El PSOE exige la destituci¨®n de Arias Ca?ete por vulnerar la Ley de Incompatibilidades

El PSOE cit¨® ayer el art¨ªculo 2, apartado 1 de la Ley de Incompatibilidades para recordar que los altos cargos comprendidos en su ¨¢mbito de aplicaci¨®n 'ejercer¨¢n sus funciones con dedicaci¨®n absoluta y no podr¨¢n compatibilizar su actividad con el desempe?o, por s¨ª, mediante sustituci¨®n o apoderamiento, de cualquier otro puesto, cargo, representaci¨®n, profesi¨®n o actividad, sean de car¨¢cter p¨²blico o privado, por cuenta propia o ajena'. En el apartado 2 de ese art¨ªculo se se?ala, adem¨¢s, que ni los cargos ni sus familiares podr¨¢n tener m¨¢s de un 10% de participaciones en empresas que tengan conciertos o contratos con las administraciones. En el art¨ªculo 4, la Ley precisa como compatibilidad con actividades privadas de los altos cargos 'la mera administraci¨®n del patrimonio personal o familiar'. El PSOE cree que esa posibilidad nada tiene que ver con el trabajo de Arias como apoderado y administrador en las sociedades agr¨ªcolas jerezanas Capa y Domecq Rivero.

El PSOE recuerda, en ese sentido, que el propio ministro consider¨® procedente inhibirse como titular de su departamento en la elevaci¨®n al Consejo de Ministros del Real Decreto sobre prototipo racial de la raza bovina de lidia, por considerarse incurso en una de las causas de incompatibilidad previstas en el art¨ªculo 2.3 de la citada ley 12/1995, como public¨® el BOE el pasado 26 de enero.

El portavoz del PSOE en el Congreso, Jes¨²s Caldera, exigi¨® al Gobierno que abra una investigaci¨®n sobre los negocios particulares de Arias Ca?ete. El portavoz de IU, Felipe Alcaraz, reclam¨® la dimisi¨®n del ministro. Arias Ca?ete pidi¨® telef¨®nicamente el lunes a la Inspecci¨®n de Servicios del Ministerio de Administraciones P¨²blicas que estudiase su declaraci¨®n de actividades (p¨²blica) y la de bienes e intereses (m¨¢s restringida), para aclarar si existe alg¨²n tipo de incompatibilidad con las sociedades en las que participa y que en su d¨ªa declar¨®.

PSOE e IU consideran que ya hay motivos para que el Gobierno abra la investigaci¨®n. Los socialistas apuntan incluso las posibles infracciones (ocultaci¨®n de datos) y sus correspondientes sanciones (de uno a 10 a?os de inhabilitaci¨®n).