La capital alavesa suscribe el segundo acuerdo en Euskadi para que grupos de presos realicen trabajos comunitarios
El Ayuntamiento de Vitoria e Instituciones Penitenciarias han sellado el segundo convenio firmado en Euskadi para que 20 presos cumplan penas de trabajo en beneficio de la comunidad como alternativa a condenas en prisi¨®n por delitos menores. El objetivo de este acuerdo es orientar la pena hacia un car¨¢cter reeducativo, posibilidad prevista en el nuevo C¨®digo Penal, pero que no ha tenido una gran relevancia en el Pa¨ªs Vasco ante la inexistencia de acuerdos entre las diferentes administraciones locales y el Ministerio de Interior. En concreto, s¨®lo existe el precedente del Ayuntamiento de Portugalete, que cuenta con cuatro plazas destinadas a este tipo de actividades para reclusos.
El consistorio vitoriano se coordinar¨¢ con los jueces y con el juzgado de Vigilancia Penitenciaria para que en los pr¨®ximos meses se ponga en pr¨¢ctica este convenio. Para ello ha dispuesto 20 plazas que no corresponden a puestos de plantilla 'ni supone un ahorro de personal para el Ayuntamiento', seg¨²n Alfonso Alonso, alcalde de la ciudad. Quince de las plazas son de jardinero, una de labores auxiliares en el laboratorio, otra m¨¢s en el centro de protecci¨®n animal, una en el centro de atenci¨®n a extranjer¨ªa y las dos restantes, en el departamento de Intervenci¨®n Social.
Alonso cree que esta alternativa debe servir al penado 'para reconciliarse con la comunidad y evitar una pena peor que le aporte menos desde el punto de vista educativo'. En toda Espa?a existen actualmente 369 ayuntamientos adheridos a este convenio y s¨®lo Portugalete dentro de la comunidad aut¨®noma vasca ha ofertado hasta el momento cuatro puestos de jardiner¨ªa.
Los jueces son los encargados de imponer estos trabajos como sustitutivos de penas privativas de libertad, y los encargados de llevar a cabo el seguimiento son los titulares de Vigilancia Penitenciaria.
El Ayuntamiento s¨®lo resuelve si la persona designada por el magistrado es apta para desarrollar la actividad correspondiente que se prolongar¨¢ durante el tiempo que determine el juez.
La legislaci¨®n prev¨¦ desde 1995 que, en casos de arrestos de fines de semana derivados de delitos menores, el reo pueda tener la alternativa de cumplir trabajos en beneficio de la comunidad.
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