El d¨¦ficit social

En un editorial reciente, este diario celebraba la entrada al nuevo milenio se?alando que Espa?a estaba hoy entre los pa¨ªses de mayor bienestar econ¨®mico y social del mundo. Escrib¨ªa que Espa?a 'se encuentra entre los pa¨ªses de m¨¢s baja mortalidad infantil, el tercero en cuanto a la esperanza de vida, la octava naci¨®n en PIB y el n¨²mero decimocuarto en la riqueza mejor repartida' (31 de diciembre de 2000). Este p¨¢rrafo representa una percepci¨®n complaciente del Estado de la naci¨®n que creo cuestionable. El lector me permitir¨¢ que aporte datos que contradicen esta sensaci¨®n de bienestar del pa¨ªs. Y comenzar¨¦ por la citada mortalidad infantil. Seg¨²n la Agencia de Informaci¨®n de Estad¨ªsticas de la Comisi¨®n Europea (Key Data on Health 2000. Eurostat), Espa?a tiene en realidad una de las mortalidades infantiles m¨¢s altas de la Uni¨®n Europea. Tras descender de una manera muy espectacular durante la d¨¦cada de los a?os ochenta y principios de los a?os noventa (pasando de 12,3 infantes muertos por cada mil nacidos vivos en 1980 a 5,5 en 1995), la tasa de mortalidad infantil no s¨®lo ha dejado de descender desde el a?o 1995, sino que incluso ha aumentado de 5,5 en 1995 a 5,7 en 1998, ¨²ltimo a?o en que Eurostat ha publicado datos comparativos para todos los pa¨ªses miembros de la UE. Mientras esta situaci¨®n ha ido ocurriendo en nuestro pa¨ªs, la mortalidad infantil de la mayor¨ªa de los pa¨ªses de la UE ha continuado descendiendo de manera que hoy Espa?a es uno de los pa¨ªses que tienen la mortalidad infantil m¨¢s elevada de la UE. No parece justificado, por lo tanto, el optimismo del editorial de EL PA?S. Una situaci¨®n semejante ocurre con la esperanza de vida que, aunque elevada, est¨¢ sufriendo una de las tasas de crecimiento m¨¢s bajas de la UE, lo cual debiera ser motivo de preocupaci¨®n. Referente a la distribuci¨®n de la riqueza y de la renta, los estudios m¨¢s rigurosos que se han realizado por el grupo de investigaci¨®n sobre desigualdades sociales en los pa¨ªses desarrollados m¨¢s respetado hoy en el mundo, el Luxembourg Income Study Group, muestran que Espa?a es uno de los pa¨ªses que tienen mayores desigualdades de riqueza y de renta en la UE y en la OCDE.

S¨ª que es cierta, en cambio, la observaci¨®n del editorial de EL PA?S que indica que Espa?a es la octava naci¨®n del mundo en PIB, reflejando un avanzado desarrollo econ¨®mico que no es correspondido, sin embargo, con un alto desarrollo social. De nuevo, los datos hablan por s¨ª mismos. Espa?a es uno de los pa¨ªses de la UE que se gasta menos fondos p¨²blicos en temas sociales. En total, el gasto social en Espa?a es s¨®lo un 20,6% del PIB (el promedio de la UE es un 27%), porcentaje que ha ido disminuyendo desde 1993, cuando era un 24%. Este descenso del porcentaje del PIB que se dedica al Estado de bienestar ha sido consecuencia de un mayor crecimiento econ¨®mico, con un crecimiento m¨¢s r¨¢pido del PIB, y tambi¨¦n de un descenso de la tasa de paro, con lo cual ha habido una disminuci¨®n del seguro p¨²blico de desempleo. Sin embargo, desde 1993, los gobiernos espa?oles no aprovecharon estas dos coyunturas favorables para aumentar el gasto social en Espa?a a fin de converger con el promedio del gasto p¨²blico social en la UE. En su lugar, tales gobiernos permitieron que el gasto social (como porcentaje del PIB) fuera disminuyendo, disminuci¨®n que ha sido particularmente acentuada en los ¨²ltimos a?os de la d¨¦cada de los a?os noventa. As¨ª, el gasto social p¨²blico per c¨¢pita de Espa?a pas¨® de ser tres veces menor en 1998 que el gasto social per c¨¢pita de los pa¨ªses con mayor sensibilidad social en la UE, Suecia, Noruega y Holanda a casi cuatro veces menor en 1999, ?y ello s¨®lo en un a?o! En lugar de converger socialmente con la UE, los gobiernos espa?oles han transferido estos fondos (que hubieran podido ayudarnos a cubrir los enormes d¨¦ficit sociales que tenemos en nuestro pa¨ªs) para cubrir el d¨¦ficit presupuestario p¨²blico espa?ol, objetivo primordial del Gobierno actual. La eliminaci¨®n del d¨¦ficit se ha hecho, as¨ª, a costa de aumentar el ya considerable d¨¦ficit social, el cual aparece en todas las dimensiones de nuestro Estado de bienestar. Veamos.

Comencemos por sanidad, donde el gasto p¨²blico sanitario, 5,8% del PIB, es mucho menor que el promedio de la UE, 7,4%. En realidad, este d¨¦ficit es incluso mayor, puesto que, resultado del enorme poder de la industria farmac¨¦utica, Espa?a es uno de los pa¨ªses de la UE que se gastan un porcentaje mayor del gasto sanitario p¨²blico en farmacia (el 20%). Si sustraemos este 20%, resulta que el gasto sanitario no farmac¨¦utico en Espa?a es 4,6% del PIB, el m¨¢s bajo de la UE (junto con Grecia). Esta escasez de recursos es una de las causas m¨¢s importantes de algunos de los problemas sanitarios m¨¢s preocupantes que tenemos en Espa?a, y que incluye desde largas listas de espera para intervenciones quir¨²rgicas de vida o muerte (de las m¨¢s largas de la UE) al escaso tiempo de visita en atenci¨®n primaria (de los m¨¢s cortos de la UE), resultado del excesivo n¨²mero de pacientes asignados a cada m¨¦dico. Espa?a es, por cierto, uno de los pa¨ªses que tienen un porcentaje mayor de personas que se quejan del escaso tiempo de visita en atenci¨®n primaria (78%, comparado con un 52% como promedio en la UE).

La dimensi¨®n sanitaria que goza de menos recursos, sin embargo, es la de salud p¨²blica, la parte menos desarrollada de nuestro sistema sanitario. Como consecuencia, Espa?a es uno de los pa¨ªses con mayor porcentaje de casos de sida, de adicci¨®n a las drogas, de tuberculosis, de enfermedades ven¨¦reas y de legionella, entre otras enfermedades infecciosas. La falta de recursos financieros se acompa?a frecuentemente con una laxitud por parte del Estado hacia sus responsabilidades normativas y sancionadoras, lo cual explica no s¨®lo la elevad¨ªsima fatalidad laboral y de accidentes de tr¨¢fico (de las m¨¢s altas de la UE), sino tambi¨¦n la falta de regulaci¨®n y control del agua, aire y alimento, que es bien conocida en la colectividad salubrista internacional, que no comparte la visi¨®n complaciente del establishment espa?ol. Ello explica que la Comisi¨®n de Expertos de la Comisi¨®n Europea en el tema de las vacas locas advirtiera que Espa?a y Portugal eran dos de los pa¨ªses con mayores riesgos de epidemia de tal enfermedad.

Otra dimensi¨®n del Estado de bienestar espa?ol que se caracteriza por su pobreza de recursos es la educaci¨®n. El gasto educativo p¨²blico es tambi¨¦n uno de los m¨¢s bajos de la UE. En educaci¨®n secundaria, por ejemplo, el gasto p¨²blico es s¨®lo el 40% del promedio de la UE, siendo uno de los pa¨ªses con mayor fracaso escolar. El gasto en formaci¨®n profesional y en universidades es tambi¨¦n de los m¨¢s bajos de la UE. Ib¨ªdem en cuanto a pensiones, donde nos gastamos el 8% del PIB, comparado con el promedio de la UE, 11%.

Ahora bien, donde las insuficiencias del Estado de bienestar son m¨¢s dram¨¢ticas es en los servicios de ayuda a las familias (tales como servicios domiciliarios a las personas ancianas y con discapacidades y escuelas para infantes), y ello ocurre en un pa¨ªs que ret¨®ricamente se refiere a las familias como el centro de la sociedad. Los datos, de nuevo, no confirman esta centralidad. S¨®lo el 1,4% de los ancianos espa?oles est¨¢ asistido por alg¨²n tipo de servicio domiciliario, comparados con 7% en Francia, 8% en Holanda y 9% en el Reino Unido. En pa¨ªses de mayor sensibilidad social, los porcentajes son incluso mucho m¨¢s altos: Suecia, 30%; Dinamarca, 20%, y Finlandia, 24%. Un retraso semejante ocurre en cuanto a infantes atendidos por escuelas p¨²blicas de infancia. S¨®lo el 2% de infantes en Espa?a est¨¢n cubiertos por escuelas p¨²blicas de infancia, comparados con 30% en B¨¦lgica, 23% en Francia, 21% en Finlandia, 48,2% en Dinamarca y 33% en Suecia. Una situaci¨®n semejante de deficiencias aparece en las prestaciones familiares.

Espero que el lector no haya quedado abrumado con tanto dato. Pero, como dir¨ªa mi maestro Gunnar Myrdal, estos datos son los indicadores de una realidad de penas y sufrimientos que afecta a millones de personas con nombres y apellidos, y que quedan afectados negativamente en su cotidianidad por este enorme d¨¦ficit social, de los m¨¢s acentuados en la UE. Gran n¨²mero de lectoras de este art¨ªculo sabe mejor que nadie la enorme sobrecarga que padecen las mujeres en Espa?a debido al subdesarrollo, por ejemplo, de los servicios de ayuda a las familias. Y los datos lo demuestran. Las mujeres espa?olas de 35 a 55 a?os tienen tres veces m¨¢s enfermedades debidas al estr¨¦s que el promedio nacional.

?Por qu¨¦ este subdesarrollo del sector p¨²blico social en nuestro pa¨ªs? Ello se debe, en parte, a la polarizaci¨®n social existente en Espa?a, lo cual explica que este d¨¦ficit -que afecta en gran manera a las capas populares- repercuta en menor medida en el 20% de la poblaci¨®n de renta superior, que incluye los sectores m¨¢s influyentes del pa¨ªs, que utilizan, por ejemplo, la sanidad y educaci¨®n privadas con mucha m¨¢s frecuencia que las clases populares, siendo ello una de las v¨¢lvulas de escape del sistema. Tal polarizaci¨®n social, sin embargo, no es ni eficiente ni tampoco beneficiosa para los que creen que al utilizar los servicios privados se a¨ªslan del resto de la sociedad, resolviendo su problem¨¢tica particular. En sanidad, por ejemplo, aun cuando el confort y la capacidad de elecci¨®n de la sanidad privada es, en general, mejor que en la p¨²blica, su infraestructura cient¨ªfica y t¨¦cnica es peor. Lo mismo ocurre en cuanto a la ense?anza privada. Los pa¨ªses que tienen mejores escuelas privadas son aquellos que tienen mejores escuelas p¨²blicas. Y viceversa, los pa¨ªses que tienen peores escuelas privadas -como Espa?a- son los que tienen escuelas p¨²blicas con menos recursos, como es el caso en nuestro pa¨ªs. Para estar por encima de los dem¨¢s no se necesita ser muy alto si la mayor¨ªa es muy baja. En realidad, lo que se necesita es un sistema sanitario y educativo ¨²nico, para todas las clases y estamentos sociales, estableciendo un Estado de bienestar en el que las clases medias, adem¨¢s de la clase trabajadora y otros sectores populares, se encuentren c¨®modas. Este principio es tambi¨¦n aplicable a los servicios de ayuda a la familia, a los que debieran tener acceso todas las familias, tanto las que viven en los barrios obreros como en los barrios de rentas medias y altas.

Ahora bien, para realizar estos derechos se requiere un aumento muy considerable del gasto social, alcanzando el promedio de la UE, lo cual exige un aumento de los ingresos al Estado, bien sea por v¨ªa recaudatoria, bien sea por aumento del d¨¦ficit. No puede proponerse -como hoy se est¨¢ proponiendo en Espa?a- alcanzar un d¨¦ficit cero, disminuir los impuestos y a la vez resolver el enorme d¨¦ficit social. De ah¨ª que la frase y filosof¨ªa de bajar impuestos (junto con la nueva ley aprobada por el Gobierno espa?ol que exige alcanzar un d¨¦ficit cero a todos los niveles de gobierno) entre en conflicto con la cobertura del enorme d¨¦ficit social. El desarrollo de esta pol¨ªtica de austeridad p¨²blica conlleva el compromiso de aportar fondos privados para subsanar el d¨¦ficit social. Pero ?c¨®mo alcanzaremos la convergencia de gasto social con la UE a base de cubrir el d¨¦ficit social con el gasto privado? ?Cubriremos, por ejemplo, el 60% que nos falta para alcanzar el gasto promedio p¨²blico de la escuela secundaria en la UE con gasto privado? Tales propuestas ignoran la imposibilidad hoy en d¨ªa de hacer una buena sanidad, una buena escuela, una buena universidad y unos buenos servicios de ayuda a la familia sin una financiaci¨®n predominantemente p¨²blica. Incluso EE UU, el punto de referencia m¨¢s importante para el pensamiento neoliberal, gasta m¨¢s p¨²blicamente en sanidad, escuelas y universidades, y en servicios domiciliarios, que Espa?a. S¨®lo en sanidad, por ejemplo, EE UU se gasta p¨²blicamente para atender a los ancianos el 7,4% del PIB, un porcentaje mucho mayor que el que Espa?a se gasta para toda la poblaci¨®n, 5,8%. El gasto privado puede y debe complementar el gasto p¨²blico, pero no puede sustituirlo. Hablar de mantener o reducir la ya muy escasa financiaci¨®n p¨²blica (requiriendo, adem¨¢s, por ley que se alcance un d¨¦ficit presupuestario cero, ley que ha sido rechazada incluso por el Congreso de EE UU) es condenar a Espa?a al d¨¦ficit y polarizaci¨®n social que hoy la caracterizan.

Vicen? Navarro es catedr¨¢tico de la Universidad Pompeu Fabra y autor del libro Globalizaci¨®n econ¨®mica, poder pol¨ªtico y Estado del bienestar.