El fiscal pide dos a?os a las due?as de una discoteca por los ruidos

Las propietarias de la discoteca Jardines del Real de Valencia se sentaron ayer en el banquillo acusadas de un delito contra el medio ambiente por el que el fiscal pide dos a?os de prisi¨®n. El fiscal considera que el local registr¨® altos niveles de contaminaci¨®n ac¨²stica causando graves problemas de salud a los vecinos. La obstinaci¨®n y una cierta prepotencia frente a las reclamaciones administrativas del Ayuntamiento de Valencia por parte de Estefan¨ªa Pitarch y Samantha Prat, propietarias de la discoteca, ha acabado con ambas ante el juez.

Seg¨²n el relato del fiscal, desde 1996 hasta 1998 las acusadas vinieron desarrollando su actividad empresarial sin respetar las limitaciones sonoras establecidas por el Ayuntamiento, sometiendo a los vecinos del n¨²mero 13 de la plaza de la Legi¨®n Espa?ola, donde se ubica la discoteca, a 'un r¨¦gimen constante de ruidos elevados hasta altas horas de la madrugada, increment¨¢ndose en los per¨ªodos de descanso de fines de semana, lo que les ha ocasionado a una parte de ellos afectaciones en su salud consistentes en s¨ªndromes de ansiedad, cefaleas e insomnio'.

Hasta cinco veces entre 1997 y 1999 pudieron comprobar los t¨¦cnicos municipales que la discoteca sobrepasaba los l¨ªmites ac¨²sticos permitidos, por lo que el Ayuntamiento procedi¨® a instalar un aparato medidor de decibelios capaz de interrumpir la m¨²sica en caso de sobrepasar los niveles permitidos. Una nueva inspecci¨®n el 15 de marzo de 1999 determin¨® que personal de la discoteca hab¨ªa manipulado el aparato. Durante el juicio, Estefan¨ªa Pitarch asegur¨® que 'el disc jockey de la discoteca recubri¨® de algodones el aparato, sin mi permiso, porque le provocaba problemas t¨¦cnicos al cambiar de CD a discos'. Una de las acusaciones record¨® a las acusadas que en 1996 la discoteca lleg¨® a ser expedientada por incumplimiento de horario durante siete ocasiones, y que ten¨ªa contabilizados 16 expedientes provocados por molestias a los vecinos. En su escrito, el fiscal, entiende que 'el exceso de ruido en el interior de las viviendas es nocivo para la salud de las personas, generando alteraciones en la audici¨®n y en el sue?o, estr¨¦s, dolor, cefaleas y malestar'.