La cuesti¨®n de Estado

El funcionamiento adecuado y razonable de la Justicia no es una m¨¢s de las cuestiones que han de ser abordadas cuanto antes en nuestro pa¨ªs. Es una cuesti¨®n de Estado y una cuesti¨®n m¨¢s importante que muchas otras, m¨¢s importante que lo pueda ser, por ejemplo, el problema vasco o los malos tratos a la mujer. Sin restarle ni un ¨¢pice de su relevancia a cuestiones como ¨¦sas, la condici¨®n de atrofia de la administraci¨®n de justicia en Espa?a es una amenaza latente que puede determinar por s¨ª sola hasta el fracaso del orden constitucional democr¨¢tico. Y es adem¨¢s una cuesti¨®n que suele estar en el trasfondo de la mayor¨ªa de esos otros graves problemas. Porque la soluci¨®n judicial de los conflictos es algo que forma parte de los fundamentos mismos de la comunidad pol¨ªtica moderna. As¨ª lo expresaba Hobbes en 1651: '... sin la decisi¨®n de controversias no hay protecci¨®n de un s¨²bdito frente a las injurias de otro; las leyes concernientes al meum y al tuum son vanas, y en cada hombre permanece... el derecho de protegerse a s¨ª mismo mediante su fuerza privada... cosa contraria al fin para el que se instituye toda rep¨²blica'. Y no se trata s¨®lo de la tradici¨®n pol¨ªtica autoritaria que ha podido verse en el Leviathan hobbesiano. El pensamiento liberal coincide en esto plenamente con ¨¦l. V¨¦ase si no lo que escribe s¨®lo cuarenta a?os despu¨¦s John Locke: '... all¨ª donde haya dos hombres que no tengan una regla establecida y un juez com¨²n al que apelar en esta tierra para la determinaci¨®n de las controversias sobre su derecho, esos hombres est¨¢n todav¨ªa en el estado de naturaleza y bajo todos los inconvenientes que ello lleva consigo'. Hace ya demasiados a?os que se est¨¢ oyendo hablar del problema en Espa?a en unos t¨¦rminos que s¨®lo pueden conducir a un corolario: la administraci¨®n de justicia avanza poco a poco hacia una situaci¨®n parecida a ¨¦sa. Se vienen utilizando usualmente circunloquios y pa?os calientes con el loable prop¨®sito de no herir a los jueces que trabajan en ella; se acude a matices y se acuerdan excepciones, pero el fondo del asunto es algo que nadie tiene ya fuerza moral para negar. El atasco en algunos ¨®rdenes jurisdiccionales es ya letal, la tardanza media en resolver la mayor¨ªa de los casos viola todas las recomendaciones de la m¨¢s roma prudencia y la posibilidad de predecir el resultado de un litigio es pura y simplemente ilusoria. Se nos dice adem¨¢s que los jueces y magistrados est¨¢n tan sobrecargados de trabajo que les resulta imposible pensar en tomar sus decisiones con el m¨ªnimo exigible de calidad t¨¦cnica. Los abogados afirman que no se pueden hacer escritos largos porque simplemente los jueces no los van a leer, y la improvisaci¨®n y el esquematismo se est¨¢n adue?ando de la aplicaci¨®n del derecho. Como muestra de ello, cualquier despacho dispone de un amplio surtido de resoluciones y sentencias que podr¨ªan ir a engrosar la antolog¨ªa del disparate. Y nadie se arriesga ya a augurar el destino de un asunto porque tal cosa pertenece a los m¨¢s escondidos arcanos. As¨ª est¨¢n las cosas. Y como consecuencia de ello la conclusi¨®n no puede ser m¨¢s que una: si no fuera porque la inmensa mayor¨ªa de los ciudadanos cumple espont¨¢neamente el derecho estar¨ªamos al borde del Estado de Naturaleza. Si por alguna circunstancia hist¨®rica insospechada se debilitara la deferencia maquinal hacia las leyes empezar¨ªan a aparecer los mecanismos de la justicia privada, es decir, la deslegitimaci¨®n del orden jur¨ªdico.

Esta patolog¨ªa ¨²nicamente parece corregirse en casos excepcionales cuando es anulada por otra patolog¨ªa distinta: cuando los medios de comunicaci¨®n se concentran en el seguimiento de un procedimiento judicial y montan un juicio paralelo a ¨¦l, cosa que algunos hacen con lamentable frecuencia, la administraci¨®n de justicia tiende a desperezarse, agilizar sus tr¨¢mites y pensar en la calidad del fallo. El precio al que eso se hace no lo sabemos, pero no falta quien avise que tanto estrellato y tanto juicio de conveniencias no hace sino empeorar todav¨ªa m¨¢s la situaci¨®n de los otros pleitos an¨®nimos que aguardan desde tiempo inmemorial su turno en los juzgados y tribunales.

Lo que m¨¢s sorprende de todo esto es que no se valore la importancia que tiene esta situaci¨®n para la vida econ¨®mica y social cotidiana y que no se establezca la directa relaci¨®n de causa efecto que semejante ataraxia tiene con muchos de los problemas que padecemos. Todos los d¨ªas aparecen en los medios problemas serios en cuyo trasfondo est¨¢ agazapado el desastroso funcionamiento de la justicia. Un ejemplo de estos d¨ªas: el grave problema de la falta de vivienda convive con la existencia de miles de pisos vac¨ªos sin alquilar. Evidentemente. Si se tarda un promedio de diez meses en desahuciar a quien no paga, la gente tiende a no alquilar, y cualquiera que alquile se rodea de precauciones porque se expone a perder la renta de casi un a?o. Ya va siendo hora de que algunos economistas nos pongan en la pista de lo que estas cosas significan para el funcionamiento del sistema econ¨®mico. Incluso del sistema econ¨®mico paleoliberal hacia el que avanzamos. Habr¨ªa que recordarles a muchos que para Adam Smith nada menos que el segundo deber del soberano era precisamente 'establecer una administraci¨®n exacta de la justicia'. Ahora se habla mucho de tendencias presuntamente modernas hacia la decisi¨®n extraprocesal de los conflictos y la soluci¨®n alternativa de las disputas, pero quienes no tienen poder suficiente de represalia econ¨®mica s¨®lo tienen un valedor posible: el juez. Y si el juez no existe o llega demasiado tarde, entonces su ¨²nica seguridad es continuar urdiendo el viejo tejido hispano de las artes del p¨ªcaro, una malla espesa que obstaculiza la modernizaci¨®n, embaza las ruedas de la eficiencia econ¨®mica y acaba perjudicando hasta a los mismos granujas que viven de ella.

No creo necesario aportar aqu¨ª testimonios especiales de esa realidad. En todas las aperturas del a?o judicial es ya cl¨¢usula de estilo lamentar la situaci¨®n y hacer p¨²blicas las carencias. Sabemos ya que la jurisdicci¨®n constitucional est¨¢ a punto de quedar embotada por el empleo sistem¨¢tico del recurso de amparo. Y lo que se dice del orden contencioso-administrtivo no puede sino llevar directamente a la conclusi¨®n de que en este pa¨ªs los actos de la Administraci¨®n s¨®lo est¨¢n realmente controlados por la ley debido al buen oficio de los funcionarios que los preparan. En otro orden de cosas, cuando nos enteramos de lo que uno ha podido estar aqu¨ª en prisi¨®n preventiva se nos ponen los pelos de punta, pero los que esperan fuera tampoco se libran del todo: un d¨ªa s¨ª y otro tambi¨¦n alg¨²n individuo tiene que empezar a cumplir su condena tres o cuatro a?os despu¨¦s de haber cambiado de vida y haberse reeducado y reinsertado. Y por lo que respecta a los procedimientos en que se cuida la fluidez del intercambio econ¨®mico, las cosas no van mucho mejor. S¨®lo hay que hablar con quienes tienen alguna deuda econ¨®mica o un asunto patrimonial pendiente de una decisi¨®n judicial. La demora puede ser tan grande que todos sabemos ya que casi trae m¨¢s cuenta no pagar y esperar a que te demanden. Por eso ha tenido tanto eco esa figura pat¨¦tica y tercermundista del cobrador del frac, que no es m¨¢s que una triste met¨¢fora del fracaso de la justicia. Hasta los documentos que se entregan en los juzgados y tribunales a efectos probatorios parecen caer en una suerte de agujero negro del que tardan a?os en volver a salir. Yo he conocido gente que ha tenido que hacer segundas copias en las notar¨ªas para poder seguir utilizando t¨ªtulos de propiedad trabados por la oscura maquinaria.

Y mientras los problemas de fondo se tratan con la debida inanidad y somnolencia estamos todos los d¨ªas d¨¢ndole vueltas a los aspectos m¨¢s peregrinos del asunto: que si Consejo s¨ª, que si Consejo no, que si elecci¨®n parlamentaria o elecci¨®n profesional, que la asociaci¨®n de ¨¦stos o la asociaci¨®n de aqu¨¦llos, que si la vuelta a la carrera antes o despu¨¦s... Nuestros insignes representantes actuales se han pasado a?os manoseando pol¨ªticamente al poder judicial. A la hora de gobernar, naturalmente, las cosas cambian. Ya no son tan urgentes las perentorias exigencias de anta?o. Tras alentar y premiar la facundia desvergonzada, la politizaci¨®n y el estrellato han dejado a la mayor¨ªa de los jueces y magistrados verdaderamente profesionales como estaban o peor que estaban. La primera ministra de Justicia de la democracia no ha hecho sino callar y ceder a los intereses m¨¢s rancios de nuestra judicatura. Esperemos que en su sucesor aliente al menos la intenci¨®n de no hacer un papel tan insignificante.

La primera tentaci¨®n a que han sucumbido muchos es la de ir enseguida a la b¨²squeda de alg¨²n culpable mayor: el gobierno de turno, la 'clase pol¨ªtica' o los jueces perezosos. Pero esto no hace sino incrementar la dificultad del problema. Para producir una sicuaci¨®n tan grave como ¨¦sta se unen una multitud de factores hist¨®ricos, pol¨ªticos, econ¨®micos y sociales demasiado compleja como para montar un juicio sumar¨ªsimo o una caza de brujas. Es algo imposible de aprehender con apresuramientos y simplismos. Enseguida se le ocurren a cualquiera causas tales como las carencias econ¨®micas de la oficina judicial, la exigua dotaci¨®n no s¨®lo de jueces sino de todo tipo de personal capacitado, el crecimiento exponencial del acceso a la justicia, la complejidad de los recursos y lo tupido de la red de garant¨ªas, la vetustez de nuestras leyes procesales, la morosidad en la selecci¨®n de nuevos jueces, la impotencia de los colegios de abogados frente al enredador y al querulante, la crisis de las facultades de Derecho, la falta de una actitud seria ante la temeridad, la parva incorporaci¨®n de las nuevas tecnolog¨ªas, la escandalosa falta de calidad y control del producto legislativo que sale de las Cortes, la inestabilidad de las leyes, la carencia de educaci¨®n jur¨ªdica del ciudadano medio o incluso la moda de algunas teor¨ªas jur¨ªdicas. Y seguro que en esa lista ni est¨¢n todas ni est¨¢n algunas de las causas m¨¢s importantes. Habr¨¢ m¨¢s, entretejidas con ellas y casi imposibles de discernir. Entre todas conforman un estado de cosas que precisamente por ello no es un problema m¨¢s de los que tenemos entre manos un a?o s¨ª y otro tambi¨¦n, sino una aut¨¦ntica cuesti¨®n de Estado en el m¨¢s preciso sentido de la palabra. Algo, por tanto, no destinado a los magros y partidistas quehaceres de un gobierno de cuatro a?os, cualquiera que sea su persuasi¨®n. Algo que exije, y lo exije ya, un verdadero esfuerzo nacional, casi del mismo alcance que la elaboraci¨®n de la propia Constituci¨®n.

Francisco J. Laporta es catedr¨¢tico de Filosof¨ªa del Derecho de la UAM.