La UE solicita al Gobierno espa?ol que investigue el uso indebido de fondos para formaci¨®n en Galicia
Los servicios de la Direcci¨®n General de Empleo de la Comisi¨®n Europea reaccionaron ayer ante la presunta desviaci¨®n de fondos p¨²blicos destinados a la formaci¨®n de parados en Galicia y enviaron una primera carta a la unidad administradora del Fondo Social Europeo (FSE) en Espa?a. En la carta se exige que se pongan en marcha los mecanismos adecuados para aclarar el supuesto fraude. Bruselas quiere saber en concreto si esas irregularidades afectan a fondos comunitarios. Si as¨ª se demuestra, Bruselas bloquear¨¢ las ayudas pendientes, como lo hizo en el caso Pallarols y en 1996 con el Forcem.
La carta que sali¨® ayer desde Bruselas es similar a la enviada a primeros de mes a las autoridades espa?olas sobre la presunta gesti¨®n irregular de los fondos adjudicados al Instituto Municipal de Empleo de la Comunidad de Madrid para cursos en las prisiones, que todav¨ªa no ha tenido respuesta.
Los servicios de la comisaria europea de Empleo, Anna Diamantopoulou, quieren informaci¨®n precisa sobre las posibles irregularidades detectadas y lo antes posible. La Comisi¨®n Europea recuerda a las autoridades espa?olas que est¨¢n obligadas a 'informar de inmediato en el momento en el que tienen sospechas de la gesti¨®n irregular de fondos europeos'. La unidad administradora del FSE tiene que verificar si estas nuevas actuaciones irregulares afectan a programas cofinanciados por la UE. Si es as¨ª, Bruselas proceder¨¢ a bloquear la asistencia comunitaria y pedir¨¢ la devoluci¨®n de los fondos defraudados.
Bruselas no descart¨® que se est¨¦n produciendo 'fallos' en los sistemas de gesti¨®n de la unidad central de administraci¨®n del FSE ante los casos que est¨¢n surgiendo, aunque de momento prefieren no pensar en un problema generalizado en toda Espa?a.
La Comisi¨®n Europea decidi¨® actuar de inmediato porque todav¨ªa tiene muy presente el caso Pallarols en Catalu?a, del que permanecen bloqueados a¨²n seis millones de euros del FSE que fueron cofinanciados por la Generalitat entre 1994 y 1999. Bruselas todav¨ªa no tiene garant¨ªas de las autoridades espa?olas de que los fondos se destinaron a la formaci¨®n de parados.
Por su parte, la Xunta admiti¨® ayer la existencia de 'posibles irregularidades' en la gesti¨®n de los fondos de empleo por parte de la Confederaci¨®n de Empresarios de Galicia (CEG). El Gobierno gallego asegura que los hechos ya fueron puestos en conocimiento de la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo y del Ministerio de Trabajo, las entidades de donde proced¨ªa el dinero gestionado por la patronal para los cursillos de formaci¨®n.
La Consejer¨ªa de Familia y Promoci¨®n de Empleo de la Xunta inform¨® ayer en una nota que ya ha podido comprobar que todos los cursillos encargados a la CEG se realizaron y sus profesores cobraron los salarios. De ah¨ª que las 'posibles irregularidades', seg¨²n la Xunta, 'se concentrar¨ªan en los gastos de funcionamiento de algunos cursos, y, a¨²n dentro de ¨¦stos, afectar¨ªan s¨®lo a alg¨²n proveedor concreto y, en todo caso, a los gestores de la CEG en su centro de Santiago'.
Este peri¨®dico ha podido comprobar que en los registros de la patronal se hicieron constar facturas falsas o duplicadas a nombre de al menos tres empresas de Santiago y otra de A Coru?a, proveedoras habituales de la organizaci¨®n. Con esas facturas, se justificaban gastos en material para los cursillos que en realidad correspond¨ªan a actividades particulares de la CEG, como congresos, anuncios y publicaciones. En el caso de las tres empresas de Santiago, su administrador, Jos¨¦ Lorenzo, ten¨ªa una estrecha relaci¨®n personal con el ex secretario general de la CEG, Rafael S¨¢nchez Sostre.
El Gobierno gallego abri¨® una investigaci¨®n el pasado noviembre. Los interventores de la Xunta est¨¢n analizando ahora la contabilidad. Como 'medida preventiva', el Gobierno gallego ha retenido 103 millones de pesetas que correspond¨ªan a la CEG en 2000, 'sin perjuicio', apunta la nota, 'de otras actuaciones que podr¨ªan resultar de las investigaciones'. El PSOE tambi¨¦n ha pedido que una comisi¨®n del Parlamento auton¨®mico indague el asunto.
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