La Ley de Extranjer¨ªa: el Constitucional debe decidir

En los ¨²ltimos dos a?os hemos visto c¨®mo el tema de la inmigraci¨®n ha pasado a formar parte de ese reducido grupo de asuntos que centran permanentemente el debate pol¨ªtico y medi¨¢tico de primer nivel. Es bien conocido que la modificaci¨®n de la antigua Ley de Extranjer¨ªa llevada a cabo por el PP es altamente pol¨¦mica. Y tambi¨¦n es p¨²blico y notorio que partidos pol¨ªticos, medios de comunicaci¨®n, comunidades aut¨®nomas e instituciones como el Defensor del Pueblo andan en las ¨²ltimas semanas especialmente ocupados en este tema. Sin embargo, desde Izquierda Unida tenemos la impresi¨®n de que con demasiada frecuencia nos perdemos en pol¨¦micas menores o desenfocadas no atacando la esencia de este tema.

En primer lugar, es necesario poner de relieve que la inmigraci¨®n no es un problema para Espa?a. M¨¢s bien al contrario, es un s¨ªntoma de desarrollo econ¨®mico. A nadie se le oculta que Espa?a ha recorrido un largo camino en el tr¨¢nsito de pa¨ªs que produc¨ªa emigrantes a pa¨ªs que recibe inmigrantes. Por lo tanto, es necesario enfatizar que los inmigrantes no son un problema, sino la soluci¨®n a una necesidad econ¨®mica. Determinados trabajos no son queridos por los espa?oles, y los empresarios deben recurrir a mano de obra extranjera. Y comoquiera que son muchos los pa¨ªses del llamado Sur que expulsan a sus nacionales a trav¨¦s de su pobreza y su injusticia, ¨¦stos acaban viviendo y trabajando tanto en Espa?a como en el resto de Europa. Dicho lo anterior, es urgente que Espa?a, como Estado pero tambi¨¦n como sociedad, organice los flujos migratorios futuros y regularice la situaci¨®n de los inmigrantes que ya viven, trabajan y producen riqueza en nuestro pa¨ªs.

Desde nuestro punto de vista, la mejor forma de afrontar este gran reto es aquella que incida en medidas tendentes a integrar a los inmigrantes que viven o puedan vivir en el futuro en Espa?a. Para hablar con total claridad, la respuesta a este fen¨®meno debe ser social y no meramente policial, como pretende el PP con la nueva Ley de Extranjer¨ªa. Se nos replicar¨¢ a las gentes que estamos en contra de la Ley 8/2000 que esta norma goza del respaldo de la mayor¨ªa parlamentaria que la aprob¨® y con el impulso decidido de un Gobierno con mayor¨ªa absoluta reci¨¦n salido de las urnas. Sin embargo, en una democracia constitucional hay cosas que ni un Gobierno en mayor¨ªa absoluta puede hacer. Nuestra Constituci¨®n marca unas determinadas reglas de juego para organizar la convivencia, vertebrar el libre juego pol¨ªtico y tutelar una serie de derechos y libertades a la ciudadan¨ªa. Pues bien, ¨¦sta es una l¨ªnea que ha sido traspasada por el PP con su nueva Ley de Extranjer¨ªa.

No quiero ser excesivamente c¨¢ustico, pero creo necesario, en este punto, recordar que una de las consecuencias fundamentales del fascismo en la escena jur¨ªdica europea fue la de crear una amplia conciencia favorable a no distinguir entre ciudadanos (nacionales de un Estado) y seres humanos en lo tocante a determinados derechos humanos. Los a?os posteriores a la Segunda Guerra Mundial supusieron un abandono de los postulados jur¨ªdicos hiperformalistas kelsenianos y un rebrote del iusnaturalismo y del humanismo internacionalista, de tal suerte que las constituciones que vieron la luz en Europa a partir de la d¨¦cada de los cincuenta siempre han garantizado una esfera de derechos y libertades para toda persona en virtud de su consustancial dignidad humana. Hay derechos de los que ning¨²n ser humano puede ser privado por ning¨²n Gobierno democr¨¢tico. Nuestra Constituci¨®n es tambi¨¦n heredera de esta conciencia y, a trav¨¦s de sus art¨ªculos 10 y 13, garantiza a todo ser humano el respeto de una serie de derechos tutelados por el derecho internacional y, desde 1978, tambi¨¦n por el derecho espa?ol. En resumen, la Constituci¨®n Espa?ola crea dos grandes esferas de derechos y libertades: una vinculada a la condici¨®n de ser humano compuesta por derechos de tipo civil para los extranjeros y otra vinculada a la ciudadan¨ªa espa?ola que, adem¨¢s de comprender los derechos anteriores, incluye tambi¨¦n derechos de tipo pol¨ªtico y social para los espa?oles. Esta summa divisio en materia de derechos humanos ha sido avalada en infinidad de ocasiones por el Tribunal Constitucional al entender que la lectura conjunta de los art¨ªculos 10 y 13 de nuestra Carta Magna dan como resultado un acervo de derechos humanos propios de todos y cada uno de los seres humanos que se encuentren en Espa?a, sean ¨¦stos de la nacionalidad que sean. Pues bien, ¨¦sa es la l¨ªnea que el PP ha decidido cruzar. El Gobierno y su Grupo Parlamentario han decidido privar a los extranjeros no comunitarios cuya situaci¨®n administrativa no est¨¦ plenamente regularizada de una serie de derechos que ¨¦stos deben inexcusablemente tener (reuni¨®n, asociaci¨®n, libertad de sindicaci¨®n, educaci¨®n, intimidad familiar y un largo etc¨¦tera).

Ante esta situaci¨®n, y una vez que se ha comprobado que quien no est¨¢ a la altura de las circunstancias es el Gobierno del PP, es necesario demandar del resto de actores de la democracia espa?ola que cumplan su papel ante este brutal ataque a la propia dignidad humana. A mi modo de ver, sindicatos, ONG, asociaciones, gran parte de los medios de comunicaci¨®n y la Iglesia cat¨®lica est¨¢n a la altura de las circunstancias. Determinados partidos pol¨ªticos tambi¨¦n est¨¢n por la labor de llevar la Ley de Extranjer¨ªa ante el Tribunal Constitucional para que ¨¦ste depure el ordenamiento jur¨ªdico espa?ol y restituya a los inmigrantes los derechos que les garantizan la Constituci¨®n y el derecho internacional ratificado por Espa?a. A estos efectos, Izquierda Unida est¨¢ promoviendo la firma por parte de 50 diputados o senadores de un recurso de inconstitucionalidad contra esta ley. Tambi¨¦n es conocido que determinadas comunidades aut¨®nomas est¨¢n realizando gestiones tendentes al mismo fin. Y no es menos conocido que el Defensor del Pueblo tiene encima de su mesa decenas de peticiones de impugnaci¨®n de la referida norma.

No pretendo entrar en pol¨¦micas ni con otros partidos de la izquierda plural espa?ola ni con el Defensor del Pueblo, nada m¨¢s lejos de mi intenci¨®n. Pero s¨ª que creo que es necesario decir alto y claro que el Tribunal Constitucional debe poder decidir sobre la constitucionalidad de la nueva Ley de Extranjer¨ªa. No tenemos ni la m¨¢s m¨ªnima duda sobre cu¨¢l ser¨ªa el veredicto del Alto Tribunal, dado que son muchos los a?os y las sentencias de intachable ejecutoria a favor de los derechos humanos y ciudadanos los que le avalan. Y, en fin, tampoco tenemos ninguna duda de que los partidos pol¨ªticos de la izquierda plural espa?ola, las comunidades aut¨®nomas y especialmente el Defensor del Pueblo estar¨¢n a la altura de las circunstancias y conseguir¨¢n que el Tribunal Constitucional declare la inconstitucionalidad de la ya funestamente c¨¦lebre Ley 8/2000.

Una ¨²ltima matizaci¨®n para malpensados. Llevar la Ley de Extranjer¨ªa ante el Tribunal Constitucional es necesario, e Izquierda Unida contribuir¨¢ a ello en la medida de sus posibilidades. Pero el objetivo no es provocar un rev¨¦s pol¨ªtico del Gobierno del PP, sino proteger la intr¨ªnseca dignidad humana de los inmigrantes y la adecuada protecci¨®n jur¨ªdica de la misma. Sin perder de vista en ning¨²n momento que en un asunto tan importante para la Espa?a del siglo XXI como es el de la inmigraci¨®n es imprescindible aplicar una ¨®ptica pol¨ªtica y jur¨ªdica m¨¢s consensual, social e integradora y menos impositiva, policial y represiva que la instrumentada hasta ahora por el Gobierno del PP.

Gaspar Llamazares Trigo es coordinador general de Izquierda Unida.