El Gobierno aplaza la ley del Cesid hasta el relevo de Calder¨®n

Trillo-Figueroa confirm¨® ayer el en¨¦simo aplazamiento de la Ley del Servicio de Inteligencia, la eterna asignatura pendiente del PP, que su antecesor en el cargo, Eduardo Serra, ya tuvo que renunciar a sacar adelante en la anterior legislatura.

El previsto retiro de Calder¨®n en mayo pr¨®ximo parec¨ªa la oportunidad de oro para hacer coincidir el relevo con la aprobaci¨®n del nuevo marco legal. Para ello era necesario que el anteproyecto de ley, del que se han hecho varios borradores, se remitiera al Congreso al inicio de este periodo de sesiones. Sin embargo, el anuncio de que los contactos con las restantes fuerzas pol¨ªticas se iniciar¨¢n en mayo significa que, en el mejor de los casos, la ley no entrar¨¢ en las Cortes hasta pasado el verano.

Para esa fecha ya habr¨¢ un nuevo director del Cesid, que por primera vez en la historia ser¨¢ un civil, y algo tendr¨¢ que opinar el elegido en relaci¨®n a un texto legal que pretende regular todo un sistema de controles -administrativos, parlamentarios y judiciales- sobre las actividades del servicio secreto que vaya a dirigir.

Lo que est¨¢ claro a estas alturas es que Javier Calder¨®n, que ma?ana cumple 70 a?os, agotar¨¢ el plazo m¨¢ximo legal de permanencia en el cargo, sin pr¨®rroga posible, y que su sucesor ser¨¢ un civil. Aunque fuentes gubernamentales admiten a estas alturas que es irrelevante que el jefe del principal servicio secreto espa?ol sea civil o militar, la promesa ha sido tan reiterada p¨²blicamente que ya no admite marcha atr¨¢s. Tambi¨¦n est¨¢ claro que el Cesid depender¨¢ de La Moncloa, aunque falta por definir c¨®mo se articular¨¢ esta dependencia.

A Calder¨®n se le reconoce como m¨¦rito haber mantenido al Cesid al margen de la lucha partidista en la que se vio envuelto durante la ¨²ltima legislatura socialista, lo que tambi¨¦n debe agradecer a la actitud mantenida por el PSOE cuando ha estado en la oposici¨®n.

Sin embargo, sus ¨²ltimos meses al frente del centro no van a resultar f¨¢ciles. El 20 aniversario del 23-F ha servido de pretexto para algunos libros, inspirados en parte por varios de los agentes a los que expuls¨® cuando se hizo cargo del servicio secreto en 1996, que le implican directamente en la intentona golpista, aduciendo que era secretario general del Cesid en febrero de 1981.

Adem¨¢s, algunos de los esc¨¢ndalos que sacudieron al centro de inteligencia siguen coleando en los tribunales. El pr¨®ximo d¨ªa 27 se ver¨¢ en el Tribunal Supremo el recurso contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que conden¨® al ex director general del Cesid Emilio Alonso Manglano, al ex jefe de su Agrupaci¨®n Operativa, Juan Alberto Perote, y a varios agentes por el caso de las escuchas.

M¨¢s reciente es el caso del espionaje a la sede de HB en Vitoria, descubierto en marzo 1998. El juzgado de Vitoria que instruye la causa se dirigi¨® recientemente al Congreso para reclamar el acta de la comparecencia que el entonces ministro Eduardo Serra protagoniz¨® en la Comisi¨®n de Defensa el 21 de abril de 1998. Serra admiti¨® entonces que exist¨ªa en Vitoria una 'infrestructura t¨¦cnica del Cesid' y que su actuaci¨®n pod¨ªa tener 'apariencia de ilegalidad', pero defendi¨® que 'el complejo de apoyo a ETA' fuera uno de los 'objetivos informativos prioritarios' del servicio secreto.

Fuentes parlamentarias explicaron ayer que la Mesa del Congreso acord¨® en su reuni¨®n de la semana pasada, sin necesidad de debate, devolver el escrito al juzgado de Vitoria y no entregarle el acta solicitada, ya que no se hab¨ªa seguido el procedimiento institucional de relaci¨®n entre los jueces y el Parlamento: dirigirse al mismo a trav¨¦s del Tribunal Supremo. Las mismas fuentes indicaron que, si el juez sigue el procedimiento adecuado, probablemente se le entregar¨¢ el diario de sesiones de aquella comisi¨®n, pues no fue secreta, pero expresaron dudas sobre el valor que pueda tener como prueba en un proceso penal.

Fue precisamente el caso del espionaje a HB -en el que declar¨® como imputado el propio Calder¨®n- el que llev¨® al Gobierno a plantearse la necesidad de establecer un mecanismo de control judicial sobre las intervenciones telef¨®nicas y entradas en domicilio de los agentes del Cesid, que tendr¨ªan as¨ª cobertura legal para sus actuaciones. El primer anuncio de la nueva ley, que ahora se vuelve a demorar, lo hizo Serra en su citada comparecencia del 21 de abril, hace ya casi tres a?os.