencia correspond¨ªa a la Audiencia Nacional o a otros tribunales. El fiscal David Mart¨ªnez Madero solicit¨® entonces a Garz¨®n que citase a la ex ministra para ratificar la denuncia y que aclarase si los hechos denunciados estaban basados en el informe elaborado por la fiscal¨ªa o si los conoc¨ªa en raz¨®n de su paso por el Ministerio de Agricultura.

La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n estima que la competencia es de la Audiencia Nacional debido a que existe un ¨²nico perjudicado que es la Uni¨®n Europea y al grave da?o que el caso puede suponer a la econom¨ªa nacional si Espa?a es condenada a devolver el dinero defraudado y a las sanciones correspondientes.

Loyola de Palacio declar¨® durante m¨¢s de dos horas ante el juez Garz¨®n y le explic¨® que alguien fall¨® en la cadena para controlar el fraude, lo que puede suponer unos perjuicios econ¨®micos elevad¨ªsimos. De Palacio describi¨® sus funciones en el ministerio y se?al¨® que ella ten¨ªa grandes limitaciones porque el control del fraude estaba delegado en una comisi¨®n de coordinaci¨®n de la FEGA (Fondo Espa?ol de Garant¨ªa Agraria) y las comunidades aut¨®nomas.