Algunas puntualizaciones al debate sobre el futuro de las pensiones

El debate actual sobre el futuro de las pensiones parte de una premisa contrastada. De acuerdo con las tendencias demogr¨¢ficas actuales extrapoladas a 2050, el actual sistema de reparto ser¨ªa inviable financieramente, ya que la poblaci¨®n mayor de 65 a?os, que hoy representa el 26% de la poblaci¨®n en edad de trabajar (es decir, entre 16 y 64 a?os), podr¨ªa alcanzar m¨¢s del 60% de la misma en 2050, con lo que si actualmente hay 1,9 cotizantes por cada pensionista, en dicho a?o esta proporci¨®n podr¨ªa llegar a ser uno e incluso menor de uno y el sistema podr¨ªa incurrir en un d¨¦ficit creciente entre cotizaciones y prestaciones que en 2050 podr¨ªa alcanzar m¨¢s del 6% del PIB.

Como soluci¨®n a este problema, unos expertos proponen sustituir el sistema p¨²blico de reparto por otro p¨²blico de capitalizaci¨®n gestionado privadamente, similar al establecido en Chile hace 18 a?os, Argentina y M¨¦xico, m¨¢s recientemente, mientras que otros creen que el sistema de reparto no debe cambiarse y que hay que intentar hacerlo viable aunque sea asignando mayor presupuesto o reduciendo la prestaci¨®n.

Ser¨¢ mejor el sistema que aumente m¨¢s el crecimiento y el bienestar social

Personalmente no estoy de acuerdo con ninguna de las posturas. Prefiero una soluci¨®n mixta, para lo que considero necesario hacer una serie de puntualizaciones.

En primer lugar, la viabilidad del actual sistema de reparto se puede mejorar, aunque nunca asegurar, si se consigue que en los pr¨®ximos 50 a?os la econom¨ªa espa?ola tenga una tasa de crecimiento del PIB m¨¢s elevada. ?C¨®mo se consigue aumentar la producci¨®n y, por tanto, la renta disponible para el pago de las pensiones? Aumentando la oferta de trabajo y el n¨²mero de empleados y la productividad de cada uno. Para lo primero es preciso reducir el n¨²mero de pensionistas adecuando la edad de jubilaci¨®n al aumento de la esperanza de vida. Habr¨¢ que ir paulatinamente aumentando la edad de jubilaci¨®n hasta los 70 a?os, e incluso m¨¢s en el futuro, y adem¨¢s eliminar cualquier incentivo a la prejubilaci¨®n. En segundo lugar se debe aumentar el n¨²mero de personas activas, es decir, la proporci¨®n de cotizantes respecto de la de pensionistas. Para ello hay que profundizar en la reforma laboral, facilitando mucho m¨¢s el empleo a tiempo parcial, favoreciendo los contratos indefinidos con menores costes de despido y reduciendo los impuestos sobre el trabajo. Habr¨ªa que intentar pasar de una tasa de empleo del 58% de las personas en edad de trabajar a otra de m¨¢s del 70%. En tercer lugar se debe aumentar la inmigraci¨®n y, por tanto, los cotizantes, para lo que es necesaria una pol¨ªtica m¨¢s flexible. En los ¨²ltimos a?os, Espa?a est¨¢ acoge unos 30.000 inmigrantes/a?o y habr¨ªa que aumentarlos progresivamente para evitar que la poblaci¨®n en edad de trabajar disminuya, llegando a entradas anuales de m¨¢s de 300.000. Finalmente, aumentar la tasa de fecundidad a trav¨¦s de subvenciones mucho mayores por hijo y de mayores facilidades para ayuda dom¨¦stica. Se estima que en la UE un aumento de la oferta de trabajo del 10% aumentar¨ªa el PIB potencial a largo plazo un 7%.

La productividad se puede aumentar con m¨¢s inversiones en capital f¨ªsico (maquinaria, infraestructuras...), humano (educaci¨®n y formaci¨®n) y en tecnolog¨ªa (investigaci¨®n y desarrollo). Se ha calculado, para la UE, que un aumento del stock de capital f¨ªsico del 10% generar¨ªa un incremento del PIB del 3%. Lo mismo se puede decir del capital humano y la tecnolog¨ªa.

La clave est¨¢ en generar mayor producci¨®n y renta, ya que todos los ingresos para pagar las futuras pensiones provienen de la misma fuente: la renta de las familias y de las empresas. El sistema de reparto se financia por impuestos o contribuciones sobre los beneficios de las empresas y las rentas de las familias. El sistema de capitalizaci¨®n se financia con las rentas no consumidas tras pagar impuestos, es decir, con el ahorro. Es decir, todas las pensiones son pagadas con los frutos de la producci¨®n corriente y todos los sistemas son, en ¨²ltima instancia, de reparto.

En segundo lugar, se debe de plantear la bondad de uno u otro sistema. En principio, ser¨¢ mejor el sistema que aumente m¨¢s el crecimiento y el bienestar social y que sea m¨¢s barato y eficiente.

En los sistemas de reparto, la tasa de retorno es igual a la tasa de crecimiento real del empleo m¨¢s la tasa de crecimiento de los salarios reales medios (descontada la inflaci¨®n) que cotizan. Por el contrario, en los sistemas de capitalizaci¨®n la tasa de retorno es el rendimiento real de la inversi¨®n de los activos financieros acumulados. Siempre que el rendimiento real de la inversi¨®n financiera sea superior al crecimiento real del PIB o de la Renta Nacional, el sistema de capitalizaci¨®n ser¨ªa preferible. De hecho, esto es lo que ha pasado en los ¨²ltimos 20 a?os, con lo que, con un sistema de capitalizaci¨®n se hubieran podido pagar pensiones mucho m¨¢s elevadas.

Ahora bien, esto no tiene porqu¨¦ ocurrir indefinidamente, por varias razones. Primero, porque en este periodo los fondos de capitalizaci¨®n se han acumulado, por motivos demogr¨¢ficos, sin apenas prestaciones; los mercados se han liberalizado y los tipos de descuento han ca¨ªdo, aumentando la rentabilidad de las inversiones financieras. Sin embargo, en estos ¨²ltimos meses ha aumentado el coste del capital y se ha reducido su rendimiento, con lo que el PIB real ha empezado a crecer en mayor medida que el rendimiento real de la inversi¨®n.

Segundo, por una raz¨®n pol¨ªtica. Si los rendimientos del capital contin¨²an creciendo por encima del PIB mucho m¨¢s tiempo, los rendimientos del trabajo perder¨¢n cuota de participaci¨®n en el PIB frente a los beneficios y otras rentas del capital. Este hecho provocar¨¢ reacciones de los trabajadores que llevar¨¢n a mayores demandas salariales.Por esta causa, el reparto o distribuci¨®n 'funcional' del PIB entre el rendimiento del capital y del trabajo tiende a ser m¨¢s estable a largo plazo en los pa¨ªses desarrollados.

Tercero, existe una raz¨®n econ¨®mica. Si los rendimientos de los fondos de pensiones capitalizados superan el crecimiento del PIB, habr¨¢ un momento en que las disponibilidades l¨ªquidas monetarias ser¨¢n mucho mayores que los bienes y servicios disponibles, con lo que se generar¨¢ una mayor inflaci¨®n, que tender¨¢ a reducir su rendimiento real y su poder de compra, que es el que interesa al pensionista.

Sin embargo, para hacer una comparaci¨®n equitativa hay que tener en cuenta sus riesgos, su coste relativo y los de transici¨®n de pasar del sistema de reparto al de capitalizaci¨®n. En cuanto a riesgos, tanto el sistema de reparto como el de capitalizaci¨®n est¨¢n sujetos a 'choques' reales comunes como los demogr¨¢ficos o los macroecon¨®micos, que afectan al crecimiento; pero, adem¨¢s, los de reparto est¨¢n sujetos a riesgos pol¨ªticos (reducci¨®n de pensiones o aumento de cotizaciones) y los de capitalizaci¨®n a riesgos de gesti¨®n (por incompetencia o fraude) y de mercado (por volatilidad o hundimiento de las cotizaciones). ?stos significan que los trabajadores que se retiraron en diciembre de 1999 saldr¨¢n mejor parados que los que lo han hecho al final de 2000. Lo mismo ocurre con los que lo hicieron antes o despu¨¦s del hundimiento de las bolsas en la Gran Depresi¨®n o en octubre de 1987. Los pensionistas que salen perjudicados por tener rendimientos peores no s¨®lo protestar¨¢n frente a los gestores de los fondos, sino que pedir¨¢n al Estado que les compense. Si, por motivos pol¨ªticos, el Estado aceptara la reivindicaci¨®n, no s¨®lo se retornar¨ªa al reparto, sino que se generar¨ªa un problema de 'riesgo moral'. Si los part¨ªcipes de fondos saben que el Estado va a compensarles ahorrar¨¢n menos y pedir¨¢n inversiones m¨¢s especulativas y de mayor riesgo.

En cuanto a los costes relativos de ambos sistemas, la evidencia emp¨ªrica demuestra que los costes administrativos de la gesti¨®n de los fondos de capitalizaci¨®n son necesariamente m¨¢s elevados por su mayor complejidad. Se estima que en Estados Unidos suponen el 20% de una pensi¨®n acumulada a lo largo de 40 a?os, y en el Reino Unido, M¨¦xico y Chile llegan al 30% del valor de cada cuenta individual. Adem¨¢s, una parte de los costes de administraci¨®n son fijos y, por tanto, afectan m¨¢s a los fondos individuales m¨¢s peque?os. Por el contrario, el sistema de reparto es mucho m¨¢s sencillo de gestionar y tiene mayores econom¨ªas de escala, con lo que su coste tiende a ser menor (aunque tiene una mayor probabilidad de fraude por parte de los pensionistas, lo que aumenta su coste). Naturalmente, tener mayor capacidad de elecci¨®n y una gesti¨®n m¨¢s individualizada cuesta m¨¢s caro que asignar ingresos corrientes.

Finalmente, pasar de un sistema de reparto a otro de capitalizaci¨®n tiene costes, ya que exige que los cotizantes sigan contribuyendo al sistema de reparto para pagar las pensiones de los jubilados, mientras que, al tiempo, ahorren para contribuir a un fondo de capitalizaci¨®n personal para poder cobrar pensiones futuras. Es decir, si se toma la decisi¨®n de reemplazar uno por otro los trabajadores cotizantes salen perdiendo y los pensionistas, ganando. Ahora bien, si se contin¨²a con el sistema de reparto y ¨¦ste no es viable en el futuro, ocurrir¨¢ lo mismo, los pensionistas saldr¨¢n ganando, y los cotizantes, perdiendo. Lo l¨®gico es que esta falta de solidaridad intergeneracional tenga que resolverse de una forma equitativa por el Estado. En el caso de Chile, el Estado contribuy¨® a capitalizar la transici¨®n con un fuerte aumento de su deuda, que era m¨ªnima, con lo que ayud¨® a resolver temporalmente el problema, ya que lo que hizo es adelantar el dinero a la generaci¨®n cotizante actual a cambio de trasladar el problema de pagar la deuda y sus intereses a ¨¦sta y a otras generaciones futuras. Argentina financi¨® la transici¨®n con ingresos de las privatizaciones, lo que equivale a lo mismo, ya que al privatizar vende un activo al valor presente del flujo descontado de ingresos futuros, que habr¨¢ que sustituirlos con otros ingresos o con mayores impuestos sobre ¨¦sta o futuras generaciones.

Esos ejemplos no son f¨¢cilmente aplicables a los pa¨ªses europeos. Primero, porque, a pesar de los ingresos obtenidos por las privatizaciones, tienen un endeudamiento medio de m¨¢s del 60% del PIB y el Pacto de Estabilidad les obliga a reducirlo. Segundo, porque los niveles medios de las prestaciones son mucho m¨¢s elevados que en Latinoam¨¦rica, y tercero, porque las estructuras demogr¨¢ficas son las contrarias a Chile, Argentina o M¨¦xico, donde la poblaci¨®n en edad de trabajar es much¨ªsimo mayor y la mayor de 65 a?os es much¨ªsimo menor que en Europa, con lo que el coste de transici¨®n ser¨ªa mucho m¨¢s elevado.

En definitiva, si se tienen en cuenta los costes de transici¨®n, los riesgos y los costes de administraci¨®n, las tasas netas de retorno hist¨®rico tender¨ªan a ser m¨¢s similares, aunque en un caso, adem¨¢s de la rentabilidad, existe un fondo tangible de activos y en el otro no, lo que hace m¨¢s atractiva la alternativa de capitalizaci¨®n.

Finalmente, el argumento de mayor peso para optar por el sistema de capitalizaci¨®n es que el de reparto tiende a reducir el ahorro privado nacional mientras que el de capitalizaci¨®n tiende a aumentarlo y, por tanto, puede estimular m¨¢s el crecimiento a largo plazo y el bienestar de los ciudadanos. Ahora bien, hay que matizar este argumento. Primero, porque el aumento del ahorro se da durante la acumulaci¨®n del fondo; posteriormente, el ahorro como contribuyente tiende a igualar el desahorro como pensionista. Segundo, porque el ahorro depender¨¢ de si el aumento del ahorro obligatorio es compensado o no por un desahorro voluntario. Tercero, porque para que tenga un efecto en el crecimiento tiene que traducirse en m¨¢s y mejor inversi¨®n, y finalmente, tiene que contribuir a un mayor y mejor sistema financiero.

Estas premisas se han dado con ¨¦xito en Estados Unidos y en el Reino Unido y, en menor medida, en Chile, lo que hace que la experiencia avale las ventajas del sistema de capitalizaci¨®n, sin que en todo caso sea una panacea.

A la vista de estos argumentos, probablemente la mejor soluci¨®n sea buscar una alternativa mixta, con un sistema p¨²blico y obligatorio de reparto para atender a unas pensiones b¨¢sicas, otro obligatorio y p¨²blico de capitalizaci¨®n, gestionado privadamente, para complementar el primero y, finalmente, otro voluntario y privado de capitalizaci¨®n y gesti¨®n privada, como el que ya existe en Espa?a, con los planes de empleo e individuales.

Guillermo de la Dehesa es presidente del CEPR (Centre for Economic Policy Research).